¿Recuerda la asonada de tomas feministas en las universidades? Pues, aunque no lo crea, hasta hace poco aún había planteles en toma, con meses de pérdida de clases y de afectación al funcionamiento administrativo de esas casas de estudio, dañando seriamente a estudiantes y trabajadores al no tener continuidad laboral y educacional.
Este tema no está circunscrito a universidades o a ámbitos del pensamiento académico. El problema del acoso sexual y laboral -o mobbing, como es conocido- trae impactos reputacionales y económicos para las compañías.
Prueba de ello, son las cifras de la Dirección del Trabajo que señalan que las denuncias por acoso laboral aumentaron 51% en el primer semestre de 2018, con 234 casos, 79 más que el mismo período del año pasado. Los datos muestran que el 90% de las personas que recurren por este tema son mujeres.
Evidentemente, hay un problema. La sociedad está empezando a asumir este debate y a abrir espacios para evaluar lo que se está haciendo en materia de equidad de género en el ámbito laboral. En ese trance, es crucial que el mundo privado se adelante a estos cambios y busque fórmulas que eviten los impactos negativos de conductas indebidas al interior de las empresas.
Chile espera para estos años un mejor desempeño de la economía como parte de una agenda de crecimiento, para lo cual se requiere mucho más que un aumento en las perspectivas de los mercados internacionales o que mejore la confianza de los inversionistas: se necesita también cambios intramuros para que aumente la productividad a una escala que genere impactos significativos.
En 2017, hubo 2.409 denuncias por acoso laboral, anotando un aumento de un 19% respecto de 2016. Según un sondeo de una empresa de estudios de clima laboral, el 64% de las firmas chilenas tiene alguna política para enfrentar el mobbing y el 98% de las empresas considera que las malas prácticas laborales impactan negativamente en la productividad.
Estas cifras muestran algo más o menos obvio: cuando los climas laborales son malos u hostiles, se resiente fuertemente la competitividad y hay menos adhesión de los trabajadores al proyecto de la empresa.
El acoso laboral o sexual en sitios de trabajo atrae males como la desconcentración y el ausentismo, la baja autoestima de los trabajadores, estrés laboral, licencias médicas, tendencias a la accidentabilidad y una baja de la rentabilidad general de la empresa.
El dilema es cómo hacer que la productividad no se resienta o incluso, cómo hacer que mejore en tiempos en que hay un aumento sostenido de denuncias y creciente presión de movimientos ciudadanos.
La tarea no es fácil y demanda mucha inteligencia, previsión y adelantamiento de parte de los gobiernos corporativos, para generar protocolos de actuación que impidan las malas prácticas y que pongan a las instituciones y empresas, a salvo del cuestionamiento reputacional que agresiones sexuales y laborales tienen en la opinión pública.
Sin "inventar la rueda", los protocolos, normas y planes de acción en este tema deben ser parte del sistema de compliance integral que abarque todas las áreas que sean dignas de reporte y que están cada vez más siendo de interés público.