El proyecto que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares retomó su discusión en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. La instancia parlamentaria recibió al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, y al coordinador del Congreso Nacional de Libertad y Desarrollo (LyD), Juan Ignacio Gómez.

Calderón fue un duro crítico de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), segmento que ha mostrado una férrea oposición a financiar con sus rentas el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) que da soporte al subsidio eléctrico. La propuesta del Ejecutivo busca recaudar US$150 millones anuales a través estas generadoras, pero la polémica por el precio estabilizado que perciben viene desde hace tiempo en la industria. Y Calderón se encargó de remarcarlo. “Son lo más parecido a las empresas con multirut, porque tienen 50, 60 e incluso hasta 100 (planta de generación) que son de una misma propiedad”, lanzó, aludiendo a la participación de grande fondo de inversión internacionales en la propiedad de distintos proyectos PMGD.

“Esto que era una oportunidad para las pymes, se ha transformado en una gran oportunidad para los inversionistas extranjeros, que bienvenidos sean, pero que vengan a competir, y no a utilizar una franquicia que se había establecido y que hoy está altamente concentrada. Más del 50% de estas empresas están en poquitas manos, y eso es lo que ha distorsionado”, indicó. Además, aseguró que el cambio regulatorio al segmento “no afecta la estabilidad del sistema, y tampoco va a afectar económicamente a estas empresas”.

Por su parte, Gómez planteó que la idea de extender el subsidio “está sobredimensionado”, pese a que, en su visión, “es recomendable que haya un subsidio eléctrico permanente, tal como en el agua potable, porque eso va a ayudar a que en el futuro, y ante fluctuaciones relevantes de los precios (...) se pueda contener y haya un apoyo permanente a las familias”.

Con todo, el investigador de LyD planteó que “hay un problema en cómo se está financiando” la expansión del subsidio, y aludió a una serie de vicios de constitucionalidad de la iniciativa, como el principio de autocontención y la creación del cargo FET para destinar exclusivamente la ampliación del beneficio, así como la propuesta de elevar la sobretasa a las emisiones de CO2. “Hay una transgresión clara al principio de no afectación (...) el mensaje lo dice claramente, que el impuesto va a financiar el subsidio”, indicó.

El ministro de Energía, Diego Pardow, participó de la sesión de la instancia parlamentaria, donde mostró apertura a realizar indicaciones al proyecto en varias líneas.

“Obviamente podemos considerar cómo ajustamos la cantidad de beneficiarios reales a la estructura de financiamiento. Muy disponible a encontrar mecanismo que aíslen aquellos sectores productivos que están particularmente más expuestos. Por cierto, muy disponible a considerar los mecanismos de focalización respecto a pymes”, señaló.

Sin embargo, urgió a los diputados de la comisión para tener una “discusión productiva, porque de lo contrario mi temor es que entremos en una lógica ‘gatopardiana’, donde por cambiar muchas cosas, terminamos sin llegar a tiempo a lo que nosotros mismos nos fijamos como misión cuando empezamos este trabajo”.

En esa línea, refutó la idea de que la propuesta tenga problemas de constitucionalidad.

“Tenemos que tratar de circunscribir el debate a un conjunto de ideas más constructivas. Por cierto, si alguien estima que alguna de las propuestas del Poder Ejecutivo son inconstitucionales, hay lugares donde puede hacer valer (esa idea), pero el Ejecutivo no comparte aquello”, señaló.

“No caigamos en el ‘gatopardismo’ de que por querer cambiar todo, entonces al final no hagamos nada, porque las familias chilenas, especialmente las que pertenecen al 40% más vulnerable, están esperando que el trabajo que fue anunciado en la mesa donde todos acordamos priorizar este proyecto de ley para llegar lo antes posible con el subsidio”, remarcó.

En tanto, la comisión adoptó los acuerdos necesarios para despachar la iniciativa antes que termine el mes de octubre. Así, la planificación apunta a escuchar a los invitados que quedaron pendientes este miércoles -entre ellos, el presidente y la directora ejecutiva de Acera, Sergio del Campo y Ana Lía Rojas-, y recibir al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la sesión del próximo miércoles 2 de octubre. Así, estipulan votar en general el proyecto el miércoles 16 de octubre, y abrir un período de indicaciones para que la instancia despache a Sala el proyecto el miércoles 30. Eso sí, la apretada agenda parlamentaria podría obligar a adoptar modificaciones en dicha planificación, que está sujeta a la votación de las acusaciones constitucionales.