En el marco de los “Premios Iniciativas Sustentables 2024″, que se llevaron a cabo el pasado miércoles en la sala La Nave de la Universidad del Desarrollo, se realizó el conversatorio titulado “Transición energética en Chile: Construyendo un nuevo horizonte”. Este evento reunió a destacados expertos para analizar el rol de Chile en la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible.

El panel contó con Stephany Griffith-Jones, vicepresidenta del Banco Central; Annie Dufey, directora de la Fundación Espacio Público, y Nicola Borregaard, gerenta general de EBP Chile y miembro del directorio de la Fundación Fraunhofer Chile. La conversación fue moderada por Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo (CiSGER).

Las panelistas coincidieron en que Chile se encuentra en una posición privilegiada para liderar la transición energética gracias a sus abundantes recursos naturales, como el cobre, el litio, el sol y el potencial de generación de hidrógeno verde. Griffith-Jones subrayó que el país ha logrado duplicar la proporción de energías renovables en su matriz energética en los últimos 12 años, alcanzando un 68%, y que las expectativas son llegar al 80% en 2030. “Nosotros tenemos una especie de bendición de los recursos naturales claves para lo que el mundo hoy en día necesita. Porque tenemos cobre, somos el mayor productor de cobre en el mundo, clave para la electromovilidad, la transición energética, tenemos litio, tenemos más del 40% de los depósitos de litio en el mundo, y la extracción de litio es más barata en Chile que en países como Australia”, destacó la economista.

Borregaard enfatizó que, si bien se han logrado avances significativos, aún existen desafíos, especialmente en la integración de energías renovables a nivel residencial y descentralizado. “Somos millones de personas que debemos participar en esta transición, pero el mercado sigue estando demasiado atomizado. Tenemos un tremendo potencial solar que no estamos aprovechando lo suficiente”, señaló.

Un tema recurrente que estuvo presente en el debate fue la necesidad de mejorar las regulaciones para facilitar la participación del sector privado y los pequeños actores en la transición energética. Borregaard destacó la urgencia de reformar la ley de distribución eléctrica para permitir un acceso más equitativo a las energías renovables. Asimismo, se abordó la importancia de implementar estrategias para gestionar de manera sostenible la creciente demanda de minerales críticos como el litio y el cobre, esenciales para tecnologías limpias como las baterías y las turbinas eólicas.

Por su parte, Griffith-Jones explicó cómo el Banco Central está incorporando los riesgos climáticos y de biodiversidad en sus modelos macroeconómicos y financieros para garantizar la estabilidad económica en el contexto de la transición verde. Además, resaltó el papel de Chile en redes internacionales como la “Network for Greening the Financial System” (NGFS), que promueve la integración de riesgos climáticos en el sistema financiero global.

Annie Dufey destacó que, para alcanzar una transición energética efectiva, es fundamental incorporar la planificación y la gestión territorial en el desarrollo de proyectos energéticos. Actualmente, Chile enfrenta resistencia en algunas comunidades hacia nuevos proyectos, incluso aquellos de energías renovables. “Si hoy día tenemos 12 o 13 mil gigawatts de energías renovables no convencionales instaladas y, por ejemplo, si queremos cumplir con el desmantelamiento de las centrales a carbón al 2030, esto requiere doblar esa capacidad en un contexto en el que hoy en día, hacer un proyecto adicional de energía -aunque sean renovables no convencionales-, ya no es posible. Nadie quiere un proyecto al lado de su casa. Entonces, hay un problema importante”, aclaró Dufey. Y en este contexto, explicó, la participación ciudadana y el trabajo conjunto entre empresas, gobiernos locales y científicos son cruciales para superar estos desafíos.

El conversatorio concluyó con un llamado a la acción: fortalecer la cooperación entre el sector público y privado, avanzar en la educación y participación ciudadana, y acelerar la implementación de políticas integrales que equilibren el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.