Con la llegada del gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) entró en un periodo de cambios que aún no culminan y se espera que a finales de agosto termine el concurso público que busca al nuevo jefe del servicio.

Hoy a cargo de la institución, que se encarga de velar por el cumplimiento de más de 15 mil Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), se encuentra el abogado Emanuel Ibarra, quien asumió en como subrogante a mediados de marzo. Esto luego que La Moneda solicitara la renuncia del superintendente Cristóbal De La Maza, quien posteriormente se encargaría de aclarar -por medio de un correo electrónico interno a los funcionarios- que su salida no era voluntaria.

Bajo el contexto de cambios, el trabajo de la SMA no ha parado. Durante los últimos meses aumentó fuertemente las multas a las empresas fiscalizadas por incumplimientos ambientales. En efecto, al cierre del primer semestre de 2022 la institución ha cursado multas por 22.062 UTA ($15.422 millones) con 74 dictámenes. Mientras que en igual periodo del año anterior, la entidad presentó 60 dictámenes que sumaron multas por 2.138 UTA ($1.494 millones).

Se trata de un alza de 932% en el monto de las sanciones aplicadas (o más de 10 veces el monto anterior), el cual está asociado al cierre de casos importantes y con infracciones graves o gravísimas. En efecto, durante el primer semestre, la institución por primera vez solicitó la revocación de una Resolución de Calificación Ambiental, como ocurrió en el caso de Nova Austral por el daño efectuado al suelo marino en el Parque Nacional Alberto de Agostin, ubicado en la Región de Magallanes.

Pero sin duda la mayor multa ocurrió en la minería, cuando la SMA el pasado 10 de marzo multó a Minera Escondida Ltda. (MEL), con más de $6.600 millones, tras acreditar el impacto sobre las aguas subterráneas que sostienen el ecosistema en las Vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama, con afectación significativa de éste, configurándose daño ambiental.

Según detalló la SMA, el monto de las multas cursadas a la minería representaron 48% del total efectuado durante la primera mitad de 2022.

En conversación con Pulso, el superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra, quien antes de asumir la subrogación se desempeñaba como fiscal y que actualmente figura en carrera para liderar la institución, explicó que si bien es complejo realizar cambios orgánicos en la estructura del organismo debido a que se mantiene como subrogante, sí ha ejecutado modificaciones en la forma de operar.

“Esos cambios de estrategia están orientados a mejorar la respuesta ciudadana, acelerar los casos con la creación de grupos especializados y también hacer una revisión regional para abordar las temáticas más complejas y atenderlas de una manera más ágil”, acotó el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y Magíster en Evaluación Ambiental y desarrollo de proyectos de la Universidad Finis Terrae (UFT).

Ibarra es docente de postgrado de ambas instituciones. Ingresó a la SMA el año 2013 como abogado del equipo de litigios, del cual posteriormente fue jefe entre 2014-2018. El año 2018 estuvo subrogando como Fiscal de la SMA —debido a vacancia del cargo— y el año 2019 asume el cargo de Fiscal nombrado por Alta Dirección Pública. En marzo de 2022 asume como Superintendente Subrogante. Antes de llegar al servicio público, fue abogado del área ambiental y de litigios del estudio Claro y Cía.

“Nos hemos reforzados en la forma de enfrentar emergencias y contingencias. Eso también ha sido llevando por la crisis que hemos tenido en Quintero y Puchuncaví, donde ya tenemos protocolos y formas de actuar frente a los problemas en cada una de las regiones”, añadió la autoridad.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la que menos recursos y la que cuenta con el mayor número de instrumentos y proyectos debe fiscalizar. A modo de ejemplo, Ibarra sostuvo que la labor de la Superintendencia de Educación es semejante a la que realiza la SMA, pero la primera triplica a la segunda en fondos y en el número de funcionarios.

El superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra explicó que “ruidos molestos” sigue siendo un problema para la institución por la “sobrecarga que genera y es la materia más denunciada”. Históricamente los ruidos molestos representan el 50% de las denuncias que recibe la institución a nivel nacional. Para enfrentar este problema la entidad se ha puesto como meta alcanzar un mayor grado de automatización no sólo en fiscalización, sino que también ahora en los procesos sancionatorios.

“Eso es lo que queremos tener dentro de este año para automatizar el número de casos que vamos sacando, porque en realidad es una gran cantidad de denuncias. En la Región Metropolitana, la categoría de ruidos molestos representan más del 60%, por el nivel de población y porque la pandemia significó que mucha gente esté teletrabajando y se enfrenta a los ruidos del día que antes no lo afectaba”, explicó el jefe del servicio.

“Estamos buscando que se refuerce nuestro presupuesto para poder abordar estas materias en relación a las denuncias que estamos recibiendo”, añadió.

Consultado sobre los avances del procedimiento sancionatorio abierto en contra de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) a raíz de las intoxicaciones masivas que sufrieron niños y adultos en la bahía de Quintero Puchuncaví en la Región de Valparaíso en agosto de 2018, el superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra explicó “fue un proceso complejo, nosotros lo instruimos con ciertos cargos, pero lo tuvimos que reconducir en un momento, porque aparece con la arista penal, el tema del petróleo iraní”.

“ENAP nunca informó a la Superintendencia del Medio Ambiente sus fiscalizaciones. Nosotros no teníamos forma de saber que estaba manejando este tipo de petróleo. Nosotros en virtud de esta arista nueva que aparece, decididos reformular los cargos para redirigir la investigación hacia esas materias. Lamentablemente el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago toma una decisión inédita”, dice y añade que “en primer lugar, acepta un reclamo que nunca había aceptado, contra una reformulación de cargos y dicta una sentencia que le impide a la SMA seguir adelante con la investigación de la arista del petróleo iraní. Por lo tanto, nos deja atados de manos. Nosotros hoy estamos en una etapa de finalización de este procedimiento sólo con los cargos originales y por orden del Tribunal Ambiental de Santiago, nosotros no vamos a poder sancionar aquello que se refiere al petróleo iraní que justamente en los próximos meses tenemos una audiencia de juicio fijada”

¿Uno debiera desprender que la multa o sanción que se le aplicará a Enap debiera ser menor a lo que pudo haber sido si es que hubiese abordado?

Estamos dejando una de las aristas más importantes fuera por la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Los cargos que formulamos igual tienen su gravedad, van a tener la decisión que corresponde cuando terminemos la investigación. Lo que queríamos era darle a la comunidad una respuesta respecto lo que pasó el 2018, y gracias a esta sentencia no la vamos a poder dar completamente. Está planificado la salida de este caso dentro de los próximos meses.