La semana pasada el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos presentaron la ruta fiscal que buscarán implementar durante la administración del Presidente Boric para reducir el déficit fiscal estructural del país. En el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre se comprometieron a un descenso de 0,75% por año. De esta manera, y considerando que para este 2022 la proyección de déficit fiscal estructural comenzará en 3,3% del PIB, se espera llegar al 2025 con un saldo negativo de 1,1%. Entremedio, para 2023 se prevé que el balance se ubique en -2,6% y en 2024 en -1,8%.
Asimismo, especificaron que como innovación habrá un límite de deuda pública, el cual llegaría a 43,9% del PIB, por debajo del máximo nivel prudente para una economía como la chilena, de 45% del PIB.
“En la definición de esta trayectoria se ha avanzado en la aplicación de una regla dual, internamente consistente, orientada a generar una relación sostenible deuda-PIB inferior al 45%. La trayectoria para converger a esa meta se ha definido anualmente, de modo de poder verificar su avance”, sostuvo el titular de Teatinos 120, Mario Marcel, al momento de presentar el informe.
Entre los expertos locales, esta trayectoria fue considera una buena señal y un compromiso con la responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo la calificadora como “exigente”.
Un actor relevante que todavía no había emitido juicio eran las clasificadoras de riesgo, quienes periódicamente entregan sus análisis sobre la solvencia macro fiscal de los países y en base a una serie de variables las clasifica con distintas notas crediticias.
Una ellas es Standard and Poor’s (S&P), la que en marzo del año pasado rebajó la nota de Chile de ‘A+’ a ‘A’, con perspectiva estable. ¿Cuál es la visión que tienen ahora con esta nueva ruta fiscal? Manuel Orozco, analista que da seguimiento a la calificación soberana de Chile en S&P, afirmó a Pulso que, en un análisis general, la trayectoria fiscal presentada por el gobierno “está en línea con el escenario que presentamos el mes pasado”. Por ello, dijo que “la senda fiscal que presentó el gobierno es consistente con nuestras expectativas con una clasificación A con perspectiva estable para los próximos 12 a 24 meses”.
Orozco menciona que “había ciertas dudas de cómo sería la implementación del gobierno y creo que sigue resaltando la importancia de mantener una senda fiscal que apunte estructuralmente a ir reduciendo los déficits. Ese es el primer paso importante y es una señal de que habrá una consolidación importante en 2022″.
Sobre cómo se comporte el déficit hacia adelante y si esa meta es cumplible, el analista sostiene que “se debe entender que todavía no están incorporados los planes del gobierno en cuanto a reforma tributaria, planes de expansión de gasto, no obstante, es un buen mensaje, y creo que hay razones para pensar que una ruta similar se pueda mantener, incluso después de lo que ocurra con las reformas que hará el gobierno”.
Orozco explica que para analizar la fortaleza de un país, y por ende, la evaluación de la nota crediticia, se consideran varios elementos, y no sólo la situación fiscal. “En nuestras calificaciones, el 50% es la fortaleza institucional y el perfil económico, después, el otro 50% es una combinación de política monetaria, política fiscal y la posición externa. La política fiscal es un componente bien importante, pero no es lo único que forma la clasificación de riesgo”.
La visión de Fitch
Otra de las clasificadoras que se pronunció este martes fue Fitch. En su análisis menciona que “las proyecciones económicas y fiscales actualizadas de Chile son consistentes con declaraciones anteriores que indican que la administración de Boric favorece entornos de política fiscal prudentes”. No obstante, “estabilizar la deuda del gobierno podría ser un desafío”, advierte.
Destaca que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “expuso la intención del gobierno de estabilizar la deuda/PIB al reducir tanto el déficit presupuestario general y estructural más cerca de cero en los próximos cuatro años. Esto haría que el índice de endeudamiento continuará aumentando hasta 2025 y luego se estabiliza en 43,9%, 15,6 puntos porcentuales más que antes de la pandemia, pero muy por debajo de la mediana de la categoría ‘A’ (que Fitch proyecta en 58,7% en 2023)”.
En el análisis, afirma que la estabilización de la deuda puede resultar un desafío dada la incertidumbre sobre la aprobación e implementación de las medidas de reforma tributaria. Sostiene que hay riesgos de que se pongan en marcha programas de gasto, pero los ingresos fiscales tengan un rendimiento inferior, y menciona que adicionalmente pueden surgir presiones de gasto si la nueva Constitución propuesta enumera los derechos sociales.
