Críticas de parte de expertos, asociaciones de empresas, ejecutivos de la industria e incluso agrupaciones de consumidores, como Conadecus, recibió ayer el proyecto de ley corta eléctrica presentado por el gobierno, que busca reducir la rentabilidad de las empresas distribuidoras.

Esto ocurrió en la sesión de la comisión de Minería y Energía del Senado, que comenzó a analizar este proyecto que previamente fue aprobado por la Cámara de Diputados. Tras la sesión, senadores de oposición -mayoría en la instancia- manifestaron sus dudas respecto de la iniciativa y su eventual apoyo.

El primer expositor fue el académico de la Usach, Humberto Verdejo, quien aseguró que el impacto que tendrá la rebaja de la rentabilidad en las cuentas será mínimo, en torno a $300.

"La reducción en la cuenta no va a llegar ni siquiera al 10% de lo que va a subir la tarifa este año solo por concepto del valor de la energía. Esta no es una política pública adecuada para el beneficio de la ciudadanía. Estamos haciendo un esfuerzo legislativo tremendo por sacar un proyecto de ley de manera muy apresurada para un impacto en tarifa de $300", señaló.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, destacó a su turno que hay temas de fondo que abordar, entre ellos, la revisión de la empresa modelo, que a su juicio es un freno al desarrollo del sector. Por ello, planteó que debe haber un debate mayor y no separar la reforma al sector en ley larga y ley corta.

"La pregunta es por qué estamos tan apurados en simplemente bajar la rentabilidad. Sabemos como industria que la rentabilidad va a bajar y no estamos defendiendo ese punto, por más grave que sea para nosotros", aseguró Castillo.

Otra opinión crítica del proyecto fue la de Ramón Galaz, director de la consultora Valgesta. A su juicio, si bien una reforma al segmento de distribución está desde hace rato en el horizonte, el punto de inflexión en el debate fue la crisis de los medidores inteligentes. Según sus cálculos, el proyecto de ley impactará en solo $400 mensuales una cuenta tipo, y solo se verá reflejado a partir de diciembre de 2020, cuando ya hayan entrado en vigencia no solo las alzas de este año, sino también otra adicional el año que viene, completando en menos de dos años aumentos en torno al 30-35%.

Finalmente intervino el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, quien también rechazó el proyecto, dado su bajo impacto en las tarifas que, bajo su visión, será "mínimo o nada".

Las opiniones generaron dudas entre los senadores de oposición. La senadora (DC), Yasna Provoste, señaló que este proyecto "hace perder el foco de lo que tiene que ser la política pública, que debe ser reducir las tarifas. Esa es una preocupación compartida".

El presidente de la instancia, Álvaro Elizalde (PS), agregó que el abordar la ley corta no debiera significar dejar de lado la ley larga. "Es evidente que nosotros preferimos darnos un mayor plazo para ver esto con acuciosidad que estar aprobando algo a la rápida", comentó.

A su vez, Alejandro Guillier dijo que el problema de este proyecto es que se presentó por una situación política muy coyuntural, como fue el caso de los medidores. "Estamos acá porque acá quedó una embarrada porque se manejó mal el tema de los medidores. Esto puede llevarnos a aprobar una ley que para el consumidor va a ser una burla", dijo.