El martes en la mañana el gobierno y la mesa del sector público comenzarán a negociar “en serio” el reajuste salarial. Si bien ya hubo una primera reunión entre Hacienda y las 16 asociaciones de funcionarios fue meramente formal, ya que no hubo avances de ningún tipo. En esa instancia los trabajadores socializaron su propuesta que incorpora, entre otros puntos, un alza del 7,5% nominal al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Con ese marco de fondo, la discusión se centra en cómo han ido subiendo las remuneraciones del sector público en comparación con la media nacional. En la última década (entre 2010 y 2020), de acuerdo con cálculos de Pulso, en base a cifras del INE y los reajustes anuales, los ingresos del sector público acumulan un alza nominal de 53,9% (considerando los reajustes acordados y convertidos en ley), mientras que en el promedio de la economía los sueldos han experimentado en ese mismo período un aumento del 75,2%.

No obstante, esa relación cambia al analizar los montos de los ingresos mensuales. Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) de 2020, que elabora el instituto Nacional de Estadísticas (INE), el ingreso promedio de los trabajadores públicos era de $ 964.453 mientras que el ingreso promedio del total del país es de $ 635.134, es decir, 1,5 veces más reciben los funcionarios de la administración fiscal. Esta tendencia no es reciente, sino que se mantiene desde al menos 2014, con una relación de entre 1,4 a 1,5 veces a favor de los empleados públicos.

El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, explica que se debe analizar con cuidado la diferencia de ingresos entre ambos sectores. Esto, porque existen distintos niveles en cuanto a la capacitación y el nivel educacional. Según señala el economista, de acuerdo con las últimas cifras disponibles, del trimestre julio-septiembre 2021, el 66,8% de los asalariados del sector público posee educación superior completa, mientras que entre los asalariados del sector privado, solo el 36,4% posee ese nivel educativo.

“Debido a esta diferencia de composición del empleo con una prevalencia mucho mayor de personas con educación superior completa entre los asalariados del sector público es esperable que, al tomar los promedios globales, los niveles de salarios sean mucho más altos en este segmento en comparación a los asalariados del sector privado”, sostiene Bravo. Según sus cálculos, el ingreso de un asalariado sector privado con educación superior completa es $ 999.491, mientras que el del sector público con educación superior completa llega a $ 1.125.791. Pero, además señala que al ajustar eliminando el subempleo en los trabajadores de más alta calificación, esto es, comparando en el subgrupo de personas con alta calificación que realmente se emplean en un puesto de ese tipo, las diferencias prácticamente desaparecen. Así, las brechas principales estarían en los trabajadores con educación menor a la universitaria completa.

Otro punto que resalta es el tamaño de la empresa. “Los asalariados del sector privado trabajan en empresas de distintos tamaños: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas”.

Mauricio Tejada, académico de la Universidad Alberto Hurtado, centra su análisis en que ambos “tienen reglas distintas”. Argumenta que las reglas de contratación son diferentes y los objetivos que se trazan también. “La empresa privada busca mejorar sus ventas, pero el Estado busca ciertos objetivos y por ello los requerimientos también son diferentes”. Además, sostiene que “en el sector privado los de mayor calificación pueden negociar, en cambio los de menor calificación no tienen esta capacidad, en cambio en lo público tienen distintos grados y una mayor negociación”.

La negociación que se avecina

El propósito que tenían los trabajadores era evitar lo sucedido el año pasado, cuando la discusión se extendió hasta fines de diciembre, dejando con sabor amargo a los dirigentes, quienes alegaron que lo ofrecido no alcanzaba a mantener el poder adquisitivo, pero lo aceptaron dado el contexto de pandemia. Sin embargo, ahora con la propuesta de un reajuste del 7,5% nominal quieren recuperar lo perdido en la negociación de 2020. Y por ello, querían adelantar las reuniones para tener más tiempo para alcanzar un acuerdo con el gobierno. Sin embargo, eso no fue aceptado por Hacienda que desde el primer momento programó esta negociación para cuando el Presupuesto 2022 estuviera despachado del Congreso. Eso tendrá lugar el lunes 22, y por ello, la primera cita se realizará el martes por la mañana.

En 2020 el reajuste entregado fue del 2,7% nominal para rentas de hasta $ 2 millones y del 0,8% nominal para quienes reciban ingresos por sobre ese monto. Cuando se negoció el reajuste, la inflación anual era del 2,7%, por lo que el alza real fue del 0% para quienes tuvieran ingresos hasta $ 2 millones, y negativa para las rentas sobre $ 2 millones.

Un reajuste similar esta vez no será aceptado, dice José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (Anef) e integrante de la mesa negociadora. “Nosotros le entregamos hace varias semanas el pliego de peticiones con materias bien concretas y por eso esperamos que las respuestas sean igualmente concretas respondiendo los puntos planteados”, dice Pérez, quien añade que no es aceptable que por segundo año consecutivo se les vaya a entregar un reajuste que ni siquiera sirva para mantener el poder adquisitivo, tal como sucedió el año pasado con algunos funcionarios de rentas superiores a $ 2 millones.

Los expertos afirman que dado el contexto actual es poco probable que se pueda alcanzar un reajuste como el que los trabajadores están solicitando, por ello, indican que en el mejor de los casos podría estar en línea con la inflación y así mantener el poder adquisitivo.

Juan Bravo comenta que “de acuerdo con las últimas cifras del INE, el índice de remuneraciones está creciendo al 5,7% anual, por lo que el reajuste de 7,5% sería superior a lo que está ocurriendo a nivel general”. En ese sentido, dice que “considerando que se requiere hacer importantes esfuerzos para lograr la consolidación fiscal en el mediano plazo el reajuste debería ser cercano a la inflación anual, de manera de poder compensar por el alza del costo de la vida”.

Por su parte, Mauricio Tejada añade que “es razonable pensar en un reajuste que al menos mantenga el poder de compra de las personas”. No obstante, asevera que “el problema es que la inflación está aumentando y eso generará un reajuste alto si es que el gobierno va en la línea de lo que piden los trabajadores, pero esto implicará más recursos”. Por ello, para Tejada, “lo razonable es mantener el poder adquisitivo de las personas, ir más allá no me parece responsable”.

Según el INE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre tuvo un alza del 1,3% ubicándose sobre las expectativas del mercado que esperaban entre el 0,8% y el 1%. Con ello, la inflación acumula entre enero y octubre un alza del 5,8% y el 6% en 12 meses. Así, si en la negociación se considera la inflación pasada, para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores se debería ofrecer un reajuste del 6% nominal, lo que se traduce en un 0% real, mientras que si se aceptara la propuesta de los trabajadores, el reajuste sería del 1,5% real.

Otra alternativa es que en la discusión Hacienda fije como parámetro la inflación futura considerando, por ejemplo, la proyección que tiene el Banco Central para el próximo año, que para diciembre se sitúa en el 3,5%. Si es así, el gobierno apuntaría a una cifra bastante menor que la solicitada por los trabajadores. El escenario hoy está abierto, pero dada las posturas, es poco probable que se alcance un acuerdo y que el proyecto pueda estar aprobado antes del 1 de diciembre, fecha en que comienza a regir el nuevo guarismo. Por lo que todo indica que, tal como sucedió el año pasado, comience a regir de manera retroactiva.