El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, acudió a exponer a los diputados de la Comisión de Constitución los efectos que generarían las tres mociones refundidas que está tramitando dicha instancia para lograr un autopréstamo desde las AFP.

En primer lugar se refirió a la reforma constitucional que fue presentada por los diputados del Partido de la Gente (PDG) Yovana Ahumada, Roberto Arroyo, Karen Medina, Rubén Oyarzo, Víctor Alejandro Pino y el independiente Francisco Pulgar, la cual según cálculos de la Superintendencia podría involucrar como máximo el retiro de US$22.405 millones de los fondos de pensiones.

“Es más que cualquiera de los tres retiros anteriores. En los retiros anteriores en promedio se retiró como US$16 mil millones. Aquí hay US$22 mil millones. Supera a cualquiera de los tres retiros. Esto es un autopréstamo, pero la plata que saldría de los fondos son esas, es como un 13,5% del patrimonio de los fondos a noviembre”, dijo el superintendente.

Esta propuesta de los diputados apunta a que solo trabajadores activos puedan hacer el autopréstamo, y el monto que pueden sacar es el 15% del total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual. Eso, sin tope.

El superintendente hizo una larga presentación sobre los efectos que tendría esa moción. Y al finalizar dedicó unas breves pero tajantes palabras respecto de las otras dos mociones que se tramitan en la instancia, las cuales señalan que todos los afiliados, ya sean cotizantes o pensionados por retiro programado, pueden autoprestarse el 100% del total del saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual. Todo eso sin tope.

Sobre ello, Macías finalizó diciendo que “en el proyecto del 100%, que no lo analizamos, todo lo anterior se multiplica, en este caso prácticamente implica terminar con el pilar contributivo. El proyecto de 100% implicaría desembolsos de US$ 168.559 millones, equivalente al 58,7% del PIB. Esto tendría un impacto sin precedentes en la estabilidad financiera del mercado de capitales”.

Una de esas mociones de autopréstamo por el 100% fue presentada por los diputados René Alinco, María Luisa Cordero, Félix González, Pamela Jiles, Gloria Naveillan y Víctor Alejandro Pino. Y la segunda, por los diputados René Alinco, María Luisa Cordero, Viviana Delgado, Pamela Jiles y Tomás Lagomarsino,

Respecto de la moción que presentó el PDG, Macías dijo que “el proyecto plantea la devolución de fondos a la cuenta del solicitante, sin embargo, no se establece un mecanismo de reintegro ni acciones de cobro. Es bastante improbable entonces que los fondos retornen a las cuentas de las personas”. Además, mencionó que la mocionó “no establece límite de edad para el autopréstamo, desde un punto de vista de quienes están cercanas de pensionarse, va a ser muy difícil que aunque quisieran devolverlo puedan llegar las platas a la cuenta de vuelta para su pensión”.

Además, dijo que “al no haber tope al retiro, quienes más se benefician con este tipo de retiros van a ser sin duda alguna aquellas personas que puedan retirar montos más altos. Además, no van a pagar impuestos”.

Macías recordó que, según lo que plantea esta moción, los afiliados con saldo menor o igual a $1 millón podrían retirar hasta ese monto. Los afiliados con saldo sobre $1 millón e inferior o igual a $10 millones pueden retirar $1 millón. Y los afiliados con saldo superior a $10 millones pueden retirar 15% del saldo.

Sobre ello, el superintendente explicó que esto implicaría que 10.005.689 de afiliados activos podrían hacer algún tipo de retiro. En esa línea, el 33% de las personas (3.356.081 personas) podrían retirar el total de su saldo, siempre que retiren todo lo que pueden. Ellos girarían $369.230 en promedio y $298.498 en mediana.

Otro tercio de las personas (33%, o 3.266.937 personas) retiraría $1 millón, y el otro tercio (34%, o 3.382.671 personas) retiraría el 15% del saldo, sin tope. Estos últimos girarían $4.666.697 en promedio y $3.168.723 en mediana.

También habló del efecto financiero que significaría el proyecto: dijo que para el primer pago, en instrumentos de tesorería chilena,” significaría que en un periodo de tiempo que considera el proyecto, se transarían más de dos veces lo que se transa diariamente en un día en común en le mercado local, o sea, no hay capacidad de absorción de la liquidación de fondos, no hay contrapartes compradoras. Eso es muy complejo”.

Asimismo, planteó que “en el caso de los bonos de empresas y los efectos de comercio es aún peor, se transa 368% de lo que se transa en un día normal en la bolsa, por lo tanto, no habría una contraparte compradora sin afectar los precios. Y lo mismo ocurre con los bonos bancarios, que es un instrumento importante también, 194%. En definitiva, el impacto de liquidación de estos títulos de renta ifja en el mercado local es muy fuerte. Es mucho más de lo que se transa diariamente”.

Por último, dijo que “si se aprueba el autopréstamo, se requiere una venta masiva de activos, no hay ninguna duda, esto implica una caída en el precio de los activos. Esto afectaría no solo a quienes van a retirar, puesto que van a vender a un menor precio que el que lo harían de forma normal, sino también a quienes no lo hacen, porque el precio de los activos bajaría también para quienes permanecen en los fondos previsionales”.

La Superintendencia también hizo un ejercicio sobre el impacto que significaría en pensiones el proyecto del PDG para los futuros pensionados. Para ello, asumieron el porcentaje de autopréstamo máximo que se permite, y que las personas realizan un único autopréstamo.

“Para las y los futuros pensionados se estima el impacto en una muestra de los actuales afiliados que se pensionarán entre 2023-2027″, detallaba la presentación del regulador. Y decía que en el caso de los futuros pensionados, “se asume la disminución porcentual de su saldo después del autopréstamo. Luego, se proyecta el saldo y se calcula la pensión, considerando, además, bono de reconocimiento, bono por hijo y seguro de lagunas. Se supone que las y los afiliados no reintegran los fondos a sus cuentas”.

Bajo este escenario, el regulador calculó que la disminución de la pensión autofinanciada por este autopréstamo implicaría una baja promedio de 16%, con aproximadamente 800 mil pensionados en ese escenario.

“Con el proyecto de ley de autopréstamo, más de 3.356.081 afiliados activos podrían quedar sin saldo, lo que representa un 33% del total de afiliados activos del sistema previsional con saldo a noviembre de 2022″, decía la presentación.

Asimismo, señalaba que “si se suma a los afiliados activos que ya no tienen saldo (1.570.834 personas al 30 de noviembre de 2022), los afiliados activos sin saldo en sus cuentas alcanzarían a 4.926.915 personas, equivalente al 42,6% de ese grupo”.