La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos contra Codelco, titular de los proyectos “Mansa Mina”, “Modificación Mina Ministro Hales” y “Optimización de procesamiento División Ministro Hales”, asociados a la División Ministro Hales, localizada camino a Chuquicamata, comuna de Calama, luego de constatar que la minera no ejecutó medidas ambientales relacionadas al tranque Talabre.

Dichos proyectos contemplan la explotación del yacimiento de la División Ministro Hales, cuyos relaves, en conjunto con los relaves generados por la División Chuquicamata y por la División Radomiro Tomic, todos pertenecientes a Codelco, son impulsados hacia el depósito de relaves denominado tranque Talabre.

Este caso tiene como origen una denuncia ciudadana ingresada en 2023 sobre infiltraciones generadas en el tranque desde el año 2019, lo cual conllevaría la contaminación del acuífero del Río Loa, dijo la SMA.

Agregó que la denuncia también plantea que la pluma de contaminación tendría dirección hacia la ciudad de Calama, como aguas abajo, afectando el acuífero protegido de Yalquincha, lo cual implicaría una expansión del área de influencia que comprendió originalmente la línea base del proyecto.

Entre las diligencias realizadas por la SMA, se desarrolló una actividad de fiscalización en mayo de 2017 a cargo de la Oficina Regional SMA de Antofagasta, en conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA) y Sernageomin regionales.

A lo anterior, en junio de 2023 se realizaron actividades de requerimiento y examen de información relacionada con la unidad fiscalizable.

En base a estos antecedentes, la Superintendencia formuló dos cargos graves contra la minera. La primera infracción se sustenta porque la empresa no validó ni ejecutó un plan de contingencias para el control de la alteración progresiva de los recursos hídricos subterráneos.

Y la segunda infracción imputadas se sustenta porque la compañía realizó una depositación de relaves sin alcanzar el límite inferior fijado para el porcentaje de sólidos en estos, desde el año 2017 hasta el año 2024.

Al respecto, la superintendenta de Medio Ambiente, Marie Claude Plumer señaló que “la labor de la Superintendencia es fiscalizar el e impulsar el cumplimiento ambiental por parte de todos los titulares de proyectos. En este sentido, es importante reforzar que las condiciones, normas y medidas establecidas en los permisos ambientales que se obtienen para poder operar, deben ser adoptados por las empresas”.

En el caso de las infracciones graves, los titulares se exponen a multas de hasta 5.000 UTA, junto con la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o la clausura. En este caso la empresa Codelco, División Ministro Hales, arriesga una multa de hasta diez mil UTA, equivalente a más de $7.908 millones, a valor actual.

Tras conocerse la formulación de cargos Codelco señaló mediante una declaración que “recibimos con total seriedad y asignamos la mayor relevancia a la presentación que nos ha comunicado la Superintendencia del Medioambiente”.

Agregó que “analizaremos en detalle los antecedentes para responder completa y oportunamente, de modo de satisfacer las exigencias de la autoridad y las expectativas de la comunidad. Comprendemos completamente la preocupación que esta situación genera, por lo que seremos exhaustivos en detallar los planes que hemos desarrollado y que desplegaremos para dar cumplimiento a nuestras obligaciones”.

La minera reafirmó su compromiso de desarrollar una minería con cuidado del medioambiente. Al respecto sustuvo que “estamos impulsando transformaciones en nuestros procesos que buscan disminuir el impacto en la ciudad de Calama y su entorno, además de someternos a normas y estudios de impacto ambiental que entreguen a los vecinos la tranquilidad de que operamos con estándares de sustentabilidad adecuados. Esperamos superar esta situación a la brevedad y, en caso de identificar brechas, corregirlas en el más breve plazo”.

Tras la notificación de esta formulación de cargos, la empresa cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación.