Un fuerte traspié sufrió en su proceso de tramitación ambiental uno de los proyectos de energía renovable más grandes que lleva adelante Colbún. Se trata de la Central de Bombeo Paposo, iniciativa que combina almacenamiento, generación y transporte de energía, y que considera una inversión de US$1.400 millones.

El innovador proyecto busca construir dos reservorios de agua emplazados estratégicamente para aprovechar la condición geográfica de la localidad de Paposo, en la Región de Antofagasta. El primer embalse, ubicado en la costa, sería llenado durante el día por medio de una planta desalinizadora, y luego el agua sería impulsada por energía solar y eólica hacia el reservorio superior, ubicado a 1.500 metros sobre el nivel del mar, para que la gravedad permita recircular el agua durante la noche. La idea es aportar 800 MW de potencia y una generación anual de 1.800 GWh.

La iniciativa ya había sufrido un breve traspié al ingresar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicialmente a principios de junio, y tener que reingresarlo 11 días más tarde, tras ser desistido. Pero este lunes el golpe fue más duro: en una resolución firmada por Ramón Guajardo, director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, se puso término anticipado al procedimiento de evaluación, debido a deficiencias en la información relativa a la presencia de comunidades humanas, específicamente de Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI) del Pueblo Chango.

Según la información aportada por la empresa al SEA, se identificaron cuatro de estos grupos, y otras cuatro organizaciones de carácter pesquero y/o recolector artesanal no están inscritas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), “pero que sin embargo, reivindican una identidad Changa”, dice la resolución.

En esa línea, el dictamen apunta a la “omisión por parte del titular de dos GHPPI emplazados a una distancia aproximada de 500 metros de las obras del proyecto”, repercutiendo en la determinación del área de influencia de la iniciativa. Estas fueron identificadas, respectivamente, como “Comunidad Changa Estrella recolectores de La Playita”, y “Comunidad Indígena Pabla Almendares de Peralito, Salitre y Paposo”.

La resolución detalla que dichas comunidades “hacen uso del territorio en conjunto con la Comunidad Indígena “Almendares del Gaucho”, emplazándose a menos de 500 metros de las partes y obras del proyecto”, remarcando que las actividades económicas de recolección de recursos marinos “constituye además su principal fuente de ingresos económicos”.

Así, el SEA enfatiza que “la incorrecta determinación del área de influencia y caracterización de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos de los GHPPI que desarrollan en aquel lugar sus actividades, no permite identificar los impactos del proyecto, así como tampoco calificar según su extensión, magnitud y duración”.

La firma reaccionó con molestia ante la determinación de la autoridad, señalando que la falta de información de las comunidades mencionadas por el SEA corresponde a organizaciones “aún no reconocidas por Conadi”, agregando que la propia corporación “aún no entregaba su pronunciamiento” sobre las materias controvertidas por la autoridad ambiental.

Además, Colbún sostuvo que desarrolló un trabajo de relacionamiento temprano desde julio de 2022 con comunidades de la zona, que les permitió tener reuniones con dos de las cuatro comunidades indígenas reconocidas por la Conadi en la zona. Afirmó que “parte de estas reuniones que Colbún sostuvo con la comunidad antes del ingreso del EIA, sirvieron para recoger su visión del proyecto y necesidades, lo que se tradujo en cambios concretos como la ubicación de obras y botaderos”. Sin embargo, admitieron que otras dos comunidades indígenas reconocidas por Conadi “no estuvieron dispuestas a reunirse con la compañía, por lo que su caracterización solo se basó exclusivamente en información secundaria”.

Así, refutaron la resolución, señalando que “las dos comunidades que según la autoridad no fueron consideradas en el EIA, son organizaciones que están integradas por las mismas personas de las comunidades y organizaciones reconocidas oficialmente y ya caracterizadas en el EIA, quienes han conformado recientemente nuevas asociaciones”.

En ese sentido, afirmó que “es evidente que el propio proceso de evaluación ambiental es la instancia para actualizar la información del medio humano aludida por el SEA, sin necesidad de emitir un término anticipado”.

Por ello, la firma expresó que “discrepa categóricamente de que los argumentos esgrimidos por el SEA Regional tengan mérito suficiente para justificar” la resolución que puso término anticipado al proyecto, y anunció que se encuentra evaluando presentar un recurso de reposición ante dicho servicio.

“Por lo mismo, esperamos reunirnos a la brevedad con el SEA regional para entender detalladamente su mirada y análisis, complementar la evaluación ambiental y social, y, en caso de ser necesario, reingresar el EIA del proyecto al SEIA”, concluyó Colbún.