Seguridad laboral: una de las deudas pendientes del delivery por aplicaciones

El confinamiento impulsó la demanda de productos vía servicios de última milla, donde los repartidores con vestimenta de las distintas aplicaciones de estos servidores de delivery se transformaron en personajes habituales de una ciudad a medio funcionamiento. Sin embargo, su protagonismo y crecimiento dentro de la pandemia volvió a poner sobre la mesa la necesidad de regular este servicio, entre ellos su relación laboral.

Socios de la aplicación y trabajadores dependiente o independiente es el nombre que han recibido quienes se desempeñan en estas plataformas, pero pese a la etiqueta que se la da su vínculo, el balance es que estas personas tienen una desprotección de su seguridad y salud dentro del mundo del trabajo.

Los críticos apuntan que esta relación laboral también da pie a pagos injustos, desprotección ante accidentes, exceso de horas continuas de trabajo y expulsiones arbitrarias ante la organización de quienes tratan de organizarse para presentar sus quejas ante lo que ellos llaman empleador.

Por su parte, el gobierno plantea ante este escenario que “más que hablar de falencias, aquí existen posibles riesgos por no cumplir con las exigencias necesarias para desarrollar en forma segura la actividad de delivery. Este es un tema que cruza muchos aspectos, incluyendo temas de seguridad vial y sanitarios”, dicen desde el Ministerio de Trabajo.

En esa línea, desde la cartera destacan el trabajo que han realizado en esta materia por medio de la “mesa de plataformas digitales”, la cual elaboró un informe que propone que se “genere un marco de protección en la relación persona-plataforma, abordando temáticas como: asegurar piso mínimo de protección en materia de seguridad social, tratamiento de datos personales, regulación del tiempo de desconexión, condiciones del servicio, condiciones mínimas de retribución económica y protección en materia de derechos fundamentales”.

Desde el Ejecutivo destacan que este trabajo generó un insumo que sirvió para que este miércoles se presentarán indicaciones a la moción parlamentaria que actualmente se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado en esta materia.

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, impulsa una medida en el Congreso en esta materia llamada mi jefe es una app. “La idea es, equilibrando los elementos particulares de esta relación laboral, y las normas básicas que deben regir cualquier relación de subordinación y dependencia como esta, establecer este estatuto especial que se haga cargo de las innovaciones tecnológicas y respete nuestro derecho laboral, dice el parlamentario de oposición.

Y no es banal lo que vaya a ocurrir con esta actividad, y su forma de trabajo en general, dado que se proyecta que la gig economy-de trabajo contratado o independiente- generará USD$455 mil millones en valor proyectado para 2023 en el mundo, según destaca Randstad en su evaluación sobre el futuro del trabajo flexible.

Además, según cifras preliminares del gobierno, existen 300 mil trabajadores que se desempeñan en estas plataformas, donde el grueso estaría enfocado en el servicio de transporte privado de pasajeros.

Desde PedidosYa destacan que ellos con sus trabajadores tienen un vínculo comercial a través de la emisión de boleta de honorarios por servicios independientes. “Esto les permite acceder a seguridad social mediante la Ley de Honorarios, es decir a seguro de accidentes y enfermedades laborales, Ley Sanna, pensión de vejez, salud y seguro de invalidez y sobrevivencia, entre otros”, afirman desde la empresa.

En esa línea, hacen un llamado a que en “la discusión legislativa de estos vínculos laborales se den dentro de un diálogo moderno y constructivo que logre un equilibrio y que beneficie a todas las partes involucradas”.

Rayoapp -startup de delivery con presencia en Chile y México- coincide que no existe mucha regulación en la materia que permite abusos y finalmente no se cumple con la promesa de trabajar en el momento que la persona lo quiera. “Pareciera ser una economía colaborativa, pero al final es como una subordinación y dependencia enmascarada”, dice el cofundador de la empresa, Juan Andrés Cabrera, quien agrega que “definitivamente, hay que regularizar buscando eficiencia. Estas irregularidades ocurren necesariamente porque existe una gran ineficiencia. Y los marcos regulatorios no tienen la velocidad para responder”.

Mientras que, el gerente de asuntos gubernamentales de Uber Chile, Nicolás Sánchez, dijo compartir la necesidad de mejorar las condiciones y que de existir un nuevo marco regulatorio “debería apuntar a mantener el acceso a las oportunidades económicas que ha generado Uber Eats en Chile y que a la vez maximice el potencial de la tecnología en la generación de oportunidades”.

Por su parte, Rappi declinó referirse al tema tras ser consultado sobre su posición respecto a que la relación con los repartidores su app tenga un contrato de prestación de servicios y con cotizaciones como independientes.

El economista de la UC, Juan Bravo, hace un llamado a dejar las lógicas tradicionales de ver el problema de las apps y apunta que la regulación debe estar pensada en esta nueva forma de trabajar. “Estos empleos intermediados por plataformas se masificaron y se generó la presión sobre la necesidad de regularlos y medirlos. Pero hoy lamentablemente en Chile todas las mociones parlamentarias que hay al respecto buscan homologarlo al trabajo dependiente o independiente. Entonces en cualquier de los dos casos van a haber falencias”, apunta.

A pesar de ello, Bravo apunta que pese al mal enfoque de seguir las condiciones actuales se expone a estos trabajadores a seguir desarrollando su actividad en la informalidad y con desprotección social y prestaciones de salud.

En esa línea, el economista propone una regulación híbrida con un contrato comercial con boleta de honorarios que de protecciones a los trabajadores y que esto se complemente con medidas que garanticen horarios de trabajo junto con la flexibilidad de conexión que prometen estos tipos de servicios. Mientras que, la otra parte podrá fiscalizar y exigirles a sus colaboradores estándares que permitan ofrecerle al cliente un cierto nivel de servicio.