SII analizará antecedentes del caso Pandora Papers para “asegurar cumplimiento de la ley tributaria”

El caso Pandora Papers llegó a la arista tributaria. Este martes un grupo de parlamentarios de oposición anunció que impulsará una Acusación Constitucional en contra del Presidente Piñera y a ello se sumó la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de iniciar acciones para verificar si las operaciones divulgadas se ajustan dentro del marco normativo tributario vigente.

A través de un comunicado, el SII informó que está recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados Pandora Papers y adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la Ley.

En su comunicado, el organismo anunció que “inició acciones para verificar si las operaciones divulgadas hasta el momento, y las que se anuncian, se realizaron dentro del marco normativo tributario vigente”.

Hasta el momento, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que trabajó las revelaciones de los Pandora Papers ha revelado solo una operación vinculada a Chile: la venta, en 2010, de Minera Dominga por parte de la familia del Presidente Sebastián Piñera a la familia Délano, realizada en las Islas Vírgenes Británicas. Periodistas asociados a las investigaciones chilenas anunciaron que divulgarían otros casos en los próximos días.

El SII anunció que ya está trabajando con el Grupo JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), red de administraciones tributarias de la OCDE, para analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados de los denominados Pandora Papers, como ya se hizo con anterioridad en las divulgaciones conocidas como Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Dataleaks.

“Como resultado de este trabajo colaborativo internacional, en el marco de la divulgación de los Panama Papers (2016), el SII revisó las operaciones de 109 contribuyentes, generando auditorías con resultados en 12 casos. En los Paradise Papers (2017), en tanto, se analizaron 92 casos, de los cuales 24 fueron fiscalizados. Por último, en Bahama Dataleaks (2020), se están realizando análisis de 199 contribuyentes”, sostuvo la entidad tributaria.

Un día después de la revelación de antecedentes en la que participaron los medios nacionales Ciper Chile y LaBot, el presidente Sebastián Piñera explicó en medio de un punto de prensa en el Palacio de La Moneda su versión de los hechos respecto de la Minera Dominga al empresario Carlos Délano.

Según el mandatario y de acuerdo a la información conocida públicamente, la compraventa de la firma “cumplió estrictamente con las reglas tributarias existentes en Chile, y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación”.

Asimismo, el Jefe de Estado aseguró que “ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile, que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedad constituidas en el exterior, pero la existencia y participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley. Y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile”.

Por otro lado, Piñera hizo hincapié en el cumplimiento “de un mandato de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de un conflicto de interés”, a través del cual los activos financieros de la familia Piñera Morel se encuentran administrados en fideicomisos ciegos desde marzo desde 2018.

“Por mandato de la ley significa que yo no conozco las inversiones que realizan las instituciones financieras profesionales, todas ellas reguladas por la autoridad”, mencionó el presidente.

Y agregó que “en forma voluntaria puesto que la ley no lo requiere, mi familia, es decir mi mujer y mis hijos, también constituyeron fideicomisos ciegos sobre su participación en sociedades anónimas listadas en Chile”.