Sichel afirma que el Estado está obligado a cumplir el acuerdo entre Corfo y SQM

Con la participación del ministro de Economía, José Ramón Valente, y del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, se inició el ciclo de audiencias y el trabajo efectivo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar los alcances del acuerdo entre esta institución pública y SQM, para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

El ministro Valente estimó que Chile tiene que aprovechar la ventana de valor que presenta el litio a nivel internacional y atraer recursos a través de su explotación, tanto para las comunidades afectadas como para el país en su conjunto.

Afirmó que, como gobierno, se vieron involucrados en el tema cuando el contrato ya estaba hecho y en etapa de toma de razón en la Contraloría y recalcó que pensar hoy en qué se pudo haber hecho mejor cae en la ciencia ficción. En todo caso valoró el acuerdo.

"Si usted me pregunta si este contrato es una mejor situación para el Estado de Chile y para los chilenos respecto de lo que tenía antes de que se empezara a negociar esto, que fue el 2013, sin duda que esto es una mucho mejor condición de la que se tenía antes de 2013. Entonces, en ese plano y contestándole de esa forma, sobre la base de algo concreto, la respuesta es sí", afirmó.

En tanto Sebastián Sichel, acompañado del equipo legal de la Corfo, expuso parte de la historia del proceso de explotación del litio y la relación entre la corporación con Albemarle y SQM.

Según informó Sichel, el nuevo convenio pasa por definir la adquisición de activos en el Salar; la instalación de auditores externos y veedores ambientales, hasta 2030; promover un incentivo al valor agregado; nuevas rentas de arrendamiento; aumento en la cuota de litio; un aporte de I+D; y la constitución de un Instituto del Litio.

Frente a variadas consultas de los legisladores, explicó que cualquier incumplimiento contractual requiere necesariamente pasar por el tribunal arbitral y que el Estado está obligado a los acuerdos que allí se determinen.

"No hay otra forma jurídica de poner término al contrato por ninguna de las causales aquí expuestas y eso es relevante cuando uno ejerce la profesión, porque este es el tribunal al cual se sometió la competencia estatal (…). Es el árbitro quien propuso las bases de conciliación, otra vez, independiente de cómo se haya llegado a ellas y, por lo tanto, el Estado se obliga con la suscripción del contrato, perdón, con la suscripción de las bases del acuerdo con el árbitro. De ahí surge la obligación estatal. La participación del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría son hechos posteriores", precisó.

Recalcó que, en caso de querer cambiar esa condición, igual el Estado está obligado al pago de las indemnizaciones que surgen de la suscripción del contrato y que podrían llegar, si por ejemplo se tratara de una expropiación o de una de solicitud de arbitraje no fundado, de montos por US$24 mil millones, que corresponde al valor de ganancia neta que se generan los contratos para el Estado.

En este plano, dijo que se ha sido sumamente proactivo de pedirle a las instituciones del Estado que reaccionen rápido frente a los incumplimientos y adelantó que la Corfo, junto con solicitar información a entidades especializadas, ha impulsado la creación de dos instancias tendientes a mejorar la fiscalización del cumplimiento de los contratos.