El escenario de la economía fue mejor al que se esperaba a principios de 2023. El Producto Interno Bruto (PIB) se encamina a registrar un crecimiento 0% en lugar de -1,5% que se esperaba cuando recién comenzaba el año pasado. Sin embargo, la creación de empleo no ha logrado absorber la demanda por puestos de trabajo, lo que ha impactado en los ingresos de las personas. A ello se suma que ya prácticamente todos los recursos provenientes de los retiros de los fondos de pensiones y lo IFE se agotaron.
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En este contexto es que se enmarcan las cifras de insolvencia, de renegociación de deudas y quiebras de empresas y personas. Y al cierre del año pasado los problemas de liquidez se vieron reflejados en las personas. De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en 2023, los procesos de renegociación de la deuda de las personas registraron un sorpresivo salto de 182% al pasar de 287 en 2022 a 810 en 2023. Este registro, además, es el más alto desde 2019, cuando hubo 1.314 solicitudes.
¿A qué se debe?
Los expertos, tanto economistas como abogados, sostienen que una de las razones son los menores recursos con los que cuentan las personas, debido a la menor liquidez que tiene la economía y las mayores tasas de interés que ha impactado en el consumo. A ello se suman cambios a la legislación.
Uno de ellos es Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo (LyD), quien sostiene que “el mercado del trabajo sigue sustancialmente débil y solo el empleo público muestra gran dinamismo. Esto en contexto de altas tasas de intereses llevaron a muchas personas a reorganizar sus deudas”.
Mientras que Alfredo Niklitschek, abogado del estudio jurídico Palma, añade que “los factores que incidieron en este fuerte aumento son, indudablemente, el término del apoyo gubernamental como el IFE y el fin de los retiros de los fondos de pensiones, a lo que se sumó el difícil momento del empleo en Chile, que en el último trimestre móvil agosto-octubre 2023 llegó a 8,9%”.
Y Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados entrega otro antecedente: “se debe a que se eliminó un requisito para poder acogerse al procedimiento de renegociación de persona deudora, abriendo el abanico de personas que este procedimiento admitía. En términos simple, si una persona había emitido una boleta de honorarios en los últimos 24 meses, automáticamente al momento de solicitar someterse a una reorganización, se dictaba la resolución de inadmisibilidad, situación que hoy no ocurre”.
Desde el gobierno, el Superintendente de Insolencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, lo ve como una buena noticia (Ver entrevista).
En cuanto a las solicitudes de liquidación de activos de las personas, estas subieron 1,2% en relación a 2022 totalizando 2.332, pero es un 54% menor al peak que registró en 2020, en pleno año de la pandemia cuando 5.109 persona pidieron la quiebra para poder pagar sus deudas.
Las empresas estables
Otra realidad menos mala tuvieron las solicitudes de liquidación de activos las empresas. De acuerdo a las cifras entregada por la Superintendencia, en 2023 subieron 6,2% pasando de 1.035 a 1.099, aunque lejos de lo anotado en 2020 cuando las cifras alcanzaron un máximo de 1.800, en plena pandemia del Covid 19. Además, si se miran los registros de noviembre y diciembre estos fueron los bajos desde al menos 2019, con 40 y 45 solicitudes para iniciar ese proceso.
“Se cierra un año no tan malo como lo pronosticado y hay que hacer presente que las solicitudes de liquidación son un indicador de la situación de las empresas, pero no el único”, dice Eguiguren.
Niklitschek sostiene que si bien es “auspiciosa la estabilidad en las cifras de los procesos de liquidación, pero la verdadera buena noticia habría sido una disminución sostenida de estos números en 2023, lo que requerirá de medidas efectivas del gobierno para mejorar la economía”.
Para el experto, el motivo de esa estabilidad es multifactorial. “Uno de los factores que puede explicar la similitud entre en las solicitudes de liquidación de empresas entre 2022 y 2023, es la preferencia por utilizar los procesos de reorganización, para dar a la empresa deudora una oportunidad de efectuar los pagos de sus deudas”. De hecho, las reorganizaciones de las deudas de las empresas cerraron el año pasado en 49, cifra similar a la de 2022 cuando hubo 52.
