El subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, respondió al gerente general de Compañía Pesquera Camanchaca, Ricardo García, quien en entrevista con El Mercurio señaló que le preocupan cambios a la regulación del sector y proyectos que se discuten en el Congreso, por su efecto en la industria y la economía.
Entre éstos el ejecutivo citó el fin a la renovación automática -a 20 años- de los permisos de captura, las restricciones a la pesca de arrastre y a las "perforaciones" en zonas vinculadas a actores artesanales.
Al respecto Riquelmente indicó que "él hace 3 observaciones: primero hace una crítica general al proyecto de ley corta, que establece el fin de las renovaciones automáticas de las licencias de pesca. El gobierno ha fijado una postura a ese respecto, ha enviado un proyecto de ley y por lo tanto es una materia que el gobierno ya ha fijado postura y el Congreso tendrá que pronunciarse".
Respecto al congelamiento de la huella de arrastre Riquelmente señaló que "es importante informar a la opinión publica que no se trata de una provisión total de arrastre, sino que de mantener el arrastre e el lugar donde actualmente se está realizando y prohibir que se realice en aquellas otras partes del mar territorial chileno donde no se ejecuta, que corresponde al 98% del país".
Por lo tanto, afirmó "no hay ninguna alteración en la actividad económica tal como se está realizando actualmente con ese arte de pesca y por lo tanto el llamado de ellos a la preocupación nos parece que no tiene fundamento".
Sobre el proyecto de ley presentado por el senador Guido Girardi, que impide que dentro de las 5 millas en la zona norte se produzca el ingreso de la flota industrial, Riquelme afirmó que "ese es un proyecto que ha sido presentado por un parlamentario que tiene iniciativa al respecto y el gobierno simplemente tiene que estar atento a lo que el Congreso discuta a esto".
En segundo lugar, él se manifiesta en contra de la noticia que señalamos públicamente en relación al congelamiento de la huella de arrastre y es importante informar a la opinión publica que no se trata de una provisión total de arrastre, sino que de mantener el arrastre e el lugar donde actualmente se está realizando y prohibir que se realice en aquellas otras partes del mar territorial chileno donde no se ejecuta, que corresponde al 98% del país. Por lo tanto, no hay ninguna alteración en la actividad económica tal como se está realizando actualmente con ese arte de pesca y por lo tanto el llamado de ellos a la preocupación nos parece que no tiene fundamento.
