Tras 21 días de investigación, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) resolvió iniciar dos procesos contra la empresa sanitaria Essal, luego del extenso corte de agua que afectó por 11 días a más de 50 mil familias, debido a un derrame de hidrocarburos en una planta de producción de agua potable de Caipulli, en Osorno.

Por una parte, se abrió un expediente de caducidad de la concesión de Essal en dicha ciudad, en lo que, de concretarse, sería la mayor sanción contra una sanitaria desde la privatización del sistema en la década de los noventa. Pero, en paralelo, se formularon cargos cuyas multas podrían llegar hasta los $2.500 millones. En ambos procesos, eso sí, se le otorga a la empresa el derecho de formular sus descargos para defenderse. Eso quiere decir que, una vez terminados ambos períodos, se definirá el monto total que la empresa deberá pagar por concepto de sanciones y si finalmente se le caducará o no la concesión.

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, explicó que la indagatoria concluyó que los hechos investigados "son de la mayor gravedad por su duración y repercusiones en la población y en el desarrollo de la ciudad afectada, por acciones de total responsabilidad de Essal" y que "la empresa sanitaria incurrió en falencias operativas ante la emergencia, la información y la calidad de los servicios, aspectos que la legislación sanitaria considera sancionables".

El 12 de julio, la Superintendencia instruyó una investigación y designó dos fiscalizadores especiales por hechos que se produjeron entre el 11 y el 21 de julio. Las razones tras los cargos formulados son varias: incumplimiento de la obligación de calidad de servicio, incumplimiento de la obligación de continuidad del servicio de agua potable, afectación de los usuarios, poner en peligro la salud de la población, no cumplir con las instrucciones de la SISS e información errónea a la autoridad y a los clientes (ver recuadro en página siguiente).

Una vez abierto el expediente de caducidad, la empresa tiene un plazo de 20 días hábiles para realizar su apelación. Rivas señaló que la empresa fue notificada ayer. En base a esos resultados el regulador estará en condiciones de emitir su resolución final y presentar una propuesta al Presidente de la República.

Rivas explicó que los plazos para completar todo el proceso no están establecidos en la normativa que rige a las empresas sanitarias, porque dependen de muchos actos administrativos que puede ejecutar Essal. De todas formas, dijo que en un plazo de 6 meses estaría en condiciones de entregar su propuesta al Presidente.

En un período similar debiera estar resuelto también el monto final de las multas, que es la suma de todas las infracciones que cometió la empresa.

Rivas aseguró que avanzarán respetando la legislación que asegura un debido proceso. Aun así, la empresa siempre tiene la opción de recurrir a la justicia. De ser así, la caducidad de la concesión de Essal se podría retrasar por varios años. Mientras tanto, la SISS deberá designar a un administrador provisional de la lista que mantiene. A la fecha, son 14 las personas naturales y jurídicas que conforman dicho registro.

"Estamos ante un caso único, esto es inédito, nunca habíamos caducado una concesión de este tamaño y por supuesto, si se judicializa podría tardar mucho tiempo", reconoce. Consultado si existe preocupación por la señal que se está entregando a los inversionistas, respondió que "no vemos ningún problema, porque la caducidad y las altas sanciones están contempladas en nuestra legislación, estamos absolutamente apegado, estas son las reglas del juego y todos los inversionistas que lleguen a nuestro país las conocen".

De concretarse la caducidad, Rivas señaló que la legislación protege a los usuarios y que en ese sentido, toda la infraestructura sanitaria, como los estanques, pozos y plantas de tratamiento, se le traspasaría al nuevo dueño, en caso que Essal deje la concesión.

Incumplimiento de la obligación de calidad de servicio

La SISS cuestionó particularmente el no cumplir con la calidad del agua, de acuerdo con las normas que rigen en Chile. Esto, especialmente en cuanto a requisitos de sabor y olor, presencia de cloro libre residual y turbiedad.

Incumplimiento de la continuidad del servicio

El cargo refiere a los eventos que dejaron sin agua a Osorno entre el 11 y el 17 de julio, y entre el 17 y el 21 de julio, los que afectaron al 97,9% y al 50,6% de los clientes de la ciudad, respectivamente.

Afectación de los usuarios

La empresa, según la SISS, sobrepasó los límites a las situaciones de cortes de servicio que están previstas en la ley.

Poner en peligro la salud de la población

El informe indica que, dado que los cortes se extendieron más allá de lo debido, la concesionaria incurrió en una infracción de peligro.

No cumplir con las instrucciones de la SISS

Essal Osorno incumplió el Oficio de la SISS N°3459 del 25 de noviembre de 2008, que establece las condiciones de prestación del servicio en caso de emergencias.

Información errónea a la autoridad y a los clientes

En este cargo, la SISS cuestiona que no se informó oportunamente tanto del derrame en sí, "como a la serie de informaciones manifiestamente falsas a los clientes y a la SISS sobre las causas del problema".

Empresa tiene 20 días para presentar su apelación

Una vez abierto el expediente de caducidad, la empresa tiene un plazo de 20 días hábiles para realizar su apelación. La empresa ya fue notificada. En este período, podrá entregar mayor información, aportar pruebas y solicitar audiencias a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Superintendencia podrá solicitar antecedentes adicionales

Durante el período, el regulador también podría continuar con su investigación, pidiendo a otros organismos que aporten antecedentes adicionales. Todo ello, dependerá de la información extra que aporte la empresa.

Organismo presentará su resolución final, con propuestas al Presidente

En base a esos resultados el regulador estará en condiciones de emitir su resolución final y presentar una propuesta al Presidente de la República, lo que podría tardar hasta seis meses. Si recomienda la caducidad, propone un decreto y el Presidente es quien tiene la última palabra.

Decisión final y posible opción de judicialización

La empresa tiene la opción de recurrir a la justicia. De ser así, la caducidad de la concesión de Essal -si así finalmente lo determina la resolución final- se podría retrasar por varios años. Mientras tanto, la SISS debe designar a un administrador provisional de la lista que mantiene para la concesión.