Subió el número de huelgas en 2021, pero todavía se encuentran por debajo de los niveles de prepandemia

En 2021 la economía se recuperó fuertemente de los efectos de la pandemia. El Producto Interno Bruto (PIB) subió casi 12%, y el empleo recuperó el terreno perdido por el Covid 19. Junto a esas variables, otros registros que también crecieron fue el número de negociaciones colectivas y las huelgas legales que se concretaron el año pasado.

De acuerdo a un análisis realizado por Clarifica Consultores, las negociaciones colectivas subieron un 23% en comparación a 2020 totalizando 3.134 procesos, mientras que las huelgas efectivas crecieron un 39% con un registro de 158.

Si bien hubo una recuperación en ambos indicadores, las cifras están todavía por debajo de los niveles pre pandémicos: en 2019 se realizaron 3.202 negociaciones y 239 huelgas; en 2018 se ejecutaron 2.951 negociaciones y 327 huelgas.

Por sector económico, el análisis muestra que Enseñanza lidera con 40 huelgas, seguido por la Industria Manufacturera con 23 y Transporte y Almacenamiento con 21.

La consultora elabora, además, un índice de conflictividad laboral, el cual busca dar una panorámica de las relaciones laborales. Este índice considera la información de número total de huelgas en año calendario, la clasificación por Rama de Actividad Económica, el número de negociaciones colectivas con instrumentos colectivos suscritos y el número de sindicatos.

Así, en 2021, este índice fue de 5% siendo mayor al 4% registrado en 2020, pero menor al 11% y 7% de 2028 y 2019 respectivamente.

El análisis que realizan Jorge Ramírez, abogado y exasesor del segundo piso del gobierno de Sebastián Piñera, y Sergio Morales, exjefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo del período anterior, menciona que la explicación para la rebaja considerable de negociaciones colectivas y huelgas durante el año 2020 “se relaciona principalmente con los efectos de la pandemia por Covid 19, y por la Ley 21.235 que extendió o suspendió los procesos electorales de directivas sindicales y de sus delegados durante el estado de excepción constitucional”.

Asimismo, destaca que durante 2020 “muchas organizaciones sindicales optaron por prorrogar sus antiguos instrumentos colectivos o suspender las negociaciones de los mismos, atendida las dificultades fácticas para reunirse, tomar votaciones y elegir a sus representantes”.

En cambio, ahora, subrayan que “nos enfrentamos a un nuevo escenario post pandémico en el cual se observa cierta normalización de las dinámicas de conflictividad, aunque aún no se alcanzan los niveles pre pandémicos. Sin embargo, hay también variables políticas, como, por ejemplo, el plebiscito constitucional de salida, que podrían acelerar o también ralentizar dinámicas futuras de conflictividad”.

En ese sentido, puntualizan que entre las variables políticas “están los cambios en materia de derechos laborales que incorpora el borrador de nueva constitución que incluye materias como titularidad sindical, derecho de los sindicatos a participar de la toma de decisiones al interior de las empresas, huelga política y fuera de la negociación colectiva y negociación supra empresa o ramal, lo cual puede ser un factor que incida en las futuras negociaciones o la postergación de las mismas a la espera del resultado del plebiscito”.

Para 2022 podría haber un aumento tanto en los procesos de negociación colectiva como de huelgas, no obstante, los autores del informe sostienen que es “difícil proyectar un escenario hasta que no se despejen variables que introducen una cuota importante de incertidumbre”. Entre ellas, mencionan “el resultado del plebiscito constitucional de salida, puesto que la propuesta de nueva constitución es bastante maximalista en la conceptualización del derecho a huelga”.

Por otro lado, Ramírez y Morales afirman que está el efecto político de la nueva administración de la Dirección del Trabajo que ha definido nuevos criterios. “La mayor proximidad del nuevo gobierno con una parte del mundo sindical y su apuesta por implementar instancias de diálogo social, puede representar una oportunidad para disminuir los niveles de conflictividad en el corto plazo, pero esto también implica mayores expectativas, que, de no ser satisfechas en un mediano plazo, podría incluso llevar a un aumento en los niveles de conflictividad”, concluyen.