Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir en la Región de Magallanes, Nova Austral solicitó su reorganización para reestructurar su pasivos, asegurar la continuidad operacional de la compañía y el servicio de su deuda financiera.

En su presentación, la compañía asesorada por Carey, sostuvo que es “líder en la producción y el procesamiento de salmón de alta calidad dentro de la industria salmonera chilena, que opera en la región de Magallanes y la Antártica Chilena desde hace más de 15 años”.

Sin embargo, a pesar de su relevancia en la zona austral del país, el desempeño de la compañía se ha visto afectado por una serie de factores y situaciones excepcionales que, en los hechos, le han impedido el normal desarrollo de su giro como también el cumplimiento de sus proyecciones y compromisos con sus acreedores.

En el escrito, la compañía de capitales noruegos detalló que sus pasivos suman US$559millones ($449.636 millones). Los tres mayores acreedores son: Nordic Trustee (US$415 millones); DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones).

Los acreedores financieros representan el 89% de la deuda y los proveedores nacionales con 10%, luego siguen proveedores extranjeros con 0,09%.

Al mismo tiempo, detalló los motivos que la llevaron a su reorganización: El “endurecimiento del estándar fiscalizador”; la falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la compañía”; la “invalidación de autorizaciones para relocalizar centro de cultivo” y la “emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile”.

En el documento al que tuvo acceso Pulso, Nova Austral sostuvo que “la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”) aplicó sanciones a Nova Austral sin precedentes en la historia de la industria. En efecto, la SMA revocó permisos ambientales de centros de engorda salmónidos de Nova Austral muy relevantes para su operación, mientras que Sernapesca aplicó duras sanciones que limitaron las cosechas de otros de sus centros. Se suma a lo anterior, la retención por parte de la justicia de recursos por gratificaciones correspondientes a la Ley Navarino, que superan los $7 mil millones de pesos. Todo lo anterior ha significado una disminución de la producción de la compañía a un tercio respecto de lo que era hace unos pocos años, lo que evidentemente ha afectado el flujo de la compañía y ha dañado su capacidad para cumplir los compromisos con sus acreedores”.

En esa línea, agregó que “las duras sanciones aplicadas por la autoridad no han tomado en consideración las acciones proactivas de Nova Austral para asegurar una operación respetuosa con el entorno, la regulación y el medioambiente. Desde hace cuatro años que Nova Austral cuenta con una administración totalmente renovada, que se ha preocupado de corregir procesos y reforzar controles internos para elevar al máximo sus estándares éticos y de cumplimiento, con acciones que incluyen la creación de una gerencia de compliance normativo como también la implementación de un canal de denuncias gestionado por una entidad independiente. Estos, y otros importantes esfuerzos operativos, le han permitido a Nova Austral recuperar las certificaciones acuícolas más exigentes de la industria (BAP y ASC), que se otorgan con auditorías externas, y que garantizan una producción de salmones con los mayores estándares medioambientales y de sostenibilidad”.

Igualmente detalló que “en el último tiempo, por medio de procedimientos judiciales, se dejaron sin efecto una serie de Resoluciones de Calificación Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de las cuales se habían aprobado proyectos que buscaban relocalizar centros de cultivo de Nova Austral. Lo anterior afectó seriamente la producción de la compañía, pues para poder relocalizar parte de sus concesiones actuales deberán gestionarse nuevamente los trámites necesarios desde cero, con las implicancias de tiempo, costo e incertidumbre que ello genera”.

“La emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile y en el mundo, así como factores económicos internos y externos, han influido de modo tal que se ha provocado un aumento generalizado de los insumos, incremento de costos, fletes, mano de obra, así como también han implicado, lamentablemente, el cierre de algunos mercados relevantes para la compañía”, concluyó.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es “seguir operando, y evitar que se vean afectadas miles de familias de la región que dependen de la compañía para su sustento, los accionistas han hecho un gran esfuerzo evaluando opciones, buscando alternativas de financiamiento y proponiendo acuerdos a sus distintos acreedores con el objetivo de superar la complicación momentánea por la que pasa Nova Austral. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible encausar las diversas posiciones e intereses en juego para lograr un acuerdo global que permita reestructurar las deudas netamente financieras y asegurar la continuidad operacional de la compañía”.