Regulador colombiano abre investigación contra Rappi y le ordena cumplir normas de comercio electrónico

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ordenó este jueves a la aplicación de entregas Rappi cumplir con las normas de comercio electrónico, al considerar que es una compañía que presta servicios más allá del simple contacto entre clientes y proveedores, mientras que abrió una investigación por cientos de quejas de usuarios.

La colombiana Rappi se autodefine como una aplicación de entrega multipropósito, a través de la que es posible comprar cualquier tipo de productos de diferentes categorías, desde restaurantes, supermercados y bebidas hasta realizar transferencias e incluso pagos en establecimientos.

Para la Superintendencia la aplicación supera el alcance de solo ser un portal de contacto, sino que hace parte de la cadena de comercialización.

"Esta decisión se imparte luego de analizar la naturaleza del modelo de negocio de la sociedad en mención, donde se concluyó que ésta funge como proveedor o expendedor de bienes y servicios a través de medios electrónicos, por lo que ahora debe cumplir con las disposiciones del Estatuto del Consumidor", precisó el organismo.

"Contra la orden administrativa, no procede recurso alguno", agregó. Inmediatamente no fue posible obtener comentarios de Rappi.

Además, la entidad, encargada de proteger la libre competencia y los derechos de los consumidores, ordenó a Rappi ajustar las cláusulas de términos y condiciones de uso de la plataforma, debido a que algunas de las disposiciones podrían vulnerar las normas establecidas por la ley.

En otra decisión, la Superintendencia abrió una investigación contra Rappi por presuntas infracciones relacionadas con comercio electrónico y publicidad engañosa, así como por cientos de quejas de usuarios sobre cobros distintos a los anunciados, incumplimiento de las promociones y ofertas, cobro de pedidos cancelados, entre otros.

"En caso de encontrarse probados los cargos imputados, se podrían imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales vigentes", explicó el organismo. Esa multa equivale a unos 1.656 millones de pesos (cerca de medio millón de dólares).

Rappi planea casi duplicar para finales del año el número de ciudades en las que opera, luego de una inyección de US$1.000 millones.