No hay duda de que una parte importante de la población de la comuna de San Ramón cabe en la clásica definición de "vulnerable" a la luz de sus indicadores socioeconómicos. Y para ahondar en su estigmatización, las denuncias contra el alcalde y funcionarios municipales por posibles vínculos con el narcotráfico han servido como chivo expiatorio frente al tema de fondo: no sólo San Ramón es vulnerable, toda institución pública o privada es potencial presa de redes delictivas asociadas al tráfico de drogas.

Pretender circunscribir el problema a una sola comuna es una simplificación irresponsable y en extremo simplista para no hacerse cargo de la vulnerabilidad a la que están expuestas todas las comunas, todas las instituciones públicas y toda organización que podría ayudar a darle apariencia de legalidad a los dineros obtenidos producto del narcotráfico.

Si se llegara a comprobar que bandas narcotraficantes permearon a San Ramón, ¿qué nos hace pensar que esto ya no ha ocurrido en alguna otra municipalidad? ¿Y los Ministerios? ¿Y los bancos? ¿Y las aseguradoras? ¿Y las farmacias? Y un largo etcétera. Dado el nivel de especialización que van adquiriendo las bandas asociadas al narcotráfico y en especial en sus mecanismos cada vez más sofisticados para lavar activos, es perfectamente posible y esperable que esto esté ocurriendo en muchos organismos y variados sectores de la economía.

Así, la vulnerabilidad se convierte curiosamente en un concepto que une a los vecinos de comunas que deben sufrir la actividad de delincuentes y a organizaciones -como empresas o municipios- que están expuestos y "vulnerables" a la intrépida actividad de bandas que buscan los espacios para reintegrar a la economía, dineros que han sido obtenidos de actividades ilícitas. Eso corre para municipios, gobiernos, empresas y sí, también para partidos políticos.

El combate a la corrupción y al narcotráfico no puede ser banalizado como una lucha entre buenas y malas personas. Eso es útil para debates de corto plazo, de política chica y que suelen alimentar la guerra de trincheras en redes sociales o entre coaliciones políticas. Este es un asunto que necesariamente debe mirarse desde una perspectiva sistémica donde el acento se ponga en cómo acabar con los incentivos inadecuados que llevan a que personas comunes y corrientes también se comporten de manera inadecuada. Y de esto, nadie está libre.