En mayo entró en vigencia la ley de Pago Oportuno. Si bien su objetivo apunta a mejorar el comportamiento tanto del sector público como privado, las cifras todavía no reflejan un cambio en la conducta que dé cuenta de una agilización en el pago a los proveedores, toda vez que su implementación total recién concluirá en 2021.

De hecho, en el sector público los reclamos por retrasos en pagos el primer semestre se dispararon 40% respecto al mismo período del año pasado, sumando 27.661. Esta alza es superior al 32% que anotó en el mismo lapso de 2018 en relación a enero-junio de 2017.

De acuerdo con cifras de Chile Compra, el sector salud concentra el 53% de los reclamos generados en el período (14.624), seguido por municipalidades con 33% (9.172) y en tercer lugar las Fuerzas Armadas con 7% (1.839).

El año pasado la tendencia fue similar: salud fue responsable del 45% de los reclamos, seguido por los municipios con 40% y en tercer lugar gobierno central y las universidades, con 6,6%.

Sobre el tipo de empresas que ingresa los mayores reclamos de órdenes de compra al sistema, el 79% corresponde a proveedores pertenecientes a la micro, pequeña y mediana empresa.

En cuanto a los montos reclamados en órdenes de compra en el primer semestre de 2019, ascienden a US$17.746.679 (0,34% del total transado en el período), en comparación al primer semestre del 2018, donde correspondieron al 0,21% del total transado en ese lapso.

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sostuvo que "la Ley de Pago a 30 días lo que pretende es establecer como patrón de conducta el que los pagos se hagan en un plazo inferior a 30 días y eso corre tanto para el sector privado como para el sector público. Desde el 16 de mayo está vigente y en ese plazo deben hacerse los pagos". El secretario de Estado no descartó que perfeccionamientos y ajustes a la Ley de Pago a 30 días ante denuncias de que se estaría extendiendo el plazo de pago al techo de 60 días.

Añadió que "están todas las condiciones disponibles para que, en caso de que no se hagan los pagos, los afectados puedan reclamar lo que la ley indica, que son los intereses a partir de los plazos correspondientes". Puntualizó que "se están estudiando los perfeccionamientos, ajustes o cambios legales que sean necesarios introducir para cautelar el espíritu de la ley: que las compras no se paguen a más de 30 días. No hay ninguna razón para que se extienda más allá el pago".

Qué dice la ley

La nueva legislación señala que el plazo máximo de pago para el sector público es 30 días corridos. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer hasta 60 días corridos en las bases de licitación respectivas. Las compras efectuadas por lo municipios, salud y Cenabast se incorporarán a estas disposiciones a partir de 2021.

Para los privados el plazo es de 60 días hasta 2021, cuando se reduce a 30 días.