Tras las críticas de la Asociación de Isapres a la Superintendencia de Salud respecto a la metodología de cálculo utilizada por la entidad en el proceso de verificación ordenado por la Corte Suprema, este miércoles la entidad respondió a los cuestionamientos del gremio a través de una declaración pública.
De ese modo, la entidad aseguró que las isapres habían sido informadas de la metodología de cálculo con la cual se iban a realizar las verificaciones. “Es decir, las seis isapres abiertas conocían claramente cómo se realizaría el cálculo y además, tuvieron la posibilidad de presentar recursos de reposición o jerárquicos si no estaban de acuerdo con ésta y no lo hicieron”.
El martes, en su declaración, la Asociación había acusado una merma por $94 mil millones debido a la diferencia entre el 7,6% del tope establecido en marzo y los porcentajes que resolvió la autoridad semanas atrás, para el proceso de adecuación de planes.
En concreto, el gremio apuntó a que “el criterio de cálculo que aplicó la Superintendencia de Salud no es consistente con las variaciones de los últimos tres años en el sistema, ni con la Ley 21.350 que fijó un mecanismo para establecer un tope máximo al alza”.
Ante lo anterior, la Superintendencia de Salud respondió que “señalar que el criterio del cálculo no es consistente con la Ley 21.350 no es correcto, ya que ésta verificación se realizó considerando la metodología utilizada para el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) que es un promedio ponderado de la variación de costos del sistema de isapres, malamente, la Superintendencia de Salud podría haber contrastado, tal como las isapres pretendían, una metodología de cálculo entre variaciones de costos acumuladas con un indicador calculado como un promedio ponderado”.
“Dicho de otra forma, la propuesta planteada por las isapres implica que todas habrían alcanzado verificaciones por sobre el 7.6%”, agregó la entidad.
El descargo de la Superintendencia continúa señalando que no hubo ningún “inexplicable cálculo” por su parte, argumentando que la metodología utilizada se condice con lo establecido por la ley N°21.350.
La entidad añadió que, de haber considerado para la verificación una metodología de cálculo con variaciones acumuladas desde el año 2020 a la fecha, que es lo que, dijo, pretendían las isapres, “era una forma de eludir el cumplimiento de la ley, permitiendo que éstas cobrarán a las personas afiliadas las alza que ya habían sido dejadas sin efecto por el Congreso durante la pandemia”.
Por ello, la Super de Salud acusó que “lo manifestado por la Asociación de Isapres en su declaración no es correcto”, asegurando que el proceso de verificación se realizó cumpliendo los estándares que establecen los fallos de la Corte Suprema y lo que señala el texto legal.
“Respecto de las resoluciones de verificación, tampoco las isapres presentaron recursos administrativos”, continúa la declaración.
Asimismo, la entidad apuntó a que estos “emplazamientos sin fundamentos” no contribuyen ni facilitan el diálogo. “En el centro de nuestra gestión se encuentran las personas, es por ello que continuaremos dando estricto cumplimiento a la ley y, en el marco de nuestras competencias, haciéndola cumplir”, dijeron.
Finalmente, la Superintendencia de Salud apuntó a que es necesario recordar que el proceso de adecuación o alza de precios base descansa en el análisis de cuestiones objetivas “que no dependen del voluntarismo de esta Superintendencia, que las isapres no pueden tener la pretensión que la adecuación se transforme en un salvataje para las isapres, en perjuicio de sus afiliados”.
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