Los criterios de ASG o ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG, por sus siglas en inglés), son cada vez más relevantes en las políticas de sostenibilidad de las empresas. Tanto así, que en muchas compañías han pasado desde esa área a ser parte del modelo de negocios. Especialmente, considerando la presión de los inversionistas y de la ciudadanía con respecto a la responsabilidad ante el cambio climático.
Pero una cosa es la compañía por dentro y otra, lo que corresponde a su grado de influencia externa. O sea, a los proveedores y contratistas que componen su cadena de suministro. Ese fue justamente el tema que abordó una encuesta de la consultora en sostenibilidad Eticolabora, la que concluye que mientras las grandes empresas son parte del segmento “de avanzada” con respecto a prácticas de sostenibilidad, en lo que se refiere a velar por ese aspecto en la gestión de sus contratistas y proveedores, el 23% se autocalifica “en un nivel relativamente satisfactorio”, mientras que cerca de un tercio dice estar en un nivel “por debajo de los nuevos estándares, pero avanzando rápidamente”. La consulta se realizó a una base de 200 ejecutivos de alta dirección de grandes firmas que operan en Chile y fue aplicada entre el 31 de agosto y 9 de septiembre de este año. Y aunque la mayoría de los participantes declaran que sus empresas conocen los temas de ASG, poco menos de un tercio ha incorporado estos criterios de manera explícita.
Ahora, hilando más fino, uno de los ítems de la investigación se refiere a cómo incorporan los principios rectores de derechos humanos y empresa de Naciones Unidas, donde solo una de cada seis empresas (17%) ha incorporado explícitamente este tema, aunque un tercio expresa haberlos considerado “pero con otra terminología”. Con respecto a su cadena de suministro, se observa un alto porcentaje de empresas (75%) que declaran haber instalado canales de denuncia, “porcentaje impensado hace solo 10 años atrás, lo que constituye un paso importante para que víctimas o testigos puedan informar de situaciones de vulneración de derechos. Sin embargo, las prácticas preventivas son escasas: el mapeo de riesgos, las políticas que incorporan el respeto a los derechos humanos y las acciones de debida diligencia, son aún minoritarias”, señala Ignacio Larraechea, director ejecutivo de Eticolabora.
Con respecto a la gestión de los gases de efecto invernadero (GEI), los resultados revelan que es algo poco frecuente. El 31% dice que no lo han considerado, mientras que el 13% señala que tiene planes para comenzar a hacerlo. La bajada a los proveedores y contratistas no es más optimista. Solo el 2% se lo exige a los primeros, y el 8%, a los segundos. Con relación a si tienen políticas sobre el tema, en ambos casos no se llega a los dos dígitos.
El establecimiento de criterios de sostenibilidad a los proveedores y contratistas es un paso importante. Sin embargo, si no se acompaña de políticas y prácticas de apoyo a las pymes, puede significar que estas queden fuera de los mercados. En ese sentido, el sondeo muestra que las prácticas al respecto son aún escasas. Por ejemplo, solo el 13% de las empresas las ha apoyado en términos de capacitación, y el 14%, en sus modelos de gestión. Por otro lado, el 91% le paga a las pymes y proveedores de manera masiva a 30 días, lo que demuestra un importante avance al respecto.
En términos generales, para Larracechea, la pandemia ha mostrado que la solidez de las cadenas de suministro es crítica para minimizar los riesgos operacionales en esta economía globalizada. “Y al mismo tiempo, hemos visto que la crisis ha tenido un impacto importante en la informalidad y la precarización del empleo. Eso obliga a las empresas a redoblar sus esfuerzos por asumir su responsabilidad para evitar situaciones de vulneración de derechos fundamentales en su cadena de valor”, concluye el director ejecutivo de Eticolabora.
