A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, el 92% de las empresas señala tener conocimientos sobre la normativa, pero el 37,5% de las organizaciones no tiene aún un profesional o área especialista en la materia. Estos son algunos de los resultados de la Octava Encuesta de Percepciones sobre dicha ley realizada por Fundación Descúbreme.
Uno de los puntos clave de la normativa es la obligación de las entidades privadas y públicas de más de 100 trabajadores, de tener en su planilla el 1% de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. Cuando esto no se puede alcanzar, la legislación contempla el uso de medidas alternativas, como las donaciones a proyectos acogidos a la Ley de Inclusión y la contratación de servicios de terceros.
En octubre de 2020 fue promulgada la Ley 21.275, la cual, alineada a la Ley 21.015, introduce nuevas medidas, entre ellas, que las empresas deberán contar con al menos un trabajador que se desempeñe en recursos humanos con conocimientos específicos en inclusión laboral de personas con discapacidad. La obligación comenzará a regir en noviembre de 2022. Este “gestor de inclusión laboral” debe ser un profesional certificado para gestionar un plan de inclusión laboral, coordinar las capacitaciones sobre el tema y promover políticas al interior de la organización. Al respecto, la encuesta indica que solo el 61,6% de las empresas dispone de un encargado o área de inclusión laboral.
La versión de este año de la encuesta incluye las respuestas de 112 instituciones del sector público y privado, el doble que la de 2021, e incorpora a distintos rubros como la industria manufacturera, servicios y educación, pero mayoritariamente, de la minería. El 64% de las entidades tiene más de 500 trabajadores (64,3%), el 29,5% entre 100 y 500, mientras que las de menos de 100 personas alcanzan al 6,3% del total.
Por otro lado, aparte de existir un alto conocimiento sobre la existencia de la ley, el estudio indica que el 80% entiende el cálculo de la cuota de contratación y el 87,5% señala que sus empresas cuentan con colaboradores con discapacidad y/o personas que son asignatarias de una pensión de invalidez. Justamente esto demuestra, según Andrés Beroggi, gerente de gestión y diversidad de la Fundación Descúbreme, que sí se ha avanzado en temas de inclusión. “Antes de la ley, el tema prácticamente no existía. Eran contadas con los dedos de una mano las empresas que trabajaban en temas de inclusión laboral. Sin embargo, hemos visto con esta encuesta a través de los años cómo se ha ido avanzando”.
Respecto a la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, el informe revela que la mayoría de las empresas optan por la contratación directa de personas con discapacidad (75%), por sobre el uso de medidas alternativas como las donaciones a proyectos acogidos a la Ley de Inclusión (31,3%) y la contratación de servicios de terceros (19,7%).
Los principales apoyos que mencionaron las empresas que han facilitado el cumplimiento de la ley, fueron: recibir el soporte de una entidad externa (consultoras, fundaciones y servicios públicos, entre otros), con un 58,8%; la implementación de un plan estratégico dentro de la empresa (58,8%); la realización de capacitaciones internas (23,5%) y otras medidas (14,7%).
No obstante, las organizaciones se han visto enfrentadas a dificultades que han impedido el cumplimiento de la ley mediante contratación directa. Dentro de las principales razones se mencionan la falta de candidatos (50%), las brechas educativas que experimentan las personas con discapacidad (43,7%) y que no se han abierto vacantes (23,7%).
A juicio de Beroggi, esto se debe a la baja escolaridad y estudios a los que pueden acceder las personas con discapacidad. “Las empresas no encuentran a las personas que requieren, debido la importante brecha educacional. Hay menos años de escolaridad en las personas con discapacidad. Muchas veces no alcanzan a tener un título. Cuesta encontrar a las personas adecuadas y, por otra parte, la ubicación de los trabajos para ellos es importante, ya que les cuesta movilizarse o trabajar en altura, o no hay cerca lugares de trabajo con las condiciones adecuadas. Entonces, ahí hay barreras que hay que seguir trabajando”.