Seis meses de plazo dio la Corte Suprema a la Superintendencia de Salud para impartir las instrucciones para poner en marcha el fallo que dictó el máximo tribunal el 30 de noviembre, en el que ordenó a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros realizados en exceso.
A raíz de este extenso plazo, las isapres estaban en un dilema: como finalizó el año 2022 y las compañías deben cerrar sus estados financieros, en los balances que reportan a fines de enero, las empresas debían registrar un nuevo pasivo, esto es, el monto que eventualmente deberán restituir a sus afiliados por las tablas de factores, como ordenó la Suprema. Pero no estaba del todo claro el modo en que deberán contabilizar el fallo en sus balances.
Eso, hasta ahora, porque el superintendente de Salud, Víctor Torres, informó este martes a los senadores de la Comisión de Constitución que instruirá a las isapres que no tienen que hacer provisión en sus resultados de 2022 por dicho fallo.
En concreto, el regulador explicó que sí “tiene un efecto en el cierre contable, (el hecho) que nosotros digamos cuánto cuesta (aplicar este fallo), y en este escenario sería irresponsable adelantarse a ello”. Por eso, agregó Torres, se están tomando el tiempo que sea necesario para poder modelar todos los efectos que puedan tener las instrucciones que vayan a dictar desde la Superintendencia.
“De hecho, sobre el criterio contable, lo que estamos aplicando es lo que establece la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 37, que en este caso sería un pasivo contingente. Al no tener forma de calcularlo, porque la autoridad aún no establece cuál es el mecanismo de cálculo, entonces, ellos pueden reconocer que existe este pasivo, pero es incuantificable, por lo tanto, no requieren aprovisionarlo, pero sí dejar la nota explicativa. Y eso sí resuelve el problema sin afectar indicadores contables, y por lo tanto, sin hacerlas caer en insolvencia por el mero acto de establecer una deuda específica que tengan que aprovisionar”, comentó el superintendente.
Además, añadió que “eso nosotros lo podemos instruir, y lo vamos a instruir hoy día (...) Esto es para el cierre del año 2022″. Por otro lado, considerando que la Suprema establece que las isapres deben restituir los cobros realizados en exceso, lo cierto es que el regulador entregó luces respecto de cuánto tiempo podría implicar dicha retroactividad.
En esa línea, mencionó que hay tres escenarios que están mirando: que la retroactividad sea de cinco años, desde que la tabla de factores se implementó, o desde ejecutoriada la sentencia de la Suprema. Torres explicó que están modelando todos escenarios y detalló que las magnitudes son bastante distintas en cada uno de esos casos.
Al finalizar la sesión, el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker, señaló que la próxima semana se votará en general y en particular el proyecto que presentaron hace poco más de un mes los senadores del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, junto a los senadores de Chile Vamos, Rodrigo Galilea (RN), Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI), el cual es una reforma constitucional que busca cumplir con el fallo de la Suprema pero que al mismo tiempo no signifique terminar con el sistema.
