El día de San Valentín es por excelencia, el día de las promesas y los compromisos. Y es en el terreno de lo comprometido que esta fecha nos debiera recordar los acuerdos que asumimos como país a causa de los eventos que siguieron al 18-O, en particular, los que surgieron como respuesta frente a ciudadanos que demandaban veracidad, empatía y coherencia de sus representantes.

En este contexto, y dado que nuestra institucionalidad atraviesa por la mayor crisis de confianza de que se tenga memoria, uno hubiera esperado algo más de congruencia por parte de quienes han sido señalados como los principales responsables: la clase política. Sin embargo, la lección parece no haber sido aprendida. En cosa de días, pasamos de la urgencia de las demandas sociales a la "necesidad" de una nueva Constitución, generándose expectativas que solo incrementarán la frustración de la ciudadanía.

Las constituciones no son expresiones de políticas públicas y tampoco decálogos inagotables de derechos que no pueden garantizar menor desigualdad. Por el contrario, el riesgo está en que no sea posible satisfacer jurídicamente su cumplimiento, sin caer en lo que se ha denominado "activismo judicial".

Desde hace décadas nuestra democracia ha transitado dentro de la institucionalidad que establece la Constitución y desde esta perspectiva debemos valorar su eficacia dando espacios concretos a la alternancia en el poder, garantizando el orden y la prevalencia de la voluntad soberana, con permanente resguardo de las libertades individuales que, junto con el crecimiento económico sostenido y políticas públicas adecuadas -pero perfectibles-, han permitido la expansión de los derechos sociales y económicos.

No podemos entonces, darnos el lujo de desechar un sistema que proporciona la estabilidad que incentiva la inversión y el desarrollo, que establece normas y principios que han estructurado la economía de nuestro país permitiendo una mejora significativa de la calidad de vida de los chilenos.

La ciudadanía exige avanzar en mayor igualdad y equidad. Debemos ser responsables y precisar que eso no pasa por culpar al orden público económico de las desigualdades. Se trata más bien de lograr un diálogo serio que se traduzca en reformas con sentido de urgencia y visión de futuro; mejorar la forma de hacer políticas públicas y lograr un Estado eficiente, moderno y transparente.

Hoy es un buen día para valorar nuestro país y comprometernos a hacer las cosas bien.