Una agenda bastante apretada tiene por estos días el Congreso. Si bien los diputados de la Comisión de Hacienda tenían presupuestado escuchar audiencias este lunes sobre la ley corta de pensiones y tratar hasta total despacho el proyecto de ley durante este martes, lo cierto es que finalmente eso no ocurrirá, ya que los parlamentarios estarán abocados a la ley de Presupuestos durante toda la semana.

Pero no solo eso: el gobierno decidió no renovarle la urgencia a la iniciativa. Así lo explica el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, y señala que esto ocurre porque están preocupados por el impacto que puede tener el cuarto retiro de las AFP sobre el Pilar Solidario, lo que en definitiva generaría que tengan que volver a sacar cálculos sobre los potenciales beneficiarios que accederían y el costo fiscal que implicaría esta iniciativa.

“No es lo mismo la ley corta como está ahora, que una ley corta con un cuarto retiro aprobado”, comenta el titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social. Esto, considerando que con los tres retiros ya aprobados, la Superintendencia de Pensiones calculó que las personas que ya han girado todos sus ahorros son 3,8 millones de personas. Pero con un cuarto retiro, el regulador ha estimado que en total serían 5.611.477 afiliados y pensionados los que quedarían sin saldo.

Entonces, lo que estima el gobierno, es que de aprobarse un cuarto retiro, el Estado deberá desembolsar mayores recursos para financiar esta iniciativa, ya sea por personas que podrían calificar para la Pensión Básica Solidaria (PBS) o el Aporte Previsional Solidario (APS).

Así, Melero señala que quedaría un escenario incierto de aprobarse el cuarto giro, pues hoy no es posible determinar con certeza cómo cambiarían los mayores desembolsos que se deberán hacer y potenciales beneficiarios. “Lo que estamos haciendo es quitarle urgencia a la ley corta a la espera de ver qué pasa con el cuarto retiro, dado los impactos que tendría”, agrega el titular de la cartera.

Cabe recordar que el gobierno ya le había bajado un cambio a la tramitación de la ley corta de pensiones, pues el 4 de octubre le retiró la urgencia de discusión inmediata que tenía y le puso urgencia suma.

Ello, luego de las modificaciones que hicieron los diputados de la Comisión de Trabajo, donde cambiaron prácticamente todo el proyecto que había ingresado el Ejecutivo mediante indicaciones que el mismo secretario de la instancia advirtió que eran inadmisibles y, por ende, inconstitucionales. Hacienda incluso acusó que el proyecto quedó desfinanciado.

Y mientras se posterga la ley corta, la votación en general del cuarto retiro en la Comisión de Constitución del Senado se adelantó para este martes, pese a que se esperaba que ello ocurriera el miércoles. Esto también está explicado por la apretada agenda que tendrá el Senado en materia presupuestaria.

De esta forma, la votación en general del cuarto retiro en la Sala del Senado podría ser recién la próxima semana. Es más, podría postergarse el despacho total de la iniciativa hasta después de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre (ver política de La Tercera).

De todas maneras, este lunes sesionaron los senadores de la Comisión de Constitución, escuchando audiencias, donde acudió a presentar el presidente de la Asociación de Aseguradores, Mario Gazitúa. Frente a las preguntas de los parlamentarios, el ejecutivo respondió cuál, a su juicio, es la principal diferencia entre el primer retiro que se hizo de rentas vitalicias y este segundo que se está tramitando.

“Nosotros consideramos de la máxima gravedad el primero, se le hacía la pregunta al señor Joaquín Cortez, el regulador, respecto a su presentación, en la oportunidad pasada donde él minimizaba los efectos. Desde el punto de vista de la industria, debo señalar que hay más de 17 juicios en proceso, incluso algunos de los juicios directamente con nuestro regulador, y eso es porque esto tuvo un impacto. Tuvo un impacto en liquidez, y obviamente que tuvo impacto sobre el valor y nuestros compromisos en el largo plazo. La diferencia con el segundo, es que es tan radical la diferencia, que esto en términos sencillos es la pregunta de si queremos morir de a poco, o queremos morir rápidamente”, señaló Gazitúa.

Y agregó que “en el segundo claramente esto es un homicidio, porque no solamente afectamos a la industria aseguradora, y quiero ser bien honesto, son millones las personas que están cubiertas con nuestros seguros”.

Allí también dijo, sobre el primer retiro, que “estos US$1.100 millones (que se han pagado), y esto es muy importante, redujeron un 35% la liquidez de la industria. Hemos señalado que nuestras inversiones son de largo plazo, infraestructura, autopistas, puertos, mutuos hipotecarios a 30 años, lo cual el impacto que se produjo a la liquidez de la industria aseguradora fue significativo. Y ahora, en este nuevo proyecto de ley, desde el punto de vista de nosotros, es aún más grave y al infinito cada adelanto”.