Las esquirlas de Nova Austral están golpeando a la industria salmonera. La caducidad de cuatro concesiones de la salmonera de origen noruego por parte de las Fuerzas Armadas en junio pasado, agravó la situación que está viviendo la industria y que hoy la tiene en conversaciones con Contraloría para evitar perder cerca de 400 concesiones que el sector no opera.

Se trata de la interpretación que hace el equipo que lidera Jorge Bermúdez del artículo 142 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que indica que es causal de caducidad de las concesiones el no iniciar operaciones de los centros de cultivo dentro de un plazo de un año contado desde la entrega de la concesión o autorización.

Esta definición es la que defiende Contraloría. Sin embargo, la industria opera según lo estipulado en el Reglamento Sanitario para la acuicultura (RESA), que establece planes de manejo para un conjunto de concesiones que permite que ellas descansen por un período cercano a los dos años sin riesgo de caducar.

Pronunciamiento

Por esta discrepancia hoy las salmoneras están operando la totalidad de sus concesiones con mínimas cargas, esto es el 5% de la biomasa autorizada, lo que levantó las alarmas en el sector por el riesgo sanitario que implica tener más peces en el agua y también por el impacto en los costos que implica la medida.

"Esto es meter plata en el agua, porque mantener una concesión con el mínimo de peces implica un costo de US$ 400.000 por concesión, inversión que se pierde porque esos peces no se cosecharán", explica un ejecutivo del sector. Esto, porque se trata de peces llamados "cuneta", los que no son de la mejor calidad.

El tema tiene a la industria solicitando un nuevo pronunciamiento por parte de Contraloría.

"Para SalmonChile el tema de las caducidades es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. El problema con la caducidad tiene que estudiarse seriamente y debe ser abordado para que no genere un efecto negativo ni en lo económico ni en lo medioambiental", explica el presidente del gremio, Arturo Clement.

Para el actual presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Oscar Garay, "este es un golpe duro para la industria, ya que los planes de manejo ya no corren y esto obliga a las empresas a utilizar todas sus concesiones, lo que afectará las futuras siembras". Agrega que en agosto solicitaron una reunión con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, para hablar del tema, aunque finalmente fueron recibidos por el subsecretario de Pesca, Román Zelaya, quien indicó que estudiarán el tema.

En Subpesca, en tanto, indican que "como órganos de la administración del Estado somos respetuosos de nuestra institucionalidad y, en consecuencia, adoptamos plenamente las decisiones que nos ordena nuestro órgano contralor".

La industria cuenta con 1.300 concesiones otorgadas, pero de ellas cerca de 500 están en operación constante y el resto entra y sale del sistema, según el plan de manejo que opera en cada centro. Pero hoy ese descanso es el que está en tela de juicio.