La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) instaló en el debate su propuesta de subir el salario mínimo a $630 mil hacia fines del período del gobierno de Gabriel Boric. Esto es, marzo de 2026. Este monto implica un alza de 26% en relación a los $500 mil a los que llegará a mediados del presente ejercicio.
En la negociación de abril de 2023, se acordó un alza gradual para el ingreso básico. Subió de $400 mil a $440 mil el 1 de mayo de 2023; luego, a $460 mil el 1 de septiembre de 2023 y ahora el 1 de julio 2024 alcanzará los $500 mil, cumpliendo así el gobierno su promesa de campaña. Antes en el primer año de gobierno el ingreso subió de $350 mil a $380 mil.
“Se debe generar un salario vital, que alcance para vivir. Hoy día la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas está en $603 mil. Es un mínimo que necesitamos y eso es lo que vamos a comenzar a impulsar en la próxima negociación”, afirmó el presidente dela CUT, David Acuña el martes a Pulso.
Si bien para esta negociación no se hablará propiamente tal del monto, ya que la vigencia de los $500 mil desde julio se extiende hasta abril de 2025, cuando el gobierno deba volver a ingresar un proyecto de ley con montos fijos de alzas, la intención de la multisindical es sembrar ya ese monto en la discusión para poder así lograrlo en la próxima negociación.
Este planteamiento tuvo diversas reacciones en el sector empresarial y entre los economistas que siguen el mercado laboral, quienes en su mayoría rechazan que se eleve en esa magnitud el salario mínimo.
Uno que alzó la voz fue el presidente de Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien criticó la ausencia de parámetros técnicos para hacer esta propuesta. “En qué se basa una propuesta como esa, que antecedente técnico hay detrás. Nosotros hemos planteado que llevamos más de 10 años sin mejorar la productividad. El mejor mecanismo para aumentar los salarios es el crecimiento económico y el aumento de la productividad. Hablar de $630 mil sin tener elementos que apunten a mejorar la productividad de los trabajadores pasa a ser una medida que no tiene sustento técnico. Tendría un impacto muy importante en la micro, pequeña y mediana empresa”.
José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), sumó argumentos en contra de esta idea: “Sorprende que se esté tratando de instaurar tan anticipadamente una propuesta como si fuese la única alternativa. Atravesamos un período en que las empresas están enfrentando cambios importantes y no sólo en materia económica, sino también organizacional, con mayores costos y desarrollo de procesos y en que la incertidumbre es la peor enemiga”. El dirigente empresarial, añadió que “creemos que intentar adelantar una discusión de esta forma es irresponsable y sólo genera la sensación de que es cada vez más difícil la tarea de emprender en Chile”. Por ello resalta que “el camino para lograr mejores sueldos debe ir por la reactivación de la economía y el crecimiento económico, junto con el incentivo al emprendimiento formal”.
Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de Sofofa, también lo ve como algo negativo dado el contexto económico actual: “El gran problema que tenemos es el de una economía estancada en materia de inversión y de empleo. El Banco Central en su último Ipom estima que el crecimiento del PIB tendencial no minero se irá reduciendo a lo largo de los próximos años, para promediar 1,9% en el período 2024-2033. En este escenario, ¿es sostenible pensar en un crecimiento del salario mínimo de 26% nominal en los próximos dos años? Esto en un contexto en que la productividad sigue mostrándose estancada y el reciente incremento de los salarios reales se debe principalmente a la convergencia de la inflación”.
La mirada de las pymes
Los reparos también llegaron de parte de los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. Coinciden en que la situación económica no se condice que un aumento de esa magnitud.
Verónica Contreras, vicepresidenta de Conapyme aseveró que “Demuestra un total desconocimiento por parte del presidente de la CUT de la realidad de las mipymes, al parecer desconoce que no logramos levantar cabeza aun y eso que todavía no llegamos a la implementación de los $500.000. Parece que este señor (Acuña) no sabe de otros problemas que enfrentan los trabajadores, su caballito de batalla es el salario mínimo”.
Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, apuntó que es “inexplicable plantear una propuesta tan populitsta con niveles actuales de endeudamiento que tienen las mipymes considerando que los subsidios al salario mínimo son absolutamente insuficientes”.
Otro al que no le pareció bien la propuesta fue Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, quien agregó que “seguir pensando que el progreso viene por decreto, es lisa y llanamente una irresponsabilidad. Pretender seguir cargándole la mano a miles de pymes no solo no es justo, sino que es una pésima señal de desconexión brutal con la realidad. Es de esperar que esta demanda solo quede ahí. De lo contrario sería la lápida para miles de emprendimientos y pymes”.
Desde Unapyme, su presidenta, Gianina Figueroa, mencionó que “el anhelo de una mejor prosperidad es compartida por las pymes. Si bien no tenemos detalles de esa propuesta se debe entender nuestra economía, el rol que juegan las pymes en la redistribución del ingreso y las fallas estructurales que tiene”. Por ello, el terminar “el gobierno con un salario mínimo de $630 mil requiere un debate más profundo donde no se debe eludir la concentración, la distribución de la riqueza, y la participación en los mercados”.
Los expertos en contra
A nivel de economistas, la propuesta tampoco es bien mirada, puesto que consideran que “es un salario desalineado con la productividad laboral”, generando impactos negativos a la economía.
El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, entrega datos para el análisis: “Un reajuste del salario mínimo a $630 mil de aquí a 2 años más implica un incremento real, es decir, descontada la inflación, en torno al 19%. Dado que la productividad laboral no crecerá 19% en ese período, ello implicaría un reajuste del salario mínimo desalineado con el crecimiento de la productividad laboral”.
En ese sentido, puntualiza que “de no implementar ninguna medida esto se traduciría en impactos negativos sobre la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, particularmente en aquellos segmentos de menor experiencia y menor nivel educativo.
Bravo acota que “si no se implementan medidas paliativas habría un efecto negativo sobre la empleabilidad de aquellos segmentos con menor experiencia y menores niveles educativos”. Ahora bien, añade que “de concretarse dicho monto el aumento del salario mínimo (durante el actual gobierno) estaría en torno al 44% en términos reales, es decir, ya descontada la inflación”.
Por su parte, el director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la UC, David Bravo, dijo que “la propuesta denota falta de comprensión de cómo funciona la economía. Parece ser una segunda temporada del capítulo del paguen más o del voluntarismo ingenuo que se traduce en políticas erradas”.
David Bravo acotó que esta propuesta está “profundamente equivocada, es imprudente y técnicamente irresponsable cuando quienes ganan el salario mínimo concentran los grupos que aún no recuperan el empleo prepandemia. Creo que todas las instituciones que participan en estos debates deben tener la responsabilidad de sustentar técnicamente sus propuestas”.
Y Tomás Flores, economista de LyD, suma reparos: “Claramente un incremento del salario mínimo en esa magnitud , en el contexto de escaso crecimiento económico en el que se encuentra Chile, generaría un mayor desequilibrio en el mercado laboral, aumentando el desempleo y la informalidad”.