La Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad comenzó a regir el 1 de abril pasado y aún hay varias materias que corregir. Por lo menos así lo señalaron las autoridades al momento de implementar la norma legal.
De hecho, la Dirección del Trabajo (DT) ya emitió, por lo menos dos dictámenes, uno respecto a los requisitos de trabajo y a la improcedencia de realizar ofertas excluyentes, y otro en relación al porcentaje de contratación y fórmula de cálculo.
En este contexto, y hace un mes, aproximadamente, organizaciones dedicadas a la inclusión social de personas con discapacidad hicieron llegar al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, propuestas para aclarar y mejorar la ley.
Más de 250 organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) y a la Red Incluye, elaboraron un listado de 10 problemáticas que deberían poder solucionarse con nuevos dictámenes de la DT.
Entre las propuestas, se solicita que las personas en situación de discapacidad que hayan cursado educación especial, sean admitidas para postular a vacantes del Estado, ya que hoy se exige haber cursado mínimo enseñanza media. Otro tema es que las empresas que tienen contratadas a personas con discapacidad puedan celebrar un número limitado de contratos de prestación de servicios a terceros con empresa.
Frente a esto, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, dijo que se están preparando aclaraciones: "Es un tema que estamos viendo, de manera que varias empresas no contraten la misma prestadora de servicios (a terceros) ya que no es el sentido de la ley".
