Al cierre de los primeros nueve meses de 2024, la inversión ingresada y aprobada mostró un incremento significativo. Entre enero y septiembre, según la plataforma del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se tramitaron 417 proyectos que totalizaron US$44.849 millones. En comparación, durante el mismo periodo del año anterior se presentaron 424 proyectos por US$26.947 millones, lo que refleja un aumento del 66% en el monto de inversión, a pesar de la leve disminución en la cantidad de proyectos.

Las cifras del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) también muestran una mejora en las aprobaciones. Durante los primeros nueve meses del año, se aprobaron 228 proyectos por un valor total de US$12.464 millones, frente a los 171 proyectos aprobados en el mismo periodo de 2023, que sumaron US$8.348 millones, es decir, un aumento en monto de 49%.

A pesar del crecimiento, la inversión aprobada sigue por debajo del promedio de los últimos 10 años, que alcanza US$15.635 millones con un promedio de 306 proyectos aprobados anualmente y es el tercer monto más bajo de los últimos dos años, superando solo al ya mencionado de 2023 y al de 2019, afectado por la crisis social.

Con todo, se registró un aumento del 33% en las iniciativas que obtuvieron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Desde el Servicio de Evaluación Ambiental señalaron que “el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un termómetro de la inversión en Chile. En ese contexto, se observa un alza importante en la cantidad de proyectos y montos de inversión ingresados al sistema durante los últimos meses”.

Los cinco proyectos más grandes aprobados entre enero y septiembre de 2024 corresponden a iniciativas de energía fotovoltaica en el norte y eólica en el sur del país. El Parque Híbrido Pampas de Energía Eólica Pampas lidera la lista con US$800 millones, seguido por el Parque Fotovoltaico Cristales, de Cristales SpA (US$710 millones), el Parque Fotovoltaico Celda Solar de Colbún (US$450 millones) y el Parque Eólico El Guanaco de Atlas Energía SpA (US$348 millones).

El “Parque Híbrido Pampas” contempla la construcción y operación de una central híbrida que combina un parque eólico de 140 MW y un parque fotovoltaico de 252 MWp, junto con un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) de 623,5 MW durante 5 horas. Los cinco proyectos más grandes aprobados entre enero y septiembre de 2024 tardaron en promedio 515 días en ser tramitados en el SEIA.

En décima posición, y siendo el único proyecto no relacionado con energía entre los más costosos, se encuentra el “Conjunto Armónico ATID” de la Fundación Educacional ATID, que involucra una inversión de US$303 millones en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

Entre los proyectos más costosos ingresados al SEIA en el mismo período se destacan el Proyecto de Amoníaco Verde de HNH Energy (US$11.000 millones), el Proyecto Volta de Volta Hidrógeno SpA (US$2.500 millones), la Línea 8 de Metro de Santiago (US$1.900 millones) y la Central de Bombeo Paposo de Colbún (US$1.400 millones), este último suspendido por la empresa tras la decisión de la autoridad de darle término anticipado.

En cuanto a las opiniones de expertos, Pulso consultó a tres abogados especializados en la tramitación de proyectos de inversión y derecho ambiental para conocer sus recomendaciones al SEA. Javier Naranjo, socio de Jara del Favero, subrayó la importancia de mantener una relación fluida y equitativa con los titulares de proyectos, tanto públicos como privados. Destacó también la necesidad de mejorar los tiempos de evaluación y respuesta, asegurando que el SEA, como servicio público, coopere para lograr buenos resultados. Naranjo también enfatizó que el SEA debe liderar técnicamente y unificar los criterios normativos en todo el país, evitando diferencias regionales, y señaló que los titulares de proyectos deben esforzarse por presentar propuestas de alta calidad.

Edesio Carrasco, profesor de la Universidad Católica, recomendó modificar el instructivo del Informe de Revisión Externa (IRE), acotando sus causales a situaciones objetivas y medibles, y sugirió eliminar el plazo de cinco días para responder consultas de pertinencia cuando haya observaciones. También destacó la necesidad de mejorar la relación del SEA con los titulares de proyectos.

Por su parte, Jorge Femenías, profesor de Derecho de la Universidad Católica y socio de Vial Larraín y Femenías (VLF), indicó que el SEA debe cumplir estrictamente con los plazos establecidos y flexibilizar algunos criterios que se han vuelto rígidos, como la imposibilidad de dividir la RCA y las limitaciones para interpretar la resolución más allá de su literalidad. También subrayó la importancia de unificar los criterios regionales para asegurar evaluaciones homogéneas en todo el país.