Desde el pasado mes de noviembre, Felipe Sandoval Precht dirige la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), federación gremial que agrupa a once gremios del sector pesquero industrial. Solo dos meses antes, el gobierno separó el corazón de la ley de pesca en un proyecto concentrado en la distribución de los recursos pesqueros. La iniciativa ya encara su tercer trámite legislativo, y será vista este martes por la Sala de la Cámara de Diputados, donde se someterán a aprobación las modificaciones del Senado.

Para el líder gremial, el texto ya aprobado supone riesgos al empleo y la inversión del sector industrial, que reclama la vigencia de las cuotas asignadas hasta 2032 por la actual legislación.

“Esta ley no contempla un mecanismo de traspaso de cuotas de un sector a otro, y por lo tanto, eso nuevamente afecta al empleo, porque si hay un sector que no es capaz de capturar lo que queda y no puede traspasarlo al otro sector, bueno, va a ser recurso perdido, y eso es menos trabajo y menos empleo. Ahí hay una falencia de esta ley, que se va a ir notando en el tiempo, y habrá que corregirla espero yo en el futuro”, plantea.

¿Cuál es su expectativa para el tercer trámite?

-Veamos lo que pasa mañana (hoy) en la Cámara de Diputados, a ver si quedan temas pendientes, que ya no aprueben respecto a lo que venía del Senado, y habrá que ver también en la comisión mixta.

Un tema fundamental es cómo van a quedar las cuotas importantes, como la de jurel. ¿Es posible que se moderen los efectos del nuevo fraccionamiento con el aumento extraordinario de la cuota asignada a Chile por la OROP?

-En el caso de la zona centro-sur, desde Atacama a Los Ríos, el sector industrial va quedar con menos cuota que la que tiene actualmente. A pesar del crecimiento que hubo de la cuota del jurel, va a afectar a lo que se captura, lo que lógicamente redunda en el empleo. En segundo lugar, en el futuro, puede haber problemas porque hace algunos años, el jurel no estaba tan pegado a la costa chilena y se pescaba en altamar, fuera de las 200 millas. Los jureles se trasladan y cuando se vayan nuevamente lejos, ese 30% para la pesca artesanal no va a ser posible que lo capturen con las naves y la tecnologías que tienen ellos. Entonces, si no hay un mecanismo expedito de traspaso de cuotas, esa cuota no se va a pescar y se va a perder. Y cuando la pierdes, pierden todos los chilenos. En tercer lugar, lo que captura el sector artesanal va a harina de pescado, y lo que captura el sector industrial va a consumo humano, que genera seis veces más empleo.

La licitación de la cuota adicional del jurel asoma como clave, ¿hay una moneda de cambio para las conversaciones que se tienen que dar, ya probablemente en una comisión mixta?

-La licitación estaba planteada para que no se licitara más del 15% de cada pesquería, pero hoy se están cambiando las condiciones. Lo que se discutió en el Senado era que se licitaran los excedentes de la cuota industrial no licitada, pero con el fraccionamiento definido no hay excedentes de la industria, entonces no sé qué es lo que se podría licitar en esas condiciones. No sé si el gobierno va a insistir en lo que quería.

¿La aprobación del proyecto, tal como está, significa hipotecar el futuro de la industria?

-El problema principal sigue siendo el que hemos planteado siempre: aquí hay una afectación a la certeza con que vas a trabajar. Porque una estructura de la industria que estaba planificada que durara hasta el 2032, se está modificando a mitad de camino. Por lo tanto, nadie puede asegurar que no te la van a modificar de nuevo. Eso significa que las inversiones no se van a hacer a mediano y largo plazo, a lo más van a ser a corto plazo mientras tengas seguridad que no van a cambiar las condiciones nuevamente. Si se afecta la inversión, se afecta el empleo, y se afecta el crecimiento dentro del sector. Si sumas a eso que este no es el único sector en Chile donde están cambiando las reglas del juego, finalmente esto puede afectar en el riesgo país. Y cuando afectas eso, afectas a todos los chilenos, porque te afecta la tasa de interés, a la economía nacional en su conjunto. Aquí creo que hay algo que el gobierno no ha dimensionado. Cuando uno hace cambios en una parte, alguien puede pensar que no se van a notar, que van a ser pequeños, pero cuando empiezas a sumar, en el mediano plazo eso puede tener un efecto, que es lo que nos ha pasado en el crecimiento de la economía. Esto tiene un efecto en el sector, pero también a nivel país.

¿Cómo toma la rapidez con que ha avanzado el proyecto y los cambios en una ley que ustedes preferían mantener?

-Nunca dijimos que no queríamos cambios en la ley, siempre estuvimos abiertos a los cambios. Dijimos que esos cambios tenían que hacerse con normas que den certeza. Estamos disponibles a hacer cambios en materias distintas, pero incluso en materia de fraccionamiento dijimos que estábamos disponibles a llegar a un acuerdo en la medida que hubiera certeza que las condiciones se van a mantener hasta el 2040.

¿El amplio respaldo de los parlamentarios les preocupa?

-En el Senado vimos una opinión distinta en algunas especies, que la de los diputados. Se dieron más tiempo para resolver y escucharon a más actores. Pero el gobierno juega un rol muy importante en esto, porque al final es la instancia técnica que escuchan los parlamentarios. Y si el gobierno tiene una mirada sesgada respecto al tema, obviamente tiene efectos en lo que votan los parlamentarios. Nuestro problema básicamente con las autoridades de Economía y de Pesca es que no han hecho una evaluación completa de los informes económico y social que indique las consecuencias que va a tener esta ley. Se le han pedido hasta el cansancio por parte de los parlamentarios y no lo han entregado. Aquí finalmente las responsabilidades son de quien tramita la ley. Los parlamentarios tienen que creer muchas veces lo que les dice la autoridad, y esto va a tener costos a futuro y va a haber que modificar las situaciones complejas que está dejando esta ley.