Al final del plazo, establecido para las 20 horas de este lunes, el Ministerio de Hacienda ingresó al Congreso las anunciadas indicaciones al proyecto que establece un royalty a la actividad minera.

Pese a que la propuesta presentada la semana pasada apuntaba a un guarismo del 50% para el tope en el pago efectivo de impuestos de las mineras, el Ejecutivo finalmente redujo sus pretensiones.

Así, el documento ingresado a la secretaría de la Comisión de Hacienda del Senado, que votará la propuesta bajo estos nuevos parámetros, considera ahora una carga tributaria máxima de 48%. Esta cifra refleja el avance en las negociaciones desplegadas desde la semana pasada, cuando el propio titular de Teatinos 120, Mario Marcel, al dar cuenta de la fórmula original, dijo estar dispuesto a “buscar un acuerdo en torno a esas cifras”, remarcando la apertura “a tener una conversación” sobre el guarismo final.

El documento, que será discutido en la sesión de este martes de la comisión de Hacienda del Senado, a partir de 10:30 horas, también consagró las otras propuestas para la regulación tributaria de la minería. En concreto, se contempla que los gastos de organización y puesta en marcha de un proyecto minero puedan ser considerados como gasto deducible para el cálculo de la Renta Imponible Operacional Minera Ajustada (RIOMA), indicando que servirá como base imponible del componente sobre el margen del royalty. Dichos gastos replicarán la fórmula del impuesto específico a la actividad minera, y se amortizarán en un plazo de seis años.

Otro de los aspectos que las indicaciones recogen es que lo explotadores mineros sujetos al pago del royalty deberán mantener la obligación de informar sus estados financieros anuales y trimestrales, tanto individuales como consolidados, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La semana pasada, tras conocerse los lineamientos de las indicaciones que entregó el ministro Marcel, que estipulaba la tasa máxima de 50%, los cuestionamientos desde la industria no se hicieron esperar y siguieron apuntando al impacto que la iniciativa tendría en la actividad de la gran minería.

Al respecto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, aseguró que la determinación confirmaba sus aprensiones de que el texto, tal como había sido aprobado en la Comisión de Minería del Senado, “resultaba en cargas excesivas, sobre el 50%, lo que habitualmente se considera confiscatorio”. Y aunque valoró que el gobierno reconociera que “en la discusión numérica el sector minero estaba en lo cierto”, reiteró que “con el límite de 50%, que ahora transparenta el gobierno, habrá varias compañías mineras que quedarán al borde de una carga tributaria confiscatoria y la carga promedio de la industria quedaría en 48%”, por sobre el 44% promedio identificado por FMI al comparar las cargas tributarias a la minería en 2022.

Villarino remarcó además, en esa ocasión, que todavía “el 50% propuesto es definitivamente excesivo”.

Con posterioridad, en declaraciones a Radio Infinita, Villarino manifestó que “yo creo que el ministro no querrá correr la suerte de la reforma tributaria de nuevo. Está haciendo un esfuerzo adicional para llegar a un acuerdo y parece que no lo genera, afortunadamente para el sector minero y para quienes trabajan en ello”.

En tanto, el presidente (s) de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña, calificó como “decepcionantes” las indicaciones sobre las que informó Hacienda la semana pasada.

“Estábamos confiados en que la autoridad económica hubiese entendido nuestra inquietud sobre el impacto que tendrá el royalty en la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente las inversiones futuras”, sostuvo Argandoña, por medio de un comunicado.