Hoy es un día clave para el proyecto de ley Sala Cuna Universal. Esto, porque el Ejecutivo presentará ante la Comisión de Trabajo del Senado una indicación para dar fin a la controversial disputa por la administración del Fondo Solidario y el ente que estará a cargo de gestionarlo.

La propuesta que ingresaría el gobierno apunta a que la administración de ese fondo sea licitada a privados ya existentes, tales como la Administradora de Fondo de Cesantía o las cajas de compensación. Esto, principalmente por el menor costo que significa, ya que según cifras del Ejecutivo el desembolso total sería de $4.180 millones anuales. De declararse desierta la licitación, la administración del fondo caería en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Fuentes del gobierno confían en que su propuesta será bien recibida en la comisión, ya que durante la semana pasada sostuvieron conversaciones con los parlamentarios de oposición para ir socializando esta iniciativa. Ello, porque el plan del Ministerio del Trabajo es lograr despachar todo el proyecto durante la jornada de hoy, con el objetivo de comenzar a analizar la próxima semana el proyecto de adaptabilidad laboral.

Otra de las fórmulas que estuvo sobre la mesa de opciones, principalmente porque la oposición lo pedía, era que el fondo solidario fuera administrado por el Consejo Administrador de los Seguros Sociales (Cass). Sin embargo, esta idea fue perdiendo fuerza por la complejidad de dejar amarrado algo a una entidad que todavía no comienza a operar.

El proyecto considera que el financiamiento del acceso a sala cuna estará a cargo del empleador a través de una cotización del 0,1% que irá a un Fondo Solidario Universal. Este aporte será evaluado cada dos años, pudiendo subir sólo hasta 0,4% de ser necesario.

Antes de llegar a esta definición se analizaron dos modelos adicionales. El primero, optaba por crear una nueva entidad privada, pero su costo era elevado y sumaba $12 mil millones anuales. El otro, apuntaba a dejar el fondo en manos del Instituto de Previsión Social (IPS), el cual tendría un costo de $5.200 millones anuales.