Preocupado del avance del proyecto antievasión ha estado últimamente Sebastián Guerrero, abogado tributarista, socio de Guerrero Garcés. Pero no sólo eso es lo que lo ocupa, ya que también está abocado a su candidatura a concejal por Las Condes. Esta, según cuenta, es su primera incursión en la arena política propiamente tal, puesto que hasta ahora había preferido mantenerse en “segunda línea” como él lo define. Esto en su rol de asesor de parlamentarios y como presidente del instituto Libertad ligado a RN.
“Es momento de salir de la zona de confort, porque creo firmemente que los gobiernos locales bajo la administración de la centro derecha debe ser un ejemplo de eficiencia, transparencia y gestión”, comenta.
Cuenta que la salida a terreno es a diario, pero eso se puso en pausa por unos días, ya que está participando en el Chile Day, evento que se está llevando a cabo por estos días en Londres.
Guerrero fue uno de los cinco asesores de los parlamentarios, representando a José García Ruminot (RN), que trabajó junto a Hacienda en las indicaciones que ya fueron ingresadas y que permitió que el proyecto antievasión pudiera avanzar. De hecho, se espera que este martes la Comisión de Hacienda del Senado lo despache en su totalidad para que la sala del Senado lo pueda votar el miércoles y despacharlo a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo.
“El proyecto quedó mejor que lo aprobado en la Cámara de Diputados, colaboramos y aportamos en hacer un mejor proyecto”, afirma el experto tributario.
¿El hecho que se mantenga la norma antielusión en sede judicial era un aspecto clave para la oposición?
La reflexión que hicimos era de preguntarnos si la norma antielusión estaba siendo eficiente hoy en día o no, y nuestra lectura es que es una norma que hay que darle tiempo antes de empezar a modificarla. El diagnóstico para cambiarla a sede administrativa no era bueno y, por ello, mantenerla en sede judicial era lo mejor desde el punto de vista de la estructura de la norma. Además, si pasaba a sede administrativa obliga a crear una institucionalidad muy diferente. Además existía un justo temor de que si pasaba a sede administrativa podría ser aplicada de manera discrecional. La pregunta para cambiarla de sede es si el SII se ha visto inhibido para aplicarla, y yo creo que no. Esta norma se aplica y hay varias causas vigentes. Por todo ello, era más conveniente que se mantuviera en sede judicial.
Este era un punto central del proyecto original, ¿qué cree que hizo cambiar al gobierno?
El gobierno se dio cuenta y escuchó a varios expertos que este no era un problema. Además, en la norma si hubo mejoras en otros aspectos como los plazos de prescripción, entonces, se llega a un acuerdo en revisar mejor el contenido sustantivo de la norma más que si la aplicación es en sede judicial o administrativa.
Otro de los cambios sustantivos fue la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), ¿cómo queda la nueva institucionalidad?
Este cambio es tremendamente importante. Es algo que moderniza el SII, organismo que tiene dos grandes pilares. Su independencia y su carácter técnico. El nombramiento por Alta Dirección Pública (ADP) garantiza la independencia y le entrega el carácter técnico e independiente. Se dio un avance importante en modernizar su gobernanza.
Dentro de la gobernanza se crean dos consejos. Uno interno para la aplicación de la norma antielusión y otro externo asesor para materias de normativa. ¿No hace más pesada la institucionalidad?
No lo veo así. La creación del comité técnico para la norma antielusión es algo que en la práctica ya existe, sólo que ahora se está llevando a cuerpo legal, por lo tanto, no veo un cambio a lo que existe actualmente. En relación al consejo técnico considero que es súper valioso su existencia en el sentido de que tiene que ver la juridicidad de las circulares, por lo cual es un tema importante y le da mayor certeza jurídica. Eso positivo. No le quita poder al SII sino que este organismo viene a fortalecer la profesionalización, independencia y carácter técnico que debe tener el SII. Otro cambio que se incorporó en el proyecto y que no ha tenido la importancia necesaria es que el director del SII estará obligado rendir cuentas ante la Comisión Hacienda del Senado. Esa es un modificación relevante.
¿Las inhabilidades que se fijan para integrar ese comité de expertos puede ser un problema para encontrar interesados?
Ojalá que no sea difícil, ya que siempre existe gente con capacidad que tendrá la vocación de ser parte de este servicio público.
Otra de las innovaciones que se incorporaron en este trabajo técnico fueron modificaciones al secreto bancario y denunciante anónimo, ¿en qué mejora?
Secreto bancario y denunciante anónimo me parecen que quedaron bien en su nueva estructura. En el caso de secreto bancario es el juez quien lo determina, pero con plazos acotados de tiempo. En el caso de que sea crimen organizado hay un procesamiento expedito que no requiere de la comparecencia de los contribuyentes. Quedó fortalecido y con las garantías para todos y que se debe hacer ante los tribunales. Es un proceso más expedito del que existía antes.
Si bien este proyecto se aprobará en el Senado, luego tiene que ir a la Cámara de Diputados para su ratificación. ¿Por qué lo deberían aprobar?
Los diputados al leer el proyecto quedarán bastante conformes. Se lograron importantes avances en temas que a la oposición no le gustaban. Se logró el objetivo, por lo tanto, debiese ser aprobado. No veo una razón para que sea rechazado. Si se hace un análisis fino no veo que haya ese riesgo. Fue un buen acuerdo y ojalá que con este proyecto se cierre el debate tributario, al menos, en temas de evasión y elusión.
