“Es un gran tema, lleno de desafíos, pero lleno de riesgos también”. Así resumió su visión y que pone una nueva nota de alerta sobre las presiones de gasto fiscal que podría generar la aprobación de la nueva Constitución, el economista y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Invitado a la quinta sesión del ciclo “Gobiernos locales y nueva Constitución”, organizado por el programa Puentes UC, del Centro de Políticas Públicas UC, el economista analizó las implicancias de la propuesta constitucional sobre la creación de empresas municipales, y cómo ello podría impactar los asuntos fiscales.

En la ocasión, Valdés repasó el artículo 224 que establece que las comunas autónomas “podrán crear empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, previa autorización por ley general o especial”.

Al respecto, aclaró que “que la Constitución lo diga, no significa que las comunas, si se aprobara, tienen al día siguiente la posibilidad de hace empresas públicas, sino que va a haber que tener una ley”.

Y en esa línea, remarcó que dichas leyes “no son tan triviales de pasar, por distintos motivos, y ha habido pocas empresas públicas nuevas”.

Además, detalló que la propuesta también establece, en su artículo 232 que “la ley determinará los servicios públicos, las instituciones o empresas del Estado que, en virtud de sus fines fiscalizadores o por razones de eficiencia y de interés general, mantendrán una organización centralizada o desconcentrada en todo el territorio de la república”.

Si bien valoró dicha disposición, ya que evitaría que, por ejemplo, Codelco sea desmembrada según la comuna en la que opere, Valdés sí advirtió que “va a haber probablemente una discusión al respecto”.

Sobre la presión fiscal, el economista afirmó que “se encuentra una propuesta constitucional que amplía la demanda por recursos fiscales de manera bien significativa”, donde el contrapeso de la responsabilidad fiscal no sería, a su juicio, suficiente.

“Lejos lo más importante son los derechos sociales tutelados por la Justicia. Estas garantías debieran producir una ampliación del gasto en muchos temas”, remarcó.

Valdés agregó su preocupación por el esquema de la descentralización, que, a su juicio, “no tiene bordes demasiado claros, hasta dónde llega es bien difícil de saber”.

A ello sumó que no se pone ningún costo de las empresas públicas, “suponemos que todas las empresas públicas no pierden plata, que es un supuesto fuerte”.

“Lo preocupante de esto es que la experiencia nuestra de empresas públicas a nivel comunal es muy limitada, casi no existe. Pero uno puede rápidamente suponer que van a haber complicaciones y tentaciones en el manejo de estas empresas públicas y que van a hacer difícil que se cumpla la idea de que nunca van a perder plata”, afirmó.

Al respecto, mencionó el caso de SMAPA, la que “está en problemas” y donde apuntó “no es tan fácil de administrar”.

“Hay algo acá en el uso de las empresas públicas en que básicamente se hace política fiscal a través de ellas, queriendo o no queriendo, pero tienen una presión para lo fiscal”, remarcó.

Respecto a la gobernanza, que debiera “limitar los riesgos”, planteó que los controles establecidos en la propuesta desde la Controlaría General de la República, que contemplan “dictámenes obligatorios para toda autoridad (...) incluyendo los directivos de empresas públicas o sociedades en las que tenga participación el Estado”, según el artículo 345, y las auditorías que considera la misma norma, “no son tan simples, y para las empresas públicas grandes ya se ve una presión sobre esto”, dijo Valdés.

“La gobernanza, aunque esté la Contraloría, no es fácil de lograr. En Codelco, en Enap, llevamos años mejorando la gobernanza. en BancoEstado no ha cambiado por mucho tiempo. Pero hay riesgos, de eficiencia y de captura, y de subsidios encubiertos. Entonces, la gran pregunta que me queda a mí es porqué esto debiera ser menos complejo a nivel local que a nivel central”, planteó el economista.

“Mi impresión es que, al revés, hay una simetría de información en esto que incluso es más elevada a nivel local, porque hay menos ojos mirando, y lo que es lamentable es que la forma de sobreponerse a estos problemas es relativamente cara”, agregó.

Por ello, afirmó que “los riesgos básicamente en el lado de la gobernanza son enormes y, si es que se hiciera esto, creo que la ley tendría que ser muy cuidadosa en cuál es esa gobernanza”.

El exminsitro de Hacienda agregó su preocupación sobre cómo evitar que la creación de compañías públicas no afecte la neutralidad competitiva, donde planteó que “hay que preguntarse qué cosas tienen que ser iguales y cuáles tienen que ser distintas”.

Al respecto, ejemplificó con la incursión en la venta de gas a nivel minorista que está realizando Enap, a través del plan piloto denominado Gas de Chile.

“Por lo que he visto de datos, ese gas que entrega Enap no lo podría entregar una empresa privada, porque el costo total es más alto que el precio. Eso se salta estos criterios de neutralidad y va a ser bien importante discutirlos en el futuro. Porque tenemos el problema fiscal, de dar un subsidio encubierto a través de una empresa pública, y también producir una ineficiencia en el funcionamiento de un mercado a través de reglas que no sean parejas”, concluyó.