La relación entre los socios principales de la empresa de bodegas industriales Red Megacentro, entre quienes se cuentan la familia Angelini y el empresario Hernán Besomi, ha mejorado en los últimos años, tras discrepancias del pasado. Pero no entre todos los accionistas. Uno de ellos, Felipe Guzmán Honorato, socio fundador y accionista minoritario, con un 5,32% de participación, a través de Inversiones y Asesorías San Felipe SpA, inició el pasado jueves tres arbitrajes en contra de directores y ejecutivos, acusándolos de irregularidades que habrían perjudicado los intereses de la sociedad.

El directorio de Red Megacentro es presidido por Hernán Besomi, de EBCO, e integrado por Andrés Lehuedé y Patricio Tapia, por Inversiones Siemel (Grupo Angelini), Cristian Letelier por Link Partners, además de los accionistas Luis Felipe Lehuedé y Rafael Ossa. En julio de 2023 se sumó como director independiente el ex ministro de Relaciones Exteriores y Obras Públicas, Alfredo Moreno.

Según los documentos a los que tuvo acceso Pulso, el primer arbitraje activado por Felipe Guzmán, quien es asesorado por Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie, está radicado en el 26° Juzgado Civil de Santiago y está dirigido contra el presidente del directorio Hernán Besomi, y el gerente general, Claudio Chamorro. En su presentación, Guzmán señala que “bajo la presidencia del señor Besomi y la gerencia general del señor Chamorro, San Felipe ha observado la ocurrencia de múltiples irregularidades al interior de la sociedad, que comprometen severamente su situación financiera actual y complican su proyección hacia el futuro”. Por ello, solicita la designación de un juez árbitro para resolver las diferencias.

Entre las irregularidades se denuncia la compra de un terreno en San Bernardo por 391.300 UF, transacción que, según el documento, fue una operación que originalmente correspondía al Grupo EBCO, controlado por Besomi. Guzmán asegura que Besomi declaró que su grupo no tenía capacidad económica para cumplir con esta promesa de compra y traspasó la obligación a Red Megacentro “sin ningún fundamento, sin estudio de títulos y haciendo uso de casi la totalidad de la caja disponible de la sociedad”. Agrega además que “los bancos se negaron a financiar esta operación debido a graves problemas en los títulos del terreno”, lo que dejó a la empresa en una situación financiera vulnerable.

El segundo arbitraje iniciado ante el 25° Juzgado Civil de Santiago acusa al directorio de la sociedad de infringir las normas sobre operaciones con partes relacionadas, beneficiando al Grupo EBCO. En este caso, la petición de designación de un juez árbitro apunta a diferencias con los directores Hernán Besomi Tomas, Louis Philipe Lehuedé, Cristián Letelier Braun, Andrés Lehuedé Bromley, Patricio Tapia Costa, y Rafael Ossa de la Lastra.

La presentación menciona el proyecto MC Brickell, en Miami, donde Megacentro realizó pagos por US$ 8,74 millones al Grupo EBCO, a pesar de que no existía una obligación legal para efectuar estos desembolsos. Guzmán describe esta situación como una muestra de favoritismo hacia Besomi, señalando que “sin cumplir con las normas de operaciones entre partes relacionadas, se decidió pagar íntegramente al señor Besomi, a través del Grupo EBCO, el total de su inversión, pese a que el riesgo del 80% de la inversión era de los inversionistas y no de Red Megacentro”.

El tercer arbitraje fue activado ante el CAM Santiago y se centra en el incumplimiento del pacto de accionistas firmado en 2021, cuando ingresó el Fondo de Inversión Link-Inmobiliario I. Este pacto, respaldado por el 92,7% de los accionistas, establecía un plan de negocios que debía ser respetado y que solo podía modificarse con la unanimidad de los socios. Guzmán asegura que la administración aprobó proyectos como San Bernardo 2 y el Centro de Distribución Demaria, que no estaban contemplados en el Plan de Negocios original. Según los documentos, “la cláusula 3.02 del pacto establece que cualquier modificación al Plan de Negocios debe ser aprobada unánimemente, algo que no ocurrió”.

Adicionalmente, Guzmán apunta al abogado y director Rafael Ossa, abogado, quien era miembro del Comité de Auditoría de RMC. En los escritos se le acusa de no cumplir con su deber de fiscalización. Guzmán afirma que “habiendo accedido a toda la información sobre estas operaciones, [Ossa de la Lastra] no dejó constancia de las graves violaciones a las normas sobre operaciones con partes relacionadas en que ha incurrido el directorio”.

El texto también acusa un aumento injustificado de los gastos de administración de la sociedad, problemas de transparencia en la entrega de información a los accionistas, y posibles vicios estructurales en ciertos proyectos. Guzmán resalta que “estas irregularidades tienen un denominador común: la influencia que los señores Besomi y Chamorro tienen al interior de la sociedad, priorizando los intereses del Grupo EBCO sobre los de Red Megacentro”.

Frente a la arremetida judicial de Felipe Guzmán, fuentes cercanas a Red Megacentro señalaron a Pulso que “su gobierno corporativo funcionan bien, lo que demuestra que los cambios implementados a partir del año 2022 han sido correctos y han aportado valor a la compañía. Asimismo, es una empresa líder en su categoría, que cuenta con objetivos claros, con un plan estratégico robusto que fue aprobado por la unanimidad del directorio y que está siendo debidamente implementado por la administración”.

El grupo Angelini, a través de su sociedad Inversiones Siemel, ingresó a la empresa en 2018, al tomar cerca del 22% al suscribir un aumento de capital por US$ 125 millones. En diciembre pasado ofreció adquirir un 10% adicional al grupo Ebco. La memoria 2023 de la compañía asignaba un 33% de la propiedad al grupo Ebco, un 15% al fondo de inversiones Link y un 13% a Inversiones Patagual Limitada. En junio de 2022 llegó el actual gerente general, Claudio Chamorro.

Desde la compañía añadieron que “en el último tiempo Red Megacentro ha obtenido mejoras en su clasificación de riesgo, ha colocado bonos por 2 millones de UF en condiciones favorables y permanentemente perfecciona sus políticas de gobierno corporativo, de acuerdo a las mejores prácticas en esta materia”.

“La relación entre los accionistas de la compañía, el directorio y de éste con la administración es profesional, respetuosa y busca el beneficio de la organización. Este clima no se ha visto afectado por las permanentes amenazas realizadas por un accionista minoritario que, desde que salió de la administración de la compañía y luego del directorio, no ha cesado en su afán por entorpecer y desacreditar el desempeño de la empresa y la actual administración. Se trata de acusaciones infundadas”, señalaron, en referencia a Guzmán, quien fue director ejecutivo de la empresa hasta 2020 y luego director.

“Red Megacentro seguirá trabajando en beneficio de todos sus accionistas y se reserva su derecho a ejercer las acciones legales que correspondan en contra de quienes intenten dañar su reputación y/o afectar su posicionamiento en el mercado”, concluyeron.