Los dos operadores que extraen litio desde el salar de Atacama no sólo están compitiendo por aumentar su producción. SQM y Albemarle sostienen una verdadera batalla ambiental que amenaza, incluso, con poner término a sus faenas. Todo, luego de una solicitud presentada por la firma norteamericana -Albermarle- para que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dé inicio al proceso de revisión de los permisos de cada una de las compañías, los que les permiten desarrollar sus actividades extractivas en el mayor depósito mundial del denominado oro blanco.

La petición de Albemarle fue ingresada el 30 de mayo, amparándose en el artículo 25 quinques de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente. En ella, la norteamericana argumentó una “variación sustantiva” en una de las variables ambientales evaluadas por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) con la que puede operar, que data de enero de 2016. Específicamente, dicha variable se refiere al nivel freático del agua del acuífero en uno de los tres puntos de monitoreo, que luego de encadenar tres meses con mediciones bajo el umbral establecido llevó a que en enero se activara el Plan de Alerta Temprana (PAT) dispuesto en el permiso ambiental. Ello obligó a la firma a encargar un informe técnico sobre las causas de dicho fenómeno, el que confeccionó la consultora Hidromas.

Dicho documento estableció una “incidencia multifactorial en el comportamiento y dinámica hídrica del acuífero, lo que genera la necesidad de realizar mayores investigaciones” en el salar. Según Albemarle, uno de esos factores se relaciona con las extracciones de salmuera que ambas empresas realizan en el núcleo del salar, pero el efecto de su competidora es mayor.

“Habiéndose establecido que los descensos de los niveles de salmuera en el núcleo son causados, mayoritariamente, por las extracciones históricas de SQM, resulta forzoso concluir que estamos ante una variación sustantiva de lo predicho en la RCA 226 / 2006 de SQM (por cuanto la afirmación de impacto nulo sostenida en tal RCA no habría evolucionado de dicha manera), lo que justifica la revisión de dicha RCA en simultáneo a nuestra RCA N°21 / 2016″, señaló la solicitud de Albemarle.

Además, indicó que “dada la relación sincrónica de los descensos en el sector núcleo y sector acuífero, y los porcentajes de contribución que le caben a SQM sobre dichos descensos, se genera sobre mi representada una carga constante, única y exclusiva de activación de su Plan de Alerta Temprana, lo que supone consecuencias productivas negativas e importantes”, agregando que la RCA de SQM “no está sujeta a planes de contingencia o alertas temprana (...) porque se asumió la condición de ‘impacto nulo’ sobre tales sectores, cuestión que como vemos, no se verificó”.

Frente a ello, el pasado 2 de octubre SQM arremetió en contra de la solicitud de Albemarle. En un “téngase presente”, la minera ligada al grupo Pampa solicitó que la revisión de la RCA de SQM no sea admitida a trámite, lo que no resultaría procedente porque “la materia objeto de la solicitud se encuentra siendo analizada en el marco de la evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental sometido a la misma autoridad requerida”.

Además, advirtió que hay procesos sancionatorios en curso contra ambas empresas por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). En el caso de Albemarle, se trata de un procedimiento iniciado en marzo de 2022, donde se le formularon dos cargos a la norteamericana por realizar extracción de salmueras, entre enero de 2019 y septiembre de 2020, en un volumen mayor a los 444 litros por segundos autorizados; y por no dar cumplimiento a todas las medidas comprometidas en el PAT del Sector de Alerta Acuífero, en el mes de marzo del año 2021. Esto, sostuvo la presentación de SQM, es evidencia de “la relación que existe entre este procedimiento sancionatorio y la solicitud de revisión”.

En su caso, detalló que el procedimiento sancionatorio iniciado en noviembre de 2016 donde le fueron imputadas seis infracciones calificadas como leves, graves y una gravísima, dieron origen a un programa de cumplimiento que, tras ser modificado en dos ocasiones, fue ratificado en junio de este año y se encuentra en plena ejecución. De hecho, una de ellas fue la presentación en enero del año 2022 del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama”.

Dicho EIA, argumentó SQM, “revisa y actualiza exactamente los mismos aspectos que Albemarle solicita que sean revisados en la instancia excepcional”, por lo que la ejecución del programa de cumplimiento aún debe ser verificada por la SMA.

Además, la firma manifestó que “no existe realmente una variación sustantiva de la variable ambiental en cuestión que haga procedente la revisión”, ya que Albemarle “se limita a plantear una serie de dudas e incertidumbres respecto al comportamiento del acuífero y su relación con el núcleo del Salar de Atacama, sin antecedentes concretos que verifiquen la variación sostenida por el titular”.

En su téngase presente, SQM además descartó que Albemarle tenga la calidad de “directamente afectado” para gatillar el proceso de revisión de la RCA, y deslizó una clara crítica a su competidor: “El solicitante es explícito en indicar que lo que pretende por esta vía es modificar los supuestos de activación del PAT por ‘consecuencias productivas negativas e importantes’ que se le generan por la continua activación de tal instrumento”.

El procedimiento ante el SEA fue iniciado por Albemarle cuando Ramón Guajardo Perines aún fungía como director de la oficina regional de Antofagasta. Pero Guajardo perdió su cargo tras la polémica decisión de poner término anticipado al proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún, que involucraba US$1.400 millones en inversiones.

Su última actuación ante la solicitud de Albemarle fue enviar un oficio a la SMA, remarcando que el SEA “tiene conocimiento de que tanto el titular SQM Salar S.A. como Albemarle Limitada se encuentran sometidos a procesos sancionatorios ante vuestra entidad”. En su oficio, le solicitó a la jefa de oficina regional de la SMA pronunciarse “respecto de si identifica una relación directa entre los incumplimientos” investigados por la entidad fiscalizadora y las variables solicitadas a revisar en las dos RCA. Dicho oficio, enviado el 29 de agosto, aún no ha sido respondido por la SMA.

Conocedores de la decisión de Albemarle aseguran que la empresa está cumpliendo con la “obligación” de reportar la variación detectada en la hidrología, y aunque sólo alcanza a dos centímetros de diferencia, para entender responsablemente las razones del comportamiento del acuífero “hay que sumar al vecino”. Además, enfatizan que sólo buscan que la autoridad sea la que se pronuncie, pese a reconocer que existe un riesgo de tener que dejar de operar si es que las RCA terminan siendo revocadas.