Ayer fue un día clave para el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, ya que tras varios intentos y acercamientos con los parlamentarios de oposición, el Ejecutivo logró presentar una indicación para dar fin a la controversial disputa por la administración del Fondo Solidario y el ente que estará a cargo de su gestión.
Así, la propuesta que ingresó el gobierno apunta a que la administración de ese fondo sea licitada a privados ya existentes, tales como la Administradora de Fondo de Cesantía o las cajas de compensación. Esto, principalmente por el menor costo que significa, ya que según cifras del Ejecutivo gastaría $4.180 millones anuales. La indicación también contempla que de declararse desierta la licitación, la administración del fondo recaería en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Según fuentes cercanas al proceso, luego de presentada la indicación que pone nombre al ente administrador, los acercamientos entre las partes han sido escasas, aunque desde el Ejecutivo se espera que la senadora Carolina Goic (DC) sea la pieza clave en la aprobación de esta indicación.
En la sesión, el Ejecutivo y los parlamentarios también acordaron terminar de votar los artículos restantes entre martes y miércoles de la próxima semana, y así poder despachar el proyecto a la próxima instancia legislativa y empezar de inmediato a discutir la propuesta de adaptabilidad laboral.
