La conversación entre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el Ministerio de Hacienda en las últimas dos semanas han estado restringidos a intercambios epistolares. Primero fue el gran empresariado quien le dijo al gobierno que no estaba de acuerdo con subir impuestos ni crear nuevos tributos y que debía privilegiar el crecimiento económico. Una semana después, llegó la respuesta del gobierno a través de otra carta: “El crecimiento no es suficiente”, respondía el ministro Mario Marcel.

Tras ese intercambio de opiniones, ambos se volverán a ver las caras el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Nuevamente la cúpula de la multigremial llegará hasta Teatinos 120 para retomar el diálogo tributario que se quebró -o al menos se trizó- tras los dimes y diretes.

Para Ricardo Mewes, presidente de la CPC desde el 15 de diciembre de 2022, las relaciones con Hacienda no se han enfriado ni menos quebrado. “Tenemos muchas cosas que decir. Puede haber cosas que nos parezcan bien o mal, pero es relevante que, como sector privado, tengamos una voz en para generar buenas políticas que permitan el desarrollo del país”, dice Mewes.

Ya lleva poco más de seis meses como presidente de la CPC, ¿cómo evalúa la relación que ha tenido con el gobierno?

-Considero que hemos ido construyendo una relación de confianza con el gobierno. Ahora, que uno tenga confianza con el Presidente, con los ministros, no puede significar que vayamos a estar siempre de acuerdo. Cada uno tiene su rol, su opinión. Muchas veces se plantea que se ha perdido la confianza, porque tenemos una opinión discordante. Eso no es así. Las confianzas no se deben perder cuando hay distintas opiniones. En la medida que hay más confianza, más capacidad hay para decir: no estoy de acuerdo contigo. En ese camino tenemos que seguir construyendo.

Pero el hecho de rechazar, en una declaración pública, un alza de impuestos, en lugar de plantearlo en una mesa de trabajo como la que convocó Hacienda, ¿no daña esas confianzas con el gobierno?

-Si uno hiciera las cosas a escondidas sí daña las confianzas, pero esto ha sido abierto, entregamos antecedentes en forma previa, y se le comunicó primero al ministro. Lo que hicimos en esa carta fue manifestarle nuestra opinión y se la entregamos antes de hacerla pública.

Tras la primera reunión dijo que iban a hablar con la comisión tributaria de la CPC para realizar una propuesta, ¿por qué eso no se hizo y se eligió este otro camino?

-Nosotros quedamos en revisar la minuta que nos entregó y luego contestarle con nuestra opinión y eso fue lo que hicimos con la carta. Nuestra opinión es que, dado lo que está pasando hoy en el país, no nos parece adecuado ir por un alza de impuestos, porque no es lo que el país requiere.

El gobierno y el empresariado han tenido varias reuniones y fueron criticadas por parlamentarios de oposición, ¿cuánto incidió eso en la decisión de la CPC? ¿Lo llamaron parlamentarios?

-No, llamados no hubo. Hay algo que las personas tienen que entender: nosotros estamos mirando el largo plazo y vemos que ya llevamos mucho tiempo sin crecimiento y con una productividad estancada. Una inversión se proyecta a 20 años, por ello tenemos una mirada mucho más larga que la contingencia a la cual puede estar de alguna manera inserto el mundo parlamentario, que es mucho más acotado. No me quedo tranquilo cuando nos dicen: ‘ustedes están vinculados con tal o cual sector político’, porque lo que a nosotros nos preocupa es el largo plazo y ojalá en el largo plazo los impuestos bajen, porque así generamos mayor competencia y desarrollo para el país.

¿Descarta cualquier presión política?

-La descarto, no hubo presión, además yo soy superindependiente, y lo he sido toda la vida.

¿Y qué piensa de que al empresariado se le vincule históricamente con los sectores políticos de derecha?

-Ha sido así porque cuando uno ve el desarrollo empresarial con una economía de libre mercado, es inevitable que eso se relacione, pero la mirada nuestra es de largo plazo.

¿Le molesta que a las reuniones con el gobierno se les llame negociación?

- La negociación se hace en el Congreso, con los diputados y senadores. Lo que nosotros hacemos es dar nuestra opinión y esa tiene además fundamentos técnicos. Nosotros tenemos una comisión tributaria, que sigue trabajando y que es una opinión técnica a lo que presentó el gobierno.

¿Por qué cree que se tildó de negociación a las reuniones con el gobierno?

-No lo sé. Será una táctica, pero en general hemos dado nuestra opinión. Hemos conversado al más alto nivel de autoridades y siempre estaremos disponibles para seguir conversando. Hay que tratar de llegar a acuerdo, pero eso es entre el gobierno y los parlamentarios.

Usted dice que el ideal es que los impuestos bajen, ¿hoy eso es realista?

-Hay un sentido de realidad política que obviamente eso no va a pasar.

El ministro calificó este hecho de un cambio de actitud… ¿ustedes no lo ven así?

-El Presidente sabe, el ministro sabe que siempre hemos estado disponibles. No hemos tenido un cambio de actitud, sino que planteamos una opinión respecto a lo que se está discutiendo. La puerta siempre ha estado abierta para conversar con el gobierno, prueba de eso es que el ministro nos llamó a conversar nuevamente para el miércoles.

Pero en febrero usted planteó como opción subir el impuesto a las empresas en lugar del impuesto al patrimonio. ¿Qué pasó que ahora no quieren alza de impuesto?

-Lo principal es que el proyecto se rechazó en la Cámara de Diputados. En las conversaciones, el subir el impuesto a las empresas era el mal menor al impuesto a la riqueza, pero bueno, se rechazó la reforma y el escenario cambió.

Con el rechazo a subir impuestos se volvió a decir que para el empresariado nunca es un buen momento para subir impuestos…

-Eso ha sido recurrente y nosotros tenemos una mirada empresarial. Cada vez que llega un gobierno, lo hace con una mochila de impuestos. Entonces la pregunta es si es razonable que siempre estemos pidiendo más impuestos y no revisemos cómo se están gastando los recursos. Eso es lo que le hemos planteado al ministro. También le dijimos al ministro que hay otros elementos que pueden ayudar a la recaudación, como, por ejemplo, el IVA que se pierde por la informalidad, alcanza los US$2.000 millones. Organismos independientes a nosotros nos han señalado que no están bien enfocados los recursos públicos. En ese sentido, nos parece relevante lo que está pasando con el gasto del Estado, cómo se hacen las transferencias, cómo se controlan, cómo se genera la contabilidad para que esos recursos se utilicen bien. El presupuesto en educación ha subido durante varios años, pero si se miran los resultados… también el presupuesto en salud, se ha aumentado innumerables veces, pero seguimos con problemas de listas de espera. Esto puede ser eterno, ya que cada gobierno viene con una propuesta de alza de impuestos para su programa.

Pero para cerrar el tema tributario es que el ministro Marcel quiere hacer este pacto fiscal más amplio con todos estos ingredientes que menciona. ¿No es mejor ese pacto y cerrar el debate tributario?

-El ideal es que se cierre esta discusión y cualquier mecanismo de incentivo a la inversión que se genere durante este gobierno sea para el largo plazo, equivalente al DL 600 o al DFL2, que permitía hacer inversiones en el largo plazo. Eso puede ser una opción considerando que no se le puede restringir a un gobierno que llegue en el futuro a hacer una propuesta tributaria. Ojalá cerrar este tema acá y no se vuelva a discutir. Pero nosotros no estamos de acuerdo en que se incluya un alza de impuestos.

En su declaración, ustedes ponen harto énfasis en el crecimiento para aumentar la recaudación…

-Para nosotros es más efectivo, y hay estudios que así lo demuestran, que mejorar el crecimiento económico aporta mucho más a las arcas fiscales que un alza tributaria. Son unos US$800 millones de mayor recaudación por cada punto de crecimiento. El ministro habla de US$600 millones, entonces ¿por qué no buscar mecanismos por la vía de aumentar la inversión y el crecimiento económico?, ese es el camino natural para generar mayores ingresos.

El ministro Marcel respondió que el crecimiento no es suficiente, por la magnitud de los recursos que se requieren.

-Yo estoy de acuerdo que el crecimiento no es suficiente por sí sólo para financiar todas las demandas que son crecientes, pero hay que sumar todo lo otro que hemos planteado: la eficiencia del gasto, revisión de programas, modernización del Estado, la revisión de exenciones y la reducción de la evasión y elusión.

Pero eso no quedó claro en su carta...

-Bueno, lo aclaramos ahora: el crecimiento no es suficiente por sí solo. Cuando una empresa genera una mayor venta, el gasto no puede ir a la par de esa mayor venta, porque significa que no estoy generando ningún recurso para el accionista. Aquí el accionista es el Estado y por ello tengo que generar control de todo mi gasto, generar crecimiento económico para que el ingreso llegue a las arcas fiscales. Esto es algo que hacemos todos los días. ¿Por qué el Estado no lo puede hacer, no puede modernizarse? Para eso estamos totalmente disponibles. Llama la atención que el Estado crece, crece y crece, pero no es más eficiente en la entrega de los servicios a las personas.

¿Qué medidas proponen para subir el crecimiento?

-Un buen mecanismo es el impulso a las concesiones, ese es un buen incentivo, pero en la medida que se haga rápido. El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha estado trabajando en la nueva ley de impacto ambiental y se debe apurar para que tenga impacto positivo. A ello se suma todo lo que tiene que ver con los permisos sectoriales donde también se debe apurar lo máximo posible esa iniciativa.

¿Para la reunión del próximo miércoles llegarán con alguna propuesta concreta?

-Eso le corresponde al ministro. Él tiene que salir a proponer. Lo que sí tenemos claro es un listado de cosas y su impacto, por ejemplo, del crecimiento económico, de eficiencia del gasto, la evasión, royalty…

¿Cuánto se puede recaudar por mayor eficiencia del gasto?

-Según un estudio del BID del 2018, serían cerca de US$5.400 millones que se estarían gastando de manera ineficiente. Tengo claro que nunca vamos a llegar a esa cifra, pero hay dos elementos importantes: el primero es la señal política de revisar cuáles son esos programas, y lo segundo es que aquellos que no cumplen su objetivo, se eliminen. Esos recursos vuelvan a ser parte de las arcas fiscales. Si aplicamos la mitad, ya son US$2.200 millones. Ese ejercicio es el que hemos pedido incansablemente.

En el gobierno dicen que pueden existir programas mal evaluados, pero hay personas beneficiadas y que por eso no se pueden eliminar de un día para otro.

-Tiene que estar el liderazgo del Presidente y del ministro de Hacienda para negociar estos aspectos. Eso es vital si queremos tener un Estado eficiente y moderno al servicio de las personas. Se debe buscar un gran acuerdo que permita abordar todos estos programas de manera eficiente y los que se tengan que eliminar, eliminarse. Quienes tenemos un rol de autoridad hay que tomar decisiones que son dolorosas.

¿Están disponibles a subir algún impuesto? ¿El global complementario, hoy en 40%, por ejemplo? ¿Y ampliar la base?

-Hoy en Chile una de cada cuatro personas paga impuestos y si nos comparamos con los países de la OCDE, claramente debería cambiar. Tiene que ser paulatino, progresivo, pero ahí nos metemos en el impuesto a las personas y ese es un ámbito que puedo tener opinión en lo personal, pero no en lo empresarial. Esa es una discusión que debe darse en el Congreso.

¿Pero está de acuerdo en que se suba el impuesto en los tramos altos?

-Siempre he planteado que los que tenemos más, paguemos más, pero mi rol aquí es empresarial y debo preocuparme de lo que le pueda pasar en las empresas. Por eso es que el impuesto al patrimonio, a la utilidad retenida, para nosotros era un tema que no nos parecía razonable que se aplique.

¿Cuánto afecta el caso de Democracia Viva a este pacto fiscal?

-Sería aprovecharse de las circunstancias. Este caso es después de lo que nosotros planteamos y al rechazo de la reforma en la Cámara, pero sí nos levanta la alerta que tenemos que ser más acuciosos en el uso de los recursos que son de todos los chilenos.

¿Se debe restringir o mejorar la fiscalización a la entrega de recursos a estas fundaciones?

-Como son recursos públicos, me parece que la Contraloría tiene un rol fundamental en esto, pero no paralizando la toma de razón, como lo está haciendo, porque eso afecta a fundaciones que están haciendo muy bien su trabajo. El organismo de la Contraloría debe fortalecerse, debe tener especialistas en distintos ámbitos para que puedan controlar el uso del gasto público, pero de manera previa.

El expresidente de la CPC Juan Sutil dijo en una entrevista con Pulso que usted le había pedido ayudar en el proceso tributario. ¿Hoy juega algún rol?

-Juan fue muy generoso en el traspaso de su gestión, que fue de un mes aproximadamente que duró ese proceso. Después se puso a disposición, ha sido un tremendo apoyo, porque la CPC hay que conocerla por dentro y estoy muy agradecido. También debo decir que esa misma disposición la tuvo Juan Claro, Andrés Santa Cruz, Alberto Salas, todos están al lado del teléfono para cualquier duda. Y respondiendo directamente tu pregunta: Juan hoy no tiene ningún rol en la CPC, ninguno.

¿No se junta con los ministros en representación del empresariado?

-No, esa representación la tengo yo. Eso lo tiene claro él, lo tengo claro yo y todas las ramas de la CPC. Esto es institucional y he sentido el respaldo de todas las ramas del empresariado.

En pensiones, ¿estarán disponibles para conversar con el gobierno?

-Nos juntamos hace un mes con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Ella nos planteó que iba a realizar modificaciones. No las conocemos todavía, sé que se ha estado juntando con algunas bancadas de parlamentarios, pero no tenemos más antecedentes.

Del proyecto que se conoce, ¿qué es lo que más le preocupa?

-La discusión ha estado muy centrada en el destino del 6% extra de cotización. Pero para nosotros hay todo un tema de la desintegración de la industria. En nuestra visión ese no es el camino correcto, sino que tiene que haber más competencia, mecanismos para que puedan mejorar los servicios que la industria entrega, garantizar la propiedad de los fondos y de esa manera ir avanzando.

¿Pero manteniendo a las AFP o reformulándolas?

-Nos preocupa el rol monopólico del Estado. Los recursos están siendo bien administrados y las cosas hay que decirlas: los recursos que manejan las AFP están y las personas saben dónde están. Eso para mí es muy relevante. Hay muchas áreas donde se puede llegar a acuerdo, pero lo claro es que la rentabilidad ha sido positiva. Hay otros temas que solucionar como las lagunas, la falta de cotización.

Sobre el destino del 6% de cotización adicional, el gobierno se abrió a que un 2% sea para capitalización individual y 4% a ahorro colectivo, ¿qué le parece esa fórmula?

-El ideal es que el total se vaya a cuenta individual, pero me parece bien que el gobierno se haya abierto a esa opción. Debemos analizar si esa fórmula ayuda a mejorar las pensiones actuales y en el largo plazo. Es una buena señal, pero para nosotros es más relevante lo otro, la industria.