Todas las cartas empezaron a moverse tras el rechazo del proyecto de reajuste del sector público por la Cámara de Diputados, ya que la única herramienta disponible para viabilizar el alza salarial es utilizar la insistencia ante el Senado.
Ello implica que el gobierno envía un oficio al Senado para solicitar seguir tramitando el proyecto. Esta corporación debe aprobarlo por dos tercios de los presentes -es decir 29 votos si estuvieran los 43-, y así el Ejecutivo puede volver a la Cámara e insistir, lo cual debe ser refrendado por un tercio. Entonces la pelota ya está en el Senado, porque el ministro de la secretaría general de la Presidencia, Felipe Ward afirmó que utilizarán esta herramienta, pues de lo contrario no habría reajuste durante un año.
Con este norte, los dirigentes de las 6 agrupaciones de funcionarios públicos que no concurrieron al acuerdo, sostuvieron un encuentro con los senadores de la oposición que integran la Comisión de Hacienda para informarles su postura ante el proyecto que proponía elevar un 0,7% los ingresos sobre los $2 millones brutos, y 2,8% para las rentas inferiores a $2 millones.
"Ellos nos señalaron que no tienen problemas con que existan tramos, sino que con los actuales propuestos en el proyecto, y que no quieren que nadie salga afectado en cuanto a poder adquisitivo. Mi impresión es que el gobierno debiera hacer una nueva propuesta", señaló el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Ricardo Lagos (PPD).
En la misma línea se manifestó la senadora Yasna Provoste (DC), al criticar la oferta de 0,1 % real para las rentas menores a $2 millones y sin reajuste real para las rentas mayores a ese piso, que según ha señalado el ministerio implican el 15% del total de funcionarios. "Claramente el desafío del gobierno para que le vaya bien en su insistencia en el Senado, donde requiere un respaldo alto, pasa porque Hacienda mejore su oferta de remuneración permanente, no solo vía bonos", acotó.
Respecto al argumento del Ejecutivo de que los funcionarios públicos deben valorar que mantienen su empleo a diferencia de lo que se espera para los privados, Provoste emplazó: "Muy buen punto, porque nos permite manifestar nuestra preocupación por los despidos en Educación sin justificación alguna. Acá vemos un doble estándar".
En general los senadores opositores apoyan la diferenciación por tramos; objetan que no se les otorgue reajuste real y el límite fijado en $2 millones brutos, que en términos líquidos implica cerca de $1.600.000.
Aun así, el senador Juan Pablo Letelier (PS) se situó en otra línea al valorar los argumentos del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en este reajuste: que un 80% de los funcionarios no perciba una renta menor a $500 mil; el escalonar los aumentos; y la seguridad de una vacante laboral. "El piso de $500 mil es una señal muy grande para el sector privado respecto de dónde queremos, como país, que se ubique el sueldo mínimo. Este no es un reajuste más, es un reajuste que se da en un país convulsionado, que a la vez tendrá dificultades económicas en los próximos meses. La idea de que aquellos que tienen más ayuden a los que tienen menos también se tiene que aplicar al sector público", observó Letelier.
En ese sentido, puntualizó que habría preferido que Hacienda llegara a acuerdo en la Cámara, pero no está por cerrar la puerta: "Si el gobierno tiene que hacer la insistencia, nosotros no podemos ser los responsables de que el sector público quede sin reajuste; después veremos el detalle, pero aprobando la insistencia, porque institucionalmente si se rechaza no puede haber proyecto en esta materia durante un año", acotó el senador PS.
Mientras tanto, indican fuentes bien informadas, en Hacienda se habrían abierto a perfeccionar el proyecto. "Estamos evaluando las acciones. Nos interesa que haya reajuste. Hay dos millones de personas del Pilar Solidario con bonos en este proyecto. Me parece inconcebible una situación donde no haya reajuste", remarcó Briones.
