Retiro de 10% de los fondos de pensiones: las claves para entender lo que votarán los diputados la próxima semana

El proyecto que propone retirar fondos de pensiones de las AFP para enfrentar esta crisis sigue avanzando en el Congreso. El miércoles se aprobó la idea de legislar en la sala de la Cámara de Diputados, y este jueves regresó a la Comisión de Constitución, donde los diputados votaron todas las indicaciones ingresadas.

Ahora los parlamentarios estiman que la iniciativa volverá a la sala la próxima semana para ser votada en particular y luego pasar al Senado, en caso de ser aprobada. El diputado Matías Walker señaló que la votación podría ocurrir el próximo miércoles. De todas maneras, algunos parlamentarios solicitarán que el proyecto se vote este viernes y sábado para que el lunes esté en el Senado.

“Es una desilusión lo que ha ocurrido”, dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios, tras la derrota del gobierno.

El plan de clase media es “una medida más completa, más omnicomprensiva, que simplemente plantear el camino fácil, el camino popular”, comentó ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En concreto, el proyecto señala que, de forma excepcional, todos los afiliados que están en AFP podrían retirar hasta el 10% de los fondos que han ahorrado en su cuenta.

Eso sí, hay un monto máximo que se puede retirar, y también se establece un mínimo para aquellas personas donde el 10% no representa mucho dinero. El techo no puede superar los 150 UF (cerca de $4,3 millones) y el mínimo a retirar es de 35 UF (cerca de $1 millón).

De este modo, si para una persona el 10% del total de sus fondos representa menos de $1 millón, de todas maneras va a poder retirar $1 millón, aunque signifique un porcentaje mayor o, incluso, la totalidad de sus ahorros de pensiones.

Este jueves los diputados de la Comisión de Constitución acordaron que no se cobrará una comisión por los fondos retirados, y no pagarán impuestos. Los diputados aprobaron la indicación con siete votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención.

Si todas las personas deciden retirar sus fondos, Ciedess estima que el 27% de los afiliados (2.999.024 personas) retiraría todos sus fondos, es decir, $1 millón o menos. Asimismo, el 43% de los afiliados (4.652.042 afiliados) podría retirar hasta 35 UF. Por su parte, el 24% de los afiliados (2.603.528 afiliados) podría retirar sus fondos entre el límite inferior (35 UF) y el máximo (150 UF). Por último, el 6% restante (696.098 afiliados) tiene un fondo cuyo 10% es superior al tope máximo, por lo que podría retirar solo hasta ese nivel.

El estudio de Ciedess también muestra que si la totalidad de los afiliados retira todo lo que le permite el proyecto, el monto máximo a retirar de las AFP podría ser de US$16.650 millones. Esto significa el 7,1% del PIB, y corresponde a ocho veces el gasto anual que hace el Estado para el Pilar Solidario.

Pero producto de esta baja que marcaría la cartera de inversiones de las AFP, estas también podrán retirar de su propio capital. En concreto, podrían sacar unos US$166 millones del encaje, estima Ciedess. Lo anterior, considerando que por ley las AFP están obligadas a constituir una reserva denominada encaje, equivalente, a lo menos, al 1% de los fondos de pensiones que administran.

Este activo, que se conforma con recursos propios de las administradoras, debe invertirse en los mismos fondos de pensiones donde está el dinero de los afiliados, obteniendo las mismas pérdidas y ganancias mensuales.

Con todo, si la totalidad de los afiliados se acoge a esta opción al mismo tiempo, en un período de dos meses las AFP deberán hacer desinversiones por cerca de 7% del PIB, ya que el proyecto establece que las personas recibirán el 50% de los montos solicitados a la AFP en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que se hizo el requerimiento.

La otra mitad de los fondos solicitados, será entregado en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar del momento en que ocurrió el primer desembolso de dinero.

Esto implicaría impacto en el mercado de capitales nacional, en el tipo de cambio y pérdida de valor de las inversiones producto de los volúmenes a desinvertir, por lo que también afectaría el monto de la pensión que no sea retirada, especialmente de quienes están próximos a jubilar, dice Ciedess.

El proyecto no es categórico para definir si se van a devolver o no todos los recursos retirados con alguna fórmula, pero propone crear un “Fondo Colectivo Solidario de Pensiones”, con el objetivo de “financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones que serán necesarios producto de los montos retirados conforme al derecho que establece esta disposición transitoria”.

Este fondo se financiará con aportes de los empleadores y del Estado, señala el proyecto, pero no entrega más detalles, ya que todo deberá ser definido por otro proyecto que deberá enviar el Presidente de la República al Congreso en el plazo de un año desde publicada esta reforma constitucional.

El economista de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Nacional de la Productividad (CNP), Joseph Ramos, cree que quedan varias dudas y vacíos respecto de este punto. “Creo que tiene varias ambigüedades. Primero, no dice cuánto debe poner el Fisco ni cuánto el empleador, ni cuándo debe reponerlo. Segundo, insinúa -por ser colectivo y progresivo- que no compensará a cada pensionado con lo que él sacó, lo que significará que algunos tendrán una pensión final menor a la que habrían tenido”.