En mayo pasado se aprobó la ley que reajusta el salario mínimo de manera escalonada hasta llegar a los $500 mil. El primer incremento fue desde $410 mil a $440 mil, desde el 1 de mayo. El siguiente será a $460 mil desde el 1 de septiembre de 2023. Además, en caso de que la inflación acumulada durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10 mil el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 a dicha fecha, para llegar en julio de 2024 a los $500 mil.
En paralelo, el gobierno incluyó un subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de ayudarlas a solventar el alza salarial. Se trata de un beneficio dirigido a las empresas de menor tamaño, es decir mipymes, cooperativas, personas jurídicas sin fines de lucro (fundaciones) y comunidades, que dentro de su dotación se encuentren trabajadores que reciban el salario mínimo vigente. El monto otorgado variará según el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana) y el mes en el que se entregue.
Esta política pública, que comenzó en la negociación del salario mínimo del año pasado, generó debate en su momento entre los expertos, quienes en general no son partidarios de este tipo de instrumentos, que por lo demás casi ningún país lo utiliza tal como está diseñado en Chile.
De hecho, un análisis comparado realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), mostró que Chile es el único país de la región que tiene este tipo de subsidios. Ahora, si el análisis se extiende a los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sólo Canadá lo aplica.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, entre mayo y julio el fisco ha gastado $30.604 millones en subsidios a las mipymes para pagar el salario mínimo. Este monto abarca un universo de 129.618 empresas y a 448.864 trabajadores. Para este año, el gobierno tiene contemplado un costo fiscal de $130 mil millones. De acuerdo a cálculos que ha hecho el propio gobierno se espera abarcar un universo de 170 mil mipymes que reciban este subsidio.
Ahora bien, desde el 1 de mayo de 2022, hasta el 31 de marzo de este año, el fisco ha gastado $109.140 millones, unos US$ 137 millones en subsidios a las pymes para pagar el salario mínimo. Este monto abarca un universo de 131.733 empresas y 393.890 trabajadores.
La visión de las pymes
Entre los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas no hay una visión única. Si bien el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, valora el esfuerzo que hizo el gobierno con la entrega de este subsidio, sostiene que “se trata de un apoyo insuficiente porque las mipymes están en situación de crisis, donde se ha producido un desacople entre nivel de gasto e ingreso de las empresas, lo que genera que muchas empresas no estén pudiendo cumplir sus obligaciones o que incluso se vayan a la quiebra”.
Para Swett, “el año pasado sólo un 50% de total de mipymes que clasificaban para este subsidio lo utilizaron, por lo que creemos que falta difusión para que más empresas se enteren del mecanismo, en ese sentido los gremios debemos contribuir. Lo ideal es que todas las empresas de menor tamaño postulen para que no se vean obligadas a despedir trabajadores o cerrar sus puertas”.
Rodrigo Bon, director Ejecutivo de la Comunidad Empresarial Propyme, añade que el hecho que hasta la semana pasada habían postulado más de 129.600 mipymes al subsidio para el salario mínimo por medio de la plataforma dispuesta desde el Servicio de Impuestos Internos, “nos hace ver que existe una necesidad concreta por parte de las Mipymes en poder sumar todas las ayudas que se puedan, para sortear la crisis que vive nuestro sector en la actualidad”.
Bon afirma que, en ese pacto por el salario mínimo, además del subsidio había otros nueve puntos que se acordaron. Uno de ellos era la extensión de la Tasa del 10% y del 12,5% para el impuesto de primera categoría a empresas acogidas al régimen ProPyme durante 2023 y 2024; garantizar la participación de un miembro del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño en el Consejo Superior Laboral; extender hasta marzo 2024 el beneficio de alivio de deuda tributaria entre otras. “Todas las anteriores medidas han sido cumplidas, por lo cual entendiendo que nuestro petitorio no fue menor, hasta la fecha haciendo el balance entre lo comprometido y lo pendiente, lo evaluaría como positivo”, puntualiza.
Gianina Figueroa, presidenta de la Unapyme, sostiene que “el mecanismo ha sido expedito para 129 mil empresas que hasta la fecha han podido postular al beneficio, llegando a casi 449 mil trabajadores y trabajadoras”.
La dirigenta menciona que “para las pymes donde trabaja la inmensa mayoría con un 13% de las ventas totales, sin duda los efectos de la crisis han sido brutales, por lo que este subsidio sin duda colabora para enfrentar el alza del mismo, pero no es una solución para el desarrollo y no enfrenta el gran problema, el acceso a los mercados y la redistribución de la riqueza”.