El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que denunció al “Supermercado Ricos Pollos”, ubicado en la Región del Maule, por haber infringido el derecho a la seguridad en el consumo y el deber de profesionalidad establecido en la Ley del Consumidor.
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La decisión de llevar este caso ante la justicia se tomó luego de analizar un informe de la Seremi de Salud del Maule, además de las declaraciones del representante legal del supermercado ante el Sernac, en la cual reconoció varios de los hallazgos.
El informe constató diferentes tipos de carne con hongos y con mal olor, presas de pollos adobadas y congeladas sin rotulación, tutos de pollo descongelándose en un lavaplatos, personal con ropa sucia y sin elementos de protección, entre otros hechos. Ante esto, la autoridad sanitaria decidió clausurar el supermercado y confiscar 1.200 kilos de carne en mal estado para su eliminación.
“Si bien la investigación desde el punto de vista sanitario aún no ha concluido, los antecedentes recopilados permiten establecer graves incumplimientos que pusieron en riesgo la salud de las y los consumidores”, dijo el Sernac.
El director regional (s) de la institución, Andrés Salas dijo que el objetivo de la denuncia es buscar que “la justicia aplique el máximo de las multas a la empresa ante los graves hallazgos detectados, los que claramente pusieron en riesgo la salud y la seguridad de las personas consumidoras”. La compañía arriesga una multa de hasta 600 UTM, equivalentes a US$40 millones.
“Recordemos que la Ley del Consumidor establece que las personas consumidoras tienen derecho a la seguridad en el consumo, lo que implica que las empresas no pueden comercializar productos que puedan poner en riesgo la salud de las personas”, dijo el Sernac.
Y añadió que “la norma establece que los proveedores deben ser profesionales en la prestación de los servicios, y comenten infracción cuando, actuando con negligencia, causan menoscabo debido a fallas o deficiencias de calidad o seguridad”.
La institución recalcó que los consumidores al detectar una irregularidad en algún alimento debe acudir a la autoridad sanitaria para que el hecho sea investigado. Aquellos que sufran algún daño por un alimento en mal estado tienen derecho a exigir las indemnizaciones que correspondan.
