La Fiscalía Nacional Económica (FNE) y las empresas Soprole y Prolesur presentaron para su aprobación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un acuerdo extrajudicial que busca poner fin a una investigación del persecutor por faltas a la sentencia de 2004, que puso una serie de condiciones a la empresa relativas a la pauta de precios de compra de leche a productores.
En el documento, ambas empresas reconocen faltas a la sentencia, aunque aseguran que estas no fueron lesivas ni provocaron menoscabo a las condiciones de competencia del sector. Pese a ello, se comprometieron a modificar algunos de sus procedimientos comerciales con los productores de leche, además del pago, a beneficio fiscal, de 600 UTA cada una, lo que se concretará una vez que falle el TDLC. Esta cifra alcanza los $725 millones entre ambas.
Una de las medidas, informó la FNE, “obliga a estas empresas a mantener listados públicos de precios de compra de leche, los que deben detallar los diferentes parámetros que lo componen, con la debida información a los interesados”. Según esta medida, se añadió, “las empresas deben informar públicamente toda condición comercial que apliquen en la relación con sus proveedores, las que deben ser objetivas y no discriminatorias”.
“La sentencia también obliga a las empresas a publicar con cierta anticipación cualquier cambio en las condiciones de compra”, complementó la FNE.
En su investigación, la Fiscalía identificó que Soprole y Prolesur aplicaban algunas condiciones comerciales que no habían sido comunicadas al mercado en los términos establecidos en la sentencia de 2004. No obstante, no se pudo comprobar que esta falta generar algún beneficio para Soprole o Prolesur, lo cual redujo el castigo al que se exponían ambas empresas relacionadas.
Los acuerdos extrajudiciales deben ser visados primero por el TDLC. Para ello, se citó a una audiencia el próximo miércoles 20 de mayo a las 10.30 horas.
