Son tres los proyectos que avanzan en el Congreso y que buscan que las personas puedan retirar fondos de pensiones para enfrentar la crisis, pero hay uno que lleva la delantera y que este lunes los diputados de la Comisión de Constitución aprobaron en general y en particular. De este modo, la iniciativa, que está en su primer trámite, será votada el miércoles en la sala de la Cámara de Diputados.

El texto fue aprobado por siete votos a favor y seis en contra, y contó con el respaldo de toda la oposición, mientras que el oficialismo lo rechazó. De todas maneras, en esta oportunidad solo se necesitaba mayoría simple para que la iniciativa fuera aprobada, mientras que en la votación en sala se necesita un quorum de tres quintos por tratarse de una reforma constitucional. Esto significa que la oposición tendría que sumar votos del oficialismo para aprobarlo.

El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, valoró la aprobación, y detalló que en sala van a necesitar 93 votos. La oposición en total tiene 70 diputados, y hay 15 independientes. “Espero que el miércoles podamos tener los votos en la sala, y que así como tuvimos votos de Renovación Nacional (RN) para el postnatal de emergencia, confío en muchos diputados de RN (...) para que finalmente pongan sus votos y podamos aprobar este proyecto”, comentó Walker.

En concreto, el proyecto que fue aprobado propone que los afiliados puedan retirar hasta el 10% de los fondos que tienen en su cuenta de capitalización individual en las AFP. Pero hay un máximo que se podría retirar de 150 UF ($4,3 millones), y un mínimo de hasta 35 UF ($1 millón).

En ese sentido, se establece que si el 10% que tiene un afiliado en su cuenta es menos de 35 UF, de todas maneras podrán retirar hasta ese monto. Por otro lado, si un afiliado tiene menos de 35 UF acumulados en la totalidad de su cuenta, podrán retirar todos sus ahorros.

Considerando que el saldo promedio registrado en las cuentas de ahorro obligatorio era de $11,4 millones, los afiliados podrían retirar en promedio $1.140.000, según un reciente estudio de Ciedess. Sin embargo, el 50% de los afiliados posee un saldo menor o igual a $4 millones, por lo que el 50% de los potenciales beneficiarios accedería a un retiro menor o igual a $1 millón.

El proyecto también establece un fondo de compensación, llamado Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, para poder reintegrar en el futuro los ahorros retirados, el cual sería financiado con aportes del Estado y del empleador, pero se establece que los detalles de este fondo los definirá el Presidente de la República mediante el envío de un proyecto de ley.

El gobierno salió a rechazar la iniciativa, argumentando que el plan para la clase media que lanzaron el domingo generaría mayores beneficios. Tras la aprobación del proyecto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que “nos parece una mala idea”, por varias razones, entre otras, porque “al plantear que estos retiros van a ser devueltos con un bono del Estado, con dineros fiscales, lo que se está diciendo es que con recursos de todos los chilenos, vamos a beneficiar proporcionalmente más a aquellos trabajadores de mayores ingresos, lo que es claramente una medida regresiva”.

Otro de los temas que criticó el gobierno, es que los parlamentarios intenten proponer un retiro de fondos mediante una reforma constitucional. “Me parece muy peligroso que se esté discutiendo exactamente lo mismo en tres instancias diferentes, y que no estén conversando entre ellas”, dijo la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. Esto, considerando que iniciativas similares se están viendo en la Comisión de Constitución del Senado y en la Comisión de Trabajo del Senado.

La ministra señaló que el tema debería ser visto en la Comisión de Trabajo. “Lo que se está planteando como técnica legislativa, es modificar una ley a través de una incorporación de una norma en la Constitución”, argumentó.

Lo mismo criticó el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés: “Tengo muchas dudas del proceso que se está siguiendo en esta Comisión, respecto de hacer cambios en la Constitución para legislar (...) Llamaría a una discusión más en serio en Chile respecto de cuándo se usa la legislación y cuándo se usa la Constitución para hacer leyes”, dijo.