Continúa el enfrentamiento entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Sartor.

El martes el regulador formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra de la firma, actualmente en liquidación, y de ocho de sus exdirectores y ejecutivos, incluyendo a quien fuera su controlador, Pedro Pablo Larraín Mery, y a quien hoy preside Azul Azul, la sociedad concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile, Michael Clark.

Este miércoles la complicada administradora general de fondos respondió y anunció los pasos a seguir, a través del abogado Jorge Cabrera.

“En los próximos días y dentro de plazo, vamos a presentar los descargos que confirmarán que la intervención del liquidador de la CMF ha sido ilegal, abusiva y sin debido proceso, causando un gran perjuicio a aportantes chilenos a costa de un traspaso de beneficios al grupo peruano Credicorp, que intentó realizar una toma de control hostil y al que hemos demandado en arbitraje”, dijo el abogado de Winter Etcheberry.

De acuerdo al defensor, la primera lectura de los cargos demuestra que los préstamos a relacionados “sí están permitidos en la ley chilena, que generaron beneficios a los aportantes, que se cumplieron los reglamentos y que los hechos descritos se relacionan con eventuales faltas o supuestas negligencias, más que otras cosas. Vamos a demostrar en los descargos que la información que se entregó al mercado fue la misma que validaron el regulador y los auditores, entre otros”.

La Unidad de Investigación de la CMF informó el martes al consejo de la entidad del inicio de “un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Sartor Administradora General de Fondos S.A., en liquidación; y a Pedro Pablo Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Oscar Ebel Sepúlveda, Miguel León Núñez, Mauro Valdés Raczynski, Rodrigo Bustamante García y Juan Carlos Jorquera Salhus”.

Aunque estos procedimientos tienen carácter de reservado, el consejo de la CMF resolvió hacerlo público “con el fin de velar por la fe pública y el interés de los inversionistas comprometidos en este caso”, señaló.

Los hechos y pruebas recabados no fueron detallados, pero sí se hizo presente que los cargos se refieren a hechos ocurridos antes de que Sartor AGF fuera intervenida, a fines del 2024.

La lista de acusados la encabeza Pedro Pablo Larraín, quien fundó Sartor en 2016, controlaba el 49 % de la firma y era su presidente cuando fue intervenida, después de que la propia CMF en noviembre suspendiera los aportes a los fondos mutuos y de inversión que manejaba, y que luego denunciara que parte de los recursos administrados mediante estos fondos se usaban para financiar negocios de relacionados con Sartor.