El Ejecutivo propuso una cirugía mayor al gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería (Enami). El esperado proyecto para reformular la conformación de su directorio, así como importantes aspectos de su administración, fue enviado para iniciar su tramitación parlamentaria a finales de enero. Lo hizo a través de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, su fecha de ingreso -durante la última semana de enero, cuando la Corporación sesionó sólo para prorrogar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, y para votar la reforma previsional- no permitió que la iniciativa pudiera ser parte de la cuenta en una sesión ordinaria de la Sala, por lo que su texto era desconocido. Hasta ahora.

Las voces que pedían hacer modificaciones al gobierno de la Enami vienen escuchándose en el debate público minero desde hace años. Y luego que la estatal vendiera el 10% de participación que tenía en Quebrada Blanca a Codelco, el tema volvió a estar en la agenda. Especialmente desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). El tradicional gremio, con más de 140 años de historia, forma parte de la mesa en la estatal. Pero cuestionó que a los directores se les ordenara guardar reserva absoluta de la operación con Codelco.

La venta de dicho activo “ha hecho que los directores guarden absoluta reserva de esta operación”, espeto por esos días Jorge Riesco, presidente de la Sonami, con un marcado tono crítico sobre la aprobación de dicha enajenación, acusando una “falta total de transparencia”. Sin embargo, ahora la participación de la entidad gremial y del Instituto de Ingenieros de Minas en la Enami podría quedar en el pasado. Así lo refleja la propuesta del texto legal a la que accedió Pulso. Pero sus cambios van mucho más allá.

Actualmente la estatal es administrada por un directorio de diez integrantes, el que es presidido por la ministra de Minería, Aurora Williams. La mesa también está integrada por la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, quien está en representación de Cochilco. Por ley, en el directorio hay un representante del Ministro de Hacienda, tres del Presidente de la República, uno de Corfo, dos de Sonami, y uno del Instituto de Ingenieros de Minas.

Ese número y sus integrantes cambiarán sustancialmente. Primero, en la propuesta del Ejecutivo los puestos de la mesa se reducen a siete: dos son nombrados por el Presidente de la República, y deberán ser de distinto sexo. Uno de ellos presidirá la mesa, y en caso de no estar presente, lo hará otro integrante designado por sus pares. Otros cuatro serán propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), el que deberá realizar un proceso especial de búsqueda y selección de candidatos, pero podrá contar con la asesoría especializada de head hunters. Su nominación, a cargo del Presidente, será en pares.

Otro de los cupos será designado por los trabajadores de Enami. En su designación podrán participar todos los empleados de la empresa, ya sea a través de federaciones o sindicatos. Estos podrán proponer candidatos durante 30 días, mismo plazo para trabajadores sin afiliación sindical, pero deberán contar con el patrocinio de al menos el 35% de los trabajadores no sindicalizados.

Según la propuesta, los directores durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser renovados por un nuevo período consecutivo, pero por una sola vez. En el caso de los directores designados por ADP, se renovarán en forma parcial.

Con ello, salen tanto los ministros como los gremios, además de la Corfo. Así se resolverían los conflictos de interés, de partida, por el lado de las partes interesadas por ser parte de un gobierno de turno, donde actualmente hay cuatro representantes directos del Presidente, al que se suman los personeros de Minería. “Ya se vio lo que pasa cuando esas partes no logran ponerse de acuerdo”, sostienen conocedores de la propuesta y que ven con buenos ojos que la Enami fortalezca su gobierno corporativo.

Entre los requisitos planteados para ser director de Enami se considera contar con un título profesional de alguna carrera de, a lo menos, ocho semestres, pero además se deberá acreditar al menos ocho años de experiencia profesional, continuos o no, como director, gerente, administrador o ejecutivo principal, ya sea de empresas públicas o privadas. Además, no podrán ser directores quienes estén condenados o acusados de delitos que merezcan pena aflictiva, ni quienes tengan dependencia a drogas o estupefacientes.

Tampoco podrán ser directores de Enami otras autoridades del Estado, como diputados, senadores, ministros del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el fiscal nacional, el contralor general de la República, o cargos del alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicio o instituciones autónomas del Estado, y miembros de directivas de partidos políticos, organizaciones gremiales o sindicales.

Por otra parte, cada miembro del directorio deberá presentar una declaración jurada que descarte incompatibilidades o inhabilidades del cargo, y sus respectivas declaraciones de patrimonio o intereses.

Tal como ocurre hoy, los directores estarán “obligados a guardar reserva absoluta de los negocios de Enami o sus filiales, y de la información a la cual tengan acceso en relación con ellas en razón de su cargo, especialmente si se trata de información que puede calificarse como comercialmente sensible”, se lee en el proyecto de ley.

El directorio deberá presentar a la junta de accionistas un plan quinquenal para la Enami, el que podrá ser objeto de adecuaciones o actualizaciones en forma anual.

“El plan de desarrollo y negocios considerará a los menos los objetivos y metas de rentabilidad económica de la Empresa; los planes de inversión y desarrollo, incluyendo un detalle de los montos anuales de inversiones y su forma de financiamiento; la proyección de los resultados financieros para el período y las directrices o propuestas de creación y disolución de filiales o sociedades con terceros. Asimismo, contemplará, la política y eventual necesidad de endeudamiento de la Empresa, el programa de disposición de activos y de unidades de negocios no esenciales, si las hubiere, los planes de asociación y expansión societaria”, se plantea.

También se establece que, entre otras atribuciones, el directorio aprobará las políticas de reparto de utilidades, la constitución de sociedades dentro y fuera de Chile, y disponer de enajenaciones de activos, además de autorizar créditos o emisión de deuda y bonos.

La Enami se mantendrá sujeta a la fiscalización de Cochilco.