La economía cerrará 2020 con el peor rendimiento de la actividad desde 1982. Las expectativas apuntan a una contracción de -6%. Si bien la creación de empleo va en alza con poco más de 800 mil nuevas plazas laborales, todavía hay 1,3 millones de personas sin trabajo debido a la crisis.

Este mal comportamiento tiene otras implicancias en indicadores económicos que van reflejando el impacto permanente que está dejando la crisis económica provocada por el Covid-19.

Uno de ellos son las cifras que muestran la cantidad de personas que tuvieron que declararse en quiebra para poder subsanar sus deudas. De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en 2020 fueron 5.113 las personas que debieron acogerse a este procedimiento, lo que se traduce en un alza de 8,1%. Si bien el alza es la menor de los últimos cuatro años, los expertos afirman que se debió principalmente a las ayudas estatales y en gran medida al retiro del 10% de los fondos de pensiones. En diciembre el alza fue de 3% al totalizar 403 quiebras.

Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo (LyD), cree que “las transferencias fiscales, más los 2 retiros del 10% entregaron liquidez a los hogares evitando así caer en insolvencia. De hecho, una parte de las personas usó ese dinero para ponerse al día con sus deudas”.

Desde el gobierno, el ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que “las personas y emprendedores han mostrado la voluntad de cumplir con el pago de sus deudas atrasadas, usando para ello los subsidios a la clase media o el retiro del 10% de las AFP”. Palacios resalta que este aumento es el menor en cuatro años, pero subraya que “lo importante es que, en medio de esta pandemia, hemos podido llevar a cabo una gestión al servicio de las personas. Aplicada en forma eficiente, la Ley ha demostrado entregar herramientas oportunas y eficaces para que personas y empresas puedan reestructurar sus deudas y volver a reemprender”.

De acuerdo a Defensa Deudores el año pasado el monto promedio de la deuda de las personas naturales que iniciaron un proceso de liquidación voluntaria superó los $26 millones. El mes que presenta la mayor deuda promedio es febrero con $34.898.131 y en marzo se registró la menor deuda con $17.158.656.

Según su informe, los hombres que solicitan liquidarse tienen una deuda promedio de $29.724.091, un 26% más que en el caso de las mujeres, cuya deuda llega a los $23.543.678.

En cuanto a la edad de las personas que recurren al proceso de liquidación se observa que quienes tienen entre 50-65 años registran el mayor nivel de deuda promedio en 2020 con un monto de $37.923.655. Además, el rango etario entre 18 y 29 años es el que registra un menor nivel de endeudamiento alcanzando un monto promedio de $19 millones el año 2020.

El balance de las empresas que tuvieron que declararse también registra un aumento. De acuerdo a las cifras de la superintendencia, los procesos de las firmas subieron 11% el año pasado al totalizar 1.827. En diciembre, en tanto, avanzaron 13% llegando a 170. Esta alza también es la menor en los últimos cuatro años.

Según Defensa Deudores el promedio de la deuda de estas organizaciones en 2020 supera los $62 millones, siendo mayo el que registra la deuda más alta: $98.454.794 y febrero el de menor deuda: $27.730.885.

Mario Espinosa, director legal de Defensa Deudores, afirma que “no debe llamarnos la atención el número total de procedimientos de liquidación, que es muy menor al año anterior, porque el efecto de la crisis económica derivada del Covid-19 no se ha manifestado todavía”. Por ello, el abogado de Moraga &Cia, Diego Messen, sostiene que para hacer frente a un nuevo escenario complejo es clave ser flexibles con las medidas de ayuda. “El gobierno debe apoyar mediante créditos bancarios, además de sumar nuevos subsidios. No creo que sea prudente seguir echándole mano a las AFP”.

Palacios acota que “es aventurado hacer proyecciones. No obstante, resulta evidente que los efectos de la pandemia todavía no se evidencian en un aumento significativo de los procedimientos”.

De acuerdo a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de las 6.400 personas que se han sometido a un Procedimiento Concursal de Renegociación, entre octubre de 2014 y noviembre de 2020, el 61,8% declaró no poseer bienes inmuebles, el 21% al menos un inmueble, el 8,8% una propiedad y el 7% una casa. Las categorías restantes de bienes inmuebles son declarados por menos del 1% de las personas.

Además, el 50,6% declaró al iniciar un proceso de este tipo poseer al menos una cuenta de ahorro, el 37,2% ninguno de este tipo de bienes, el 21,5% algunas acciones, el 5,8% al menos un ahorro previsional voluntario (APV), el 4,3% fondos mutuos, el 2,8% cuotas de participación y el 1,8% derechos societarios.