Mientras la temperatura y el fuego arrasaban con virulencia miles de hectáreas en el sur de Chile en las últimas dos semanas, la delicada, zigzagueante y tensionada relación entre el gobierno y los empresarios registró uno de sus capítulos más críticos desde que Gabriel Boric llegó a La Moneda en marzo del año pasado.

Luego que el propio Presidente instaló el viernes pasado la idea tener una regulación distinta para la industria forestal y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hablara de “nuevo trato”, la molestia y las reacciones en el sector privado se fueron sumando una a una. Primero fue la Sofofa, el mismo viernes en el que habló Boric; el lunes vinieron la Corma y el presidente de la CPC.

Pero el debate comenzó a crecer: varios alcaldes habían planteado la opción de un royalty a la industria forestal y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, si bien no lo respaldó explícitamente, dejó la puerta abierta a su análisis. “Cuando uno conversa, no puede descartar nada”, dijo a Pulso. Valenzuela recordó que el programa de gobierno incluye la derogación del DFL 701, una nueva ley de fomento y una ley de rentas regionales cuyos instrumentos debían ser determinados por el Mandatario y el Ministerio de Hacienda.

Cual bola de nieve, el relato sobre un royalty a la industria forestal se fue instalando, en medio de los temores de Hacienda por aumentar la incertidumbre y desnaturalizar el debate y los acuerdos logrados en el proyecto de reforma tributaria, el que ya contiene un nuevo royalty a la minería.

El trato de la joven generación de gobierno a los privados en medio de la lucha dramática por apagar los incendios, cuya relación se ha movido entre la desconfianza y el utilitarismo, desató la irritación empresarial. Los mensajes reservados de preocupación y enfado de los privados a La Moneda y Hacienda junto a las declaraciones públicas de los gremios se multiplicaron durante la última semana.

Fueron los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, y de la Sofofa, Richard von Appen, quienes lideraron la arremetida empresarial y recordaron los otros episodios en que el oficialismo ha buscado responsabilizar al sector privado por crisis coyunturales de seguridad e incendios, entre otros casos.

La propia ministra del Interior, Carolina Tohá, tuvo que zanjar la polémica este miércoles. Un debate incipiente que fue creciendo sin control fue clausurado ese día por la jefa de gabinete. “El gobierno tiene una agenda tributaria que está en el Parlamento, que es clara y está expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el gobierno. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”, dijo categórica la ministra.

Si bien gobierno y empresarios acordaron cerrar la polémica el miércoles, las esquirlas del nuevo episodio en que oficialismo buscó responsables en el mundo privado se mantienen en el ambiente.

“El mundo empresarial se cansó. Le transmití esta semana al gobierno que no estaba dispuesto a que se hablara de ‘sequía y saqueos’, de ‘guetos verticales’, de que cuando se quema Valparaíso es culpa de las inmobiliarias y que cuando hay un asalto en Costanera Norte es culpa del concesionario. Es un discurso que se agotó”, afirma enfático el expresidente de la CPC y también candidato a consejero constitucional, Juan Sutil.

En el seno del mundo empresarial confidencian que el ataque permanente de un sector del gobierno al mundo privado en temas como la crisis de las isapres y de las AFP, entre otros, han saturado al sector productivo.

A fines del año pasado el propio Presidente Boric entró en el debate sobre las sospechas e intencionalidades del último incendio en Viña del Mar. “No hay espacio para inmobiliarias”, afirmó el Mandatario al anunciar urgencia legislativa al proyecto de ley que prohíbe vender a las inmobiliarias los lugares que han sido devastados por incendios. El diputado oficialista Diego Ibáñez ha sido más crítico y ha apuntado directamente a las inmobiliarias.

Ricardo Mewes recordó el episodio del incendio en Valparaíso y la exigencia del gobierno a los centros comerciales de poner más seguridad tras los asaltos para graficar la misma desconfianza y sospecha de siempre. “Hay una tónica de algunos ministros, no de la ministra del Interior, pero sí de otros, en que inmediatamente responsabilizan en dichos casos al sector privado”, dijo a El Mercurio.

“Hay dos almas en el gobierno. Una de gente seria que entiende donde va el mundo y la empresa, como los ministros Mario Marcel y Carolina Tohá, y otros, la mayoría sub 40, que no entiende la sociedad y la importancia de los empresarios y el crecimiento”, apunta Sutil.

Coincide el presidente de la Sofofa, Richard von Appen. Si bien cree que el Presidente ha sido “abierto y deferente” para interactuar con el sector privado, estima que en muchos sectores de gobierno hay desconocimiento de la actividad empresarial.

“Es injusto. Atribuir un caso particular sin tener los antecedentes, me parece incorrecto y tiene un impacto en las confianzas que estamos creando. Nosotros también somos ciudadanos y estamos muy comprometidos con lo que le ocurre a la ciudadanía en general”, añade el líder empresarial.

Von Appen asegura que han intentado tender puentes con el gobierno en el último año, aunque reconoce que las instancias de conversación han sido escasas. “Claramente, hay dos visiones distintas (en el gobierno). Una ve que el Estado es la gran solución a muchos de los problemas que tenemos hoy y hay otra que ve que esto tiene que resolverse a través de una cooperación público privada”, explica el timonel de la Sofofa.

Pese a que Mario Marcel ha estado de vacaciones desde el 2 de febrero, la crisis de los incendios en el sur, el desembolso de recursos para la catástrofe y la polémica por la posibilidad de un nuevo royalty a la industria forestal obligó a Marcel a estar permanentemente conectado con La Moneda.

Diversas fuentes confirmaron que el jefe de las finanzas públicas influyó en la declaración de la ministra Tohá en que se cerró la puerta a nuevo debate impositivo como el royalty en momentos en que se discute la reforma tributaria. En su argumentación, la ministra empleó palabras técnicas con las que coincidieron los empresarios. “No está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan un royalty, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado, por tanto, en nuestra agenda -que es muy conocida- este tema no está incluido”, dijo Tohá. Fue tan elocuente que la Corma, el gremio que reúne a las empresas forestales, dio de inmediato por cerrada la controversia. “(Tohá) entregó todos los argumentos políticos y técnicos sobre el sinsentido de una medida como esta”, dijo Juan José Ugarte a Pulso.

En entrevista con Ex-Ante, Marcel reconoció el viernes contactos con dirigentes empresariales y respaldó a Tohá. “La disciplina la imponen las autoridades superiores de gobierno. La ministra Tohá ha hablado a nombre del gobierno, a nombre del Presidente. Estamos completamente de acuerdo en lo que ella ha señalado”, dijo a ese medio.

La intervención del ministro más poderoso del gabinete fue clave para ordenar y cerrar un debate que prometía desbordarse y que el propio Presidente Boric no frenó rápidamente.

“De alguna manera las palabras de la ministra Tohá, que son las propias del ministro de Hacienda, le quitan el piso al mismo Presidente, quien cometió un desliz. El alma de Gabriel Boric siempre busca culpar a los poderosos de los problemas que hay en la sociedad chilena, culpar a los privados, al empresariado, a la falta de regulaciones, al hecho de que los empresarios no contribuirían como deberían hacerlo...”, cree el analista político Max Colodro.

El también filósofo sostiene que el gobierno desaprovechó la oportunidad de haber tomado el control de la agenda de manera contundente con el episidio de los incendios.

“El gobierno tuvo en el tema de los incendios la oportunidad de retomar la agenda. De retomar el control político, lo cual hizo, pero al final este desacierto con el tema del royalty forestal lo vuelve a meter en sus dinámicas de problemas y desacuerdos, de las dos almas y de la falta de análisis y de estrategia”, añade el analista político.

Categórico, Mauricio Morales, cientista político y académico de la Universidad de Talca, cree que este tipo de disputas no generará ningún resultado político favorable para el gobierno. “La ciudadanía castiga el conflicto, aunque sí premia el respeto de las reglas y la sanción de los abusos. El gobierno ha tenido una postura legítimamente crítica frente a las isapres y frente a las forestales. Sabemos que las isapres están mal evaluadas y que seguramente pasará lo mismo con las forestales. Sin embargo, el gobierno no está suficientemente firme como para dar esa pelea. La ciudadanía está más pendiente de la crisis de seguridad pública, la crisis económica y la crisis migratoria. Entonces, la agenda de discusión está dislocada respecto al conflicto que está desarrollando el gobierno con los privados”, concluye Morales, quien cree que si el gobierno estuviera con altos niveles de popularidad podría manejar de mejor forma este tipo de agenda.